Bomberos junto a la vivienda afectada por un incendio
La Alianza Civil contra el Fuego urge una reforma integral de la normativa de protección contra incendios en edificios
El manifiesto propone medidas concretas de protección activa y pasiva, alertando del riesgo creciente por el uso de materiales combustibles en fachadas de edificios de gran altura
La Alianza Civil contra el Fuego, integrada por seis organizaciones del ámbito técnico, vecinal, de consumidores y de municipios rurales, ha presentado en Madrid un manifiesto en el que reclama una revisión inmediata de las medidas de protección contra incendios en los edificios. La alerta llega en un momento en que los siniestros en fachadas se han multiplicado por siete en las últimas tres décadas y las víctimas mortales en viviendas siguen aumentando.
En la presentación del manifiesto participaron representantes de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), la Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Aislantes (AFELMA), la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Asociación Española de Municipios de Montaña (esMONTAÑAS). Todos ellos coincidieron en la urgencia de mejorar la seguridad en el parque edificatorio español.
Gabriel Muñoz, director-gerente de APTB, insistió en la necesidad de medidas eficaces como la instalación obligatoria de detectores de humo en viviendas. «No solo debemos evitar muertes, también hay que reducir los daños materiales. Para ello, la formación ciudadana y profesional es fundamental», explicó.
Desde el plano social, Jorge Nacarino, presidente de la FRAVM, recordó que los barrios más vulnerables son también los más expuestos. «Las personas que sufren pobreza energética son quienes más riesgo corren, y mejorar su seguridad debería ser una prioridad política», afirmó.
Miguel Gracia, presidente de esMONTAÑAS, puso el foco en los entornos rurales, donde las diferencias con los ámbitos urbanos se están diluyendo. «Las segundas residencias o los alojamientos turísticos también enfrentan peligros reales en caso de incendios forestales cercanos», advirtió.
La OCU, por su parte, señaló la falta de transparencia y la obsolescencia normativa. «Muchos edificios de uso público no cumplen ni con las medidas mínimas. Además, los usuarios no reciben información clara sobre las condiciones de seguridad de los inmuebles que habitan», denunció Enrique García, portavoz de la organización.
Propuestas concretas para mejorar la protección
Entre las medidas planteadas por la Alianza se encuentran la reforma del Código Técnico de la Edificación para exigir materiales no combustibles en fachadas, la instalación de puertas cortafuegos, campañas de formación ciudadana en prevención, y la implantación de sistemas inteligentes de alerta temprana. También se propone establecer planes de evacuación específicos para colectivos vulnerables y reforzar la protección de edificios en áreas próximas a masas forestales.
Mónica Herranz, secretaria general de AFELMA, cerró el acto con un mensaje directo: «Debemos construir edificios seguros, eficientes y confortables, sin comprometer la vida de las personas». La Alianza ha abierto su manifiesto a la consulta pública, y ha ofrecido su colaboración a las instituciones para avanzar hacia una normativa más ambiciosa y eficaz.
