Diferencias de precio entre grados universitarios por comunidades autónomas
Educación
Las desigualdades autonómicas en la universidad: 3.600 euros más por el mismo grado
Estudiantes con menos recursos rehúyen las carreras más difíciles por el alto coste de las segundas y terceras matrículas
El elevado coste de la matrícula se ha convertido en un freno a la democratización de la educación superior en España. Cursar los créditos necesarios para completar un grado universitario en un centro público de nuestro país requiere una inversión que fluctúa entre los 3.000 y los 6.600 euros en función de la comunidad en la que se estudie, una cifra que está fuera del alcance de muchas familias y que se ve incrementada de forma notable en el caso de que los estudiantes obtengan algún suspenso.
Cataluña y Madrid son las regiones con el crédito de grado más caro en la primera matrícula, al superar los 26 euros –aunque en el caso catalán, se reducirán un 30 %–, duplicando así el precio fijado en Andalucía (12,60 euros) o Galicia (13,90 euros). Con el propósito de reducir estas diferencias, el Ministerio de Universidades y los gobiernos autonómicos pactaron en mayo de 2020 rebajar el precio máximo por crédito hasta los 18,46 euros, estableciendo el curso 2022-23 como plazo límite para rebajarlo.
Según el Observatorio Social Universitario (OSU), Baleares, Madrid y País Vasco son las únicas comunidades que aún no han dado «ningún paso» para cumplir con la reducción de precios acordada, mientras que otras tres –Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra– siguen sin llegar a la cifra estipulada, pese a registrar disminuciones en los últimos cursos. Cantabria sería la única autonomía que los habría rebajado pese a no estar obligada a hacerlo.
Otra asignatura pendiente es la equiparación de los precios de los másteres habilitantes con los grados, pese a acordarse hace más de un año. Esta plataforma destaca que, a principios de 2022, solo nueve comunidades habían limitado el precio de sus cursos de posgrado, siendo Asturias la única que habría acometido la reducción acordada.
En el fondo de la cuestión está el sostenimiento económico de las universidades, ya que una parte importante de su financiación procede de las tasas que pagan los estudiantes, y el descenso en la cuantía de los créditos «lo han de compensar las comunidades autónomas con sus propios fondos», señala Jorge Sainz, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos.
Ante esta problemática, la directora del OSU, Vera Sacristán, cree que el objetivo de destinar un 1 % del PIB a las universidades de aquí a 2030, que recoge el borrador de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), resulta «loable», pero considera que «los plazos están definidos a muchísimo tiempo» y no resuelve problemas como «la temporalidad o la precariedad de las plantillas, que son acuciantes en este momento».
Terceras matrículas a precio de alquiler
Suspender una asignatura también sale más o menos caro según la comunidad en la que se estudie. Los universitarios de La Rioja deben pagar 611 euros para matricularse por tercera vez en un curso, frente a los 187 a los que tienen que hacer frente los estudiantes gallegos. Asimismo, una cuarta matrícula en Baleares cuesta 700 euros más que la primera, mientras que en País Vasco solo 246 euros más.
«España es una anomalía en el conjunto de Europa, ya que castiga económicamente que un estudiante se matriculara por segunda, tercera o cuarta vez en una asignatura», señala Sacristán, que revela que esta decisión ha provocado que «el estudiantado que tiene un origen social más desfavorecido tienda a evitar las carreras más difíciles por miedo al suspenso».
Un problema de equidad
Y es que Sacristán destaca que, junto al asunto de la temporalidad, la equidad es uno de los grandes 'debe' de la universidad en nuestro país. «La universidad española se ha democratizado muchísimo, pero siguen existiendo enormes desigualdades en cuanto al origen social del alumnado».
«El precio de las matrículas es solo la guinda de lo que los economistas llaman coste de oportunidad: lo que una persona joven pierde como ingresos si, en vez de ponerse a trabajar, se pone a estudiar. Esto no lo resolverá una ley», añade.
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