Las virtudes de los gobernantes, ¿un tema actual?
Ello exige valorar la 'prudencia' en la política y en la elección de los políticos. Por el contrario, considerar un mérito de su ejercicio y de los ejercientes la «astucia», es una peligrosa deformación
Cuando volvemos una vez más a la pesadez de enfrentarnos con una sucesiva cadena de elecciones, con su cansina etapa de discursos preelectorales, conviene no olvidar los muchos acontecimientos ocurridos en España, en lo que se refiere a la prestación de servicios públicos y en la conducta de los correspondientes políticos dirigentes. Y recuerdo que cuando vi por televisión la intervención de la señora representante de los afectados por el luctuoso accidente de ferrocarril en Adamuz, quedé impresionado por la claridad de sus términos, respeto a las personas, ecuanimidad y justeza de su relato y mesura de su emoción incontenible. En medio de sus palabras formuló la siguiente observación: «Hay que ser grandes como personas para ser grandes servidores públicos». Y la irreprochable verdad de esa afirmación, no solo contiene una interpelación dirigida a gobernantes, políticos o funcionarios, sino que vuelve a poner sobre el tapete una cuestión trascendental en el desarrollo democrático de los estados actuales.
Porque la referencia a las «virtudes» de los gobernantes –prudencia y magnanimidad– no es un tema obsoleto, sino que «desde las doctrinas aristotélico-tomistas, pasados por el tamiz de las aportaciones de Marx –como afirma Alasdair MacIntyre, en Ética en los conflictos de la modernidad– nos puede dotar de los recursos necesarios para construir un posicionamiento político contemporáneo que nos permita actuar contra la modernidad desde dentro de ella». Según este autor, la cultura dominante, que es enemiga de aquellas relaciones que se sustentan y son sustentadas por el ejercicio de las virtudes, nos obliga a vivir contraculturalmente, para ser coherentes con aquellas culturas que precisamente, desde los orígenes de la democracia griega, cifraban la completa eudaimonía, felicidad, de la pólis en hacer posible la convivencia mediante el gobierno ético de los prudentes y amantes de la sabiduría. Lo primero que hay que tener claro es lo que queremos decir cuando hablamos de «virtud», que dista de ser esa acepción interesadamente deformada de algo que la IA nos informa que «ha evolucionado para englobar la excelencia moral, la integridad y la capacidad de obrar bien, siendo equivalente al griego areté (excelencia)». MacIntyre dedica un capitulo entero a destacar y explicar la relevancia de las virtudes entendidas en términos aristotélicos y tomistas. Nadie puede negar que ser «justos, valientes, generosos y honestos», son cualidades esenciales de los gobernantes –agentes, como lo llama él– «y por encima de todo en lo tocante a la prudencia».
Josef Pieper, que quizás sea el filósofo que más ha estudiado el conjunto de las virtudes humanas, que son conocidas como cardinales, ha dedicado varios libros al examen de la prudencia que es la primera y más importante. Si queremos resumir en que consiste el hombre virtuoso en su más exacto sentido, bastaría con decir que es aquel que es realista, esto es, que conoce la verdad y pone los medios para su alcance. Sus palabras son estas: «El núcleo y la finalidad propia de la doctrina de la prudencia estriba precisamente en demostrar la necesidad de esta conexión entre el deber y el ser, pues en el acto de prudencia el deber viene determinado por el ser. El moralismo dice: el bien es el deber. La doctrina de la prudencia, por el contrario, dice: el bien es aquello que está conforme con la realidad». Este actuar con realismo puede exigir el uso de la fortaleza, puede exigir incluso correr riesgos, que no es temeridad, cuando sea necesario para alcanzar un bien, como cuando salvar una vida, por ejemplo, suponga arriesgar la propia.
Toda esta disquisición filosófica viene a cuento de la necesaria realización de una actuación ética del Estado. Recordando la antigua tripartición de su actividad, que explicábamos en Derecho Administrativo, de: limitación (policía), promoción (fomento) y prestación (servicio público), para aplicarla a la corrección de sus posibles perversiones: limitación innecesaria de la libertad, mera propaganda, o defectuoso desarrollo de los servicios, exige de los gobernantes que se liberen de cualquier forma de autosugestión o ideología «que los propicien o encubran». Ello exige valorar la 'prudencia' en la política y en la elección de los políticos. Por el contrario, considerar un mérito de su ejercicio y de los ejercientes la «astucia», es una peligrosa deformación. Volviendo a Pieper: «La astucia (astutia) es la más típica forma de falsa prudencia. El término alude a una especie de sentido simulador e interesado al que no atrae más valor que el 'táctico' de las cosas y que es distintivo del intrigante, hombre incapaz de mirar ni de obrar rectamente».
En España hay cosas que funcionan mal o rematadamente mal, pero también hay cosas que funcionan bien. Y conviene que la crítica y los medios de comunicación sirvan de instrumento de objetividad, tanto a la sociedad nacional como a la internacional, para señalar los factores que pueden hacer mejorar las diversas formas de actuación publica mediante la elección de aquellos políticos, actuales o posibles, pertrechados de aquellas virtudes y conocimientos que lo auguren. Y sobre todo una eficaz formación de la sociedad, de cara a elegir a los servidores públicos, no dejándose llevar de aquellas cualidades aparentes que pueden ser adecuadas para la publicidad comercial, sino de aquellas personas que, por su honradez, formación, trayectoria y coherencia, puedan actuar con las virtudes morales que hagan posible «redescubrir la verdad –como dice León XIV en su Encíclica Magníficat Humanítas– como bien común que permita sentar las bases de una comunicación justa».
