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29 de marzo de 2024

Varias pancartas durante una protesta contra la Ley del Bienestar Animal en Madrid

Varias pancartas durante una protesta contra la Ley del Bienestar Animal en MadridEuropa Press

«Muchas tiendas de mascotas tendrán que cerrar por la ley de bienestar animal»

Josep Arnas, secretario general de ASAC, estima que la venta de perros y gatos representa en torno al 30 por ciento de la facturación

La ley de bienestar animal, que entrará en vigor alrededor del mes de septiembre, trae consigo las posiciones contrarias de varios colectivos, entre los que se encuentran muchos veterinarios –que denuncian que no se ha contado con su opinión–, los colectivos de la caza y los propietarios de tiendas de animales.
Junto a todos ellos, los dueños de mascotas también notarán los cambios, ya que se introducen novedades tales como la obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad civil, la esterilización e identificación mediante un microchip de los gatos y la obligatoriedad de comunicar a las autoridades la posesión de especies prohibidas, aquellas que no estén en el llamado listado positivo que aún no se ha hecho público.
Pero la prohibición de la venta de perros, gatos y hurones en las tiendas de animales es la medida que más ha dolido a los propietarios de este tipo de establecimientos. Aunque tienen un año para adaptarse y dejar de comercializar estos animales, el sector teme la ruina.
Josep Arnas, secretario general de la Asociación del Sector del Animal de Compañía (ASAC), es tajante al afirmar a El Debate que la mayoría de este tipo de tiendas «tendrá que cerrar», ya que la venta de perros y gatos «supone en torno al 30 por ciento de su facturación». Además, Arnas advierte que esto va a provocar un «incremento de las ventas ilegales» algo que, según comenta, ya experimentó Austria en 2009 y cuatro años después tuvieron que rectificar «porque había aumentado esa venta ilegal de animales».
El secretario general de ASAC reivindica, por tanto, el papel de las tiendas de mascotas, ya que «es el comercio más registrado, inspeccionado y controlado y hace una función de intermediación entre el comprador y el vendedor». Añade que realizan también una función de asesoramiento sobre qué raza es la que más se puede adecuar a un dueño en concreto, además de acercar al interesado a su domicilio el animal que desea. «Esto va a complicar la compra de ciertas razas, puesto que pasará a ser a través de internet o teléfono y el consumidor no tendrá referencias del criador. Se pierden una cantidad de garantías brutales», sentencia.

«Nos va a hacer mucho daño»

La prohibición de la venta de perros, gatos y hurones no es la única que tendrán que afrontar los establecimientos especializados. Estos también comercializan otros animales que se podrán ver afectados cuando se publique el listado positivo, que regulará qué mascotas estarán permitidas en España. Arnas resume la situación lanzando un ataque al Gobierno: «Esta ley esta promulgada por alguien que no cree que los humanos deban tener animales de compañía ni que se puedan comerciar».
Según el texto, cualquier reptil de más de dos kilos será considerado peligroso, por lo que Arnas subraya que una tortuga de dos kilos «será considerada como un riesgo», algo que considera demencial. «Nos van a hacer mucho daño y la venta ilegal se va a disparar».
En cuanto a la negociación con el Gobierno, Josep Arnas asegura que no se ha contado con ellos para la redacción de la norma y agrega que han solicitado varias entrevistas con Sergio García Torres, Director General de Derechos de los Animales, sin que hayan obtenido respuesta alguna. «Dijo que iba a dimitir si los perros de caza no se incluían en la ley y ahí sigue».
En resumen, desde la ASAC creen que este nuevo texto «no hacía falta», ya que muchas de sus medidas ya eran de obligado cumplimiento en todas las comunidades autónomas: «Si se hiciera cumplir lo que ya existía, no haría falta una ley nueva». Según Arnas, todo esto supone una estrategia política, y pone como ejemplo la exclusión de los perros de caza. Cree que, de haberse incluido en la norma, el PSOE habría perdido millones de votos en Castilla y León y Castilla-La Macha, motivo por el cual finalmente se quedaron fuera. «Aquí solo funciona el voto», concluye con resignación.
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