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Monseñor Argüello, en el centro, entre los cardenales Cobo y Omella

Monseñor Argüello, en el centro, entre los cardenales Cobo y OmellaCEE

Asamblea Plenaria

Los obispos denuncian la injerencia del Gobierno en la vida civil y los medios

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha afirmado que el Gobierno «manifiesta un deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil». Así lo expresó durante su discurso en la apertura de la Asamblea Plenaria de primavera, en la que –entre otras cuestiones–, abordó la relación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En su intervención, el también arzobispo de Valladolid reflexionó sobre los vínculos con los poderes públicos y señaló que, pese a que el Estado es aconfesional, el Gobierno tiende a adoptar posturas «confesionales» en cuestiones antropológicas. En este sentido, mencionó aspectos como el inicio y el final de la vida, la definición del matrimonio y la familia o el significado de la sexualidad humana.

«Doble vara de medir»

Argüello sostuvo además que el Ejecutivo mantiene una visión «confesional» y selectiva de la historia respecto a las víctimas. A ello añadió que existe un deseo de controlar instituciones que garantizan la división de poderes en el ámbito político y la libre concurrencia en el económico.

Asimismo, señaló la existencia de una «doble vara de medir» en asuntos relacionados con abusos de poder o corrupción, en función de a quién afecten, junto a una intención de influir en los medios de comunicación. No obstante, reconoció que varias de estas características podrían aplicarse a distintos gobiernos, al recordar que «el poder y el dinero son tentaciones muy fuertes».

En este contexto, reafirmó el compromiso de la Iglesia con una colaboración «respetuosa y crítica» con las instituciones, y valoró la cooperación mantenida en los preparativos de la próxima visita del Papa.

En relación con el diálogo reciente con el Ejecutivo, explicó que se han tratado cuestiones como inmigración, vivienda o educación, pero indicó que el interés prioritario del Gobierno ha estado en los abusos a menores en el ámbito eclesial y en la resignificación del Valle de los Caídos. Sobre el acuerdo alcanzado para la reparación de víctimas, defendió que la Iglesia ha querido avanzar situándolas en el centro y abriendo nuevas vías de reparación con la colaboración del Defensor del Pueblo.

También recordó que el acuerdo, firmado el 30 de marzo, incluye el compromiso del Gobierno de atender a víctimas de otros ámbitos, como las de centros de menores. Además, anunció que en la Asamblea se debatirá un decreto general sobre sanciones a clérigos responsables de delitos, al margen de los procedimientos penales correspondientes.

El malestar de Argüello con Bolaños

Argüello expresó su preocupación por la forma en que el Gobierno ha presentado este acuerdo, al considerar que no se han reconocido las reparaciones ya realizadas y que se transmite la idea de que todo comienza ahora. En este sentido, aludió a las declaraciones del ministro Félix Bolaños, quien afirmó que «el Gobierno decide y la Iglesia paga», y recordó que en muchos casos la Iglesia ha indemnizado sin necesidad de imposición judicial o gubernamental.

En cuanto al Valle de los Caídos, hizo un llamamiento a alcanzar un acuerdo «razonable y satisfactorio» entre el Gobierno y la comunidad benedictina, tras las tensiones surgidas por el proceso de resignificación.

Durante su intervención, el presidente del Episcopado también se refirió a la próxima visita del Papa a España, destacando su dimensión espiritual, pastoral y también política en el sentido del bien común. Señaló que se trata de una figura orientada al encuentro y la reconciliación, y pidió un aplauso ante los ataques recibidos recientemente, en alusión a las críticas del presidente estadounidense Donald Trump.

Finalmente, reflexionó sobre los desafíos actuales de la Iglesia, señalando que la «catolicidad» se enfrenta de forma constante a tensiones entre fidelidad y novedad. En este contexto, planteó cuestiones sobre cómo vivir la fe en el momento actual y sobre el papel de la Iglesia en su relación con la sociedad y los poderes públicos, reconociendo que estos debates han estado presentes en los últimos meses dentro de la Conferencia Episcopal.

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