Dos ministerios prohíben en Alemania el lenguaje inclusivo: «El lenguaje debe unir, no dividir»

El lenguaje inclusivo está a la orden del día. Cada vez más gobiernos de izquierdas intentan imponerlo en la sociedad. En España, ya es más común ver en el hemiciclo a políticos que hablan de «todos, todas y todes», en vez de usar, como se ha hecho siempre, el genérico. No satisfechos con el resultado, cada vez aparece en más libros de texto o revistas culturales. Un antagonista de nuestro país es Alemania. En el último mes, dos Ministerios han decidido prohibir su uso en comunicaciones oficiales.

No es la primera vez que el país germano decide hacer algo así. El veto a este lenguaje moderno comenzó en 2024, cuando el estado de Baviera apostó por eliminar el lenguaje inclusivo de los centros escolares y universitarios y de las administraciones públicas.

El siguiente paso lo dio el pasado mes de julio el Ministerio de Educación y Familia, que ordenó a todo el territorio a no usar esta terminología en comunicaciones oficiales. Además, pidió «respetar las reglas tradicionales de la ortografía alemana». Para ello, los ciudadanos y trabajadores tuvieron que dejar de lado normas como el Gender-Sternchen (asterisco de género) y el Binnen-I (mayúscula interna comúnmente utilizadas para representar distintas identidades de género).

Ahora, un mes después de la decisión de la ministra Karin Prien, perteneciente a la Unión Demócrata Cristiana (CDU), el siguiente en coger el testigo ha sido Wolfram Weimer, ministro de Estado de Cultura del país. Al igual que su compañera, ha vetado el uso de fórmulas inclusivas en cualquier documento oficial de su departamento. Solo valdrá las normas establecidas por el Consejo de Ortografía Alemana, entre ellas, afirma Infocatólica, el Sehr geehrte Damen und Herren (damas y caballeros).

Por orden del ministro Weimer, esta nueva norma la deben cumplir los 470 empleados que trabajan para el Ministerio para reforzar la «claridad y la unidad del lenguaje». En este sentido, el político ha recordado a la ciudadanía que «el lenguaje debe unir, no dividir» y que «el género forzado no refleja cómo habla la mayoría de la población».

Asimismo, ha instado a instituciones financiadas con fondos estatales –como museos, galerías o televisiones públicas– a abandonar el uso del lenguaje inclusivo, algo que no le ha parecido bien a algunos, que afirman que esta medida limita «la autonomía lingüística».

Mientras países europeos comienzan a dar marcha atrás en decisiones polémicas, España rema, una vez más, a contracorriente. El Gobierno de Pedro Sánchez, así como sus ministros, recomiendan y animan a la población e instituciones a usar este tipo de términos para que nadie se sienta discriminado. De hecho, tal es su empeño, que desoyen a la Real Academia Española, institución que ha alertado más de una vez del problema de usar el lenguaje inclusivo.