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25 de abril de 2024

Mujer embarazada mirando la ecografía de su bebé

Mujer embarazada mirando la ecografía de su bebéFreepick

Críticas de todos los sectores

La ley del aborto es «una cortina de humo para desviar la atención de los problemas del Ejecutivo»

A pesar de que este martes el Consejo de Ministros ha aprobado el controvertido anteproyecto de la ley del aborto, en la cual se apoya el aborto en menores de 16 años, la creación de un registro de objetores, la baja para las mujeres, entre otras medidas, muchos son los políticos que critican la nueva reforma de Irene Montero.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que el aborto en menores de 16 y 17 años «debe contar con el consentimiento» de los padres y ha recalcado que si en España la legislación «prohíbe consumir alcohol a una menor de 18 años razonable pedir ese permiso paterno para la interrupción voluntaria del embarazo».
Feijóo ha acusado al Gobierno de sacar a la luz el tema del aborto para no mencionar ni tratar «los problemas» que hay en España y «distraer» hablando de «cosas distintas». Por eso, considera que se ha dado un giro al «cambio de conversación» al «rehabilitar» la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
«El objetivo del Gobierno es que usted y yo estemos hablando de esto, no de la entrega de la cabeza de la directora del CNI o de que en España en este momento el independentismo es el que regula lo que se aprueba o no se aprueba en las Cortes, o que una vez más Bruselas ha dicho que no a la última previsión revisada del crecimiento económico del Gobierno central», ha recalcado el presidente del PP.

Hay que respetar el derecho a la objeción de conciencia de los profesionalesEnrique Ruiz Escudero, consejero madrileño de Sanidad

Según ha denunciado Feijóo, hace mucho tiempo que el Gobierno está «experimentando» este «juego infantil», de forma que «cada vez que hay un problema en España», el Gobierno anuncia «parcialmente algunas cosas que parecen novedosas».
Por otra parte, el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, también ha mostrado su preocupación por el anteproyecto de la ley y ha resaltado que «hay que respetar el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales».
A su entender, los abortos se tendrán que hacer en los hospitales públicos o en las clínicas privadas «siempre y cuando» se respete la objeción de conciencia de los profesionales. «Vamos a ver exactamente cómo queda esa ley. A partir de ahí, nos pronunciaremos con más detalle», ha indicado el titular de Sanidad.
Por otra parte, los grupos parlamentarios del PP y Vox en la Asamblea de Madrid han calificado de «cortina de humo» la medida de acceder a una baja laboral asumida por la Seguridad Social para las mujeres que sufran un dolor incapacitante durante la regla, incluida en la reforma de la ley del aborto del Gobierno.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, el portavoz del PP en el parlamento madrileño, Alfonso Serrano, ha dicho que no va a contribuir a «una cortina de humo», en alusión a esta medida, creada por el gobierno para «desviar la atención» de los «graves problemas» del Ejecutivo como los casos de espionaje a través del CNI, o la «nefasta gestión» de la crisis tras la invasión en Ucrania.
Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, ha señalado que esta medida le parece «indignante» y «perjudica» a las mujeres, ha asegurado que es «propaganda» para esconder que se «rebaja» la edad de 18 a 16 años para el aborto sin consentimiento paterno.
Además, Rosa Díez, cofundadora del UPyd ha publicado en su cuenta de Twitter su contrariedad ala reforma: «Dice Irene Montero que si el Tribunal Constitucional dicta sentencia contra la ley del aborto (doce años esperando…) las mujeres «saldremos a la calle». Es una ministra; el gobierno no cree en la separación de poderes. Es despotismo; y el jefe es Pedro Sánchez»
UPN también se ha mostrado en contra de la polémica ley. «La reforma de la ley del aborto impulsada por PSOE y Podemos para permitir la interrupción del embarazo en menores a partir de los 16 años sin el permiso de sus padres es «un despropósito y una iniciativa fuera de toda lógica y sentido común».
Han explicado que «es incomprensible» y carece de «toda consistencia jurídica» que una chica de 16 años tenga prohibido consumir alcohol, conducir un coche o votar, pero, en cambio, si «pueda abortar sin el consentimiento paterno».
La denuncia al anteproyecto la han resumido en un a pregunta: «Si no se le presupone la madurez o capacidad necesarias para tomar determinadas decisiones que pueden afectar a su salud o para ser sujeto de derechos a la edad de 16 años, ¿por qué sí para abortar y además sin el permiso de sus progenitores?».
El pasado 13 de mayo, la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, se pronunció sobre la propuesta de Igualdad, comentó la nueva ley. «Permítanme que se lo repita con toda claridad, este Gobierno cree y está absolutamente comprometido con la igualdad de género y nunca vamos a adoptar medidas que puedan resultar en una estigmatización de las mujeres», declaró.
La número dos de UGT, Cristina Antoñanzas, también criticó la propuesta de Montero. El pasado miércoles, en una entrevista a la Cadena Ser, aseguró que esta medida podía hacer un «flaco favor a las mujeres al estigmatizarlas».
«Hay que hacer matizaciones, porque estigmatizar otra vez a las mujeres porque tengamos la baja por tener la regla (hay que hablarlo así de claro) es poner otra vez el foco sobre nosotras», dijo la vicesecretaria general del sindicato, que defiende que si una mujer no se encuentra bien y no puede acudir a trabajar «tiene que ser un facultativo quien decida si tiene esa baja por enfermedad, sea la razón que sea».
«Vamos a llegar a un punto en el que te pregunten en una entrevista de trabajo si te duele la regla», criticó la dirigente sindical, partidaria de que los dolores asociados a la menstruación no se distingan por ley porque «deberían ser lo mismo que un dolor de brazo», comentaba.
Antoñanzas anunció que se trata de un tema «complejo», que requiere de que «los diagnósticos que se realizan en la sanidad tengan una perspectiva de género». Por ello, ha pedido precaución y sentido para «no estigmatizar otra vez a las mujeres».

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