Los avicultores exigen en Madrid el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria
El drama del sector primario
La ruina de los avicultores porque el Gobierno no cumple la ley de la cadena: «Pierdo mi medio de vida»
Alexis Codesal, avicultor, a El Debate: «En las últimas cuatro crianzas no he cubierto gastos y he acumulado una deuda de veinte mil euros con el banco»
«El 13 de octubre dejé de pagar al banco y pierdo la granja y mi medio de vida. Desde marzo llevo luchando con una situación completamente insostenible. He aguantado 8 meses a perdidas y ya no he podido más». Son las palabras de Alexis Codesal, avicultor en Calzada del Coto (León).
2022 está siendo muy duro para el sector primario. Las secuelas de la covid, la sequía, la invasión de Ucrania y el consiguiente aumento de los precios de la electricidad y los combustibles. Todo ello, con la inacción de un Gobierno que, según denuncia Codesal, está más preocupado de que los precios no suban para que no lo haga el IPC.
«En las últimas cuatro crianzas, no he cubierto gastos y he acumulado una deuda de veinte mil euros», asegura. Y mientras esto ocurre, el Ejecutivo no aplica la ley de cadena alimentaria: «Es una ley diseñada para defender al más débil, si se aplicara. Parecemos los esclavos del siglo XXI porque estamos sometidos, ya que el que no acceda al sistema marcado por la integradora se queda fuera de juego», resume.
Los avicultores exigen en Madrid el cumplimiento de la ley de cadena alimentaria
Movilización frente al Congreso
Los avicultores propietarios de explotaciones familiares han dicho basta y esta semana se han movilizado frente al Congreso de los Diputados.
Si los ingresos no compensan los gastos, «es imposible seguir con la producción» de la carne de pollo. Los criadores de pollo y pavo llevan meses denunciando que sus instalaciones están en una situación «de quiebra técnica». Se sienten, añaden, parte del eslabón más débil.
Codesal, pese a haber echado el cierre a su granja, continúa ejerciendo de manera altruista como presidente de la plataforma 'Defiende tu avicultura'.
«Cuando se habla de macrogranja se hace para denostarla como si esto fuera algo mastodóntico donde hay animales esclavizados, cuando en realidad mi granja solo la llevaba yo. Son negocios familiares que no tienen capacidad fáctica para renegociar los contratos».
A continuación, expone la asfixia a la que le somete el sistema de las integradoras: «Hay una empresa muy grande que se llama la integradora, que contrata nuestras labores de cría y engorde a autónomos que somos propietarios de explotaciones agrícolas. Ellos nos suministran el pienso, la atención veterinaria y se encargan de la retirada de esos animales o su comercialización. Nosotros asumimos los gastos más caros como la luz, el combustible y el gas, y es muy importante que se mantengan en los mismos niveles para no perder calidad».
¿Habrá desabastecimiento?
Una de las consecuencias de esta situación es que se está reduciendo la producción de carne de pollo, ya que cada vez hay más explotaciones que están comunicando a sus integradoras la imposibilidad de seguir criando aves. «Esto puede derivar en desabastecimiento».
«Si el gas sigue subiendo este invierno, las granjas no seguirán criando y van a cerrar más. Las grandes superficies ejercen mucha presión, porque por ejemplo Mercadona vende el 50 % del pollo en España, a las integradoras, que a su vez se quedan con todo lo que pueden y nosotros recibimos muy poco. Es imposible cubrir todas las necesidades y los países de nuestra zona lo buscarán fuera».
Por ello, Europa ha abierto las puertas al pollo de Marruecos. Los productores españoles sostienen que «durante años» la carne marroquí no reunía las condiciones sanitarias básicas.
Fuentes del sector consultadas por El Debate entienden que no les cuesta imaginar que tras esta medida –decidida en Bruselas– esté el hecho de que las «industrias quieran asegurarse el suministro de pollo si los bajos precios terminan por hundir a los granjeros españoles».
Nuestro interlocutor añade: «Un eurodiputado de Vox, que sí nos recibió, nos comentó que esa decisión se basó en un informe que no era público tras un viaje de autoridades europeas a Marruecos. La votación también ha sido secreta y no sabemos por ejemplo, qué ha votado cada partido y cada país. Así, perdemos soberanía sobre la proteína más consumida en España y la que menos impacto medioambiental tiene».
Codesal, que asegura que volverá a su Asturias natal para seguir buscándose la vida, entiende que perder la autonomía en materia alimentaria es un muy mal negocio en el caso de que sobrevenga otra pandemia como la del coronavirus. «Ya vimos durante esa etapa lo que significaba no tener gel hidroalcohólico, guantes y mascarillas. Si nos faltara la comida, no quiero ni imaginar».
Ley de la cadena alimentaria
La citada concentración de avicultores se hizo frente al Congreso de los Diputados porque fue allí de donde salió la ley de la cadena alimentaria, que sobre el papel, busca una relación más justa entre agricultores, ganaderos, industria y distribución.
La ley inicial fue aprobada en 2013 con Miguel Arias Cañete (PP) como ministro de Agricultura. En 2021, se aprobó en la Cámara Baja las modificaciones a un texto que demandaba cambios ya que Bruselas modificó su regulación para toda la UE.
El texto es un marco de buenas prácticas entre los actores que intervienen en la cadena, buscando lograr a través de la regulación mayor transparencia en la fijación de precios y la protección de los eslabones más débiles, como pequeños agricultores y ganaderos. Además, trata de poner coto a prácticas consideradas anticompetitivas.
La ley inicial fue aprobada en 2013 con Miguel Arias Cañete (PP) como ministro de Agricultura. En 2021, se aprobó en la Cámara Baja las modificaciones a un texto que demandaba cambios ya que Bruselas modificó su regulación para toda la UE.
El texto es un marco de buenas prácticas entre los actores que intervienen en la cadena, buscando lograr a través de la regulación mayor transparencia en la fijación de precios y la protección de los eslabones más débiles, como pequeños agricultores y ganaderos. Además, trata de poner coto a prácticas consideradas anticompetitivas.
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