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El documento sobre el Valle de los Caídos firmado por Bolaños y Cobo

El documento sobre el Valle de los Caídos firmado por Bolaños y CoboÁngel Ruiz

La Justicia no invalida «el acuerdo Cobo-Bolaños» sobre la «resignificación» del Valle de los Caídos

Un auto de la Audiencia Nacional no aprecia «falta de competencia» en el cardenal arzobispo de Madrid para firmar ese convenio, lo que permitirá que el Gobierno siga adelante con su proyecto

el acuerdo que firmaron el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones las Cortes, Félix Bolaños, y el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo Cano, el 4 de marzo de 2025 y que establecía unas líneas generales de actuación en el interior de la basílica del Valle de los Caídos es válido, según decretó la Audiencia Nacional en una resolución del pasado 7 de julio y que se ha conocido hoy.

Según el auto, se ha denegado «una medida cautelarísima» que solicitaba Abogados Cristianos, que consistía en la «suspensión inmediata de la ejecución del acuerdo Cobo-Bolaños, así como de cualquier actuación administrativa derivada del mismo (incluyendo el concurso de ideas y obras de intervención, traslados de restos o cambios en la gestión del recinto)».

Pilar Pérez Calvo, en nombre de Abogados Cristianos, había alegado «falta de competencia» del cardenal arzobispo de Madrid para firmar ese acuerdo, algo que han desestimado los magistrados, presididos por Fernando Luis Ruiz Piñeiro: «Los datos que obran en el expediente administrativo no permiten aval en tal sentido», argumentan en su auto.

Más de 30 millones de euros

De todas maneras, siguen en pie varios recursos más, no tanto contra el acuerdo entre el cardenal y el ministro, sino contra el propio proyecto de «resignificación» del Valle de los Caídos. El Gobierno pretende llevar a cabo una obra faraónica estimada en más de 30 millones de euros en la explanada frente a la exedra que da acceso a la basílica, lo que alteraría sustancialmente la estructura del recinto monumental.

El Valle de los Caídos, de hecho, no goza de ninguna catalogación oficial como monumento, ya que la Comunidad de Madrid –a quien correspondería otorgarle ese reconocimiento– ha rehusado hacerlo hasta el momento.

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