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24 de abril de 2024

Área de urgencias en el Hospital Can Misses de Ibiza

Área de urgencias en el Hospital Can Misses de IbizaEuropa Press

Hablamos Español reclama que se señalice en castellano en la sanidad pública

Las Consejerías de Sanidad de Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia siguen negándose a respetar la cooficialidad lingüística

La asociación Hablamos Español continúa su guerra contra varias comunidades autónomas por no respetar la cooficialidad lingüística de los territorios y marginar al castellano.
El último movimiento de la plataforma ha sido presentar un recurso de alzada antes de recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) para reclamar que se haga efectivo su requerimiento de que se señalice en castellano en la sanidad pública balear.
La asociación ha explicado que «el problema de la imposición lingüística» que existe en todas las comunidades autónomas con cooficialidad no se limita al ámbito educativo, sino que se extiende a todos los sectores, también al administrativo.
En este punto, consideran que el de la administración sanitaria es «el más grave, por lo sorprendente, entorpecedor y absurdo que supone eliminar una lengua oficial y hablada en toda España», de la señales y documentos en un ámbito que afecta a la salud.
Según han recordado, en octubre de 2022 se inició una campaña administrativa para reclamar a la Conselleria de Salud y Consumo para «devolver» el castellano a la señalización y la documentación de los hospitales y los centros del salud del archipiélago. Hablamos Español inició también procedimiento administrativo ante las consejerías de Sanidad de Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana para exigir que esa inclusión del castellano en la señalización, documentación y campañas de sus hospitales y centros de salud.
Una vez transcurridos los tres meses preceptivos desde el inicio del procedimiento y ante la negativa de la Conselleria de Salud a respetar la cooficialidad lingüística, se ha recurrido en alzada para llegar en breve al TSJIB y que sea «la Justicia de lo contencioso administrativo la que dilucide sobre los fundamentos jurídicos aportados, que se basan en la Constitución española, en doctrina del Tribunal Constitucional y en Tratados internacionales».
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