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El 72 % de las mujeres evita tener hijos por miedo a represalias laborales

El estudio revela que mientras el Gobierno defiende públicamente políticas feministas, «permite que las mujeres sean perseguidas profesionalmente por el simple hecho de dar vida»

El Instituto de Política Social (IPSE) ha presentado este miércoles el Informe Mobbing Maternal 2024, un documento que describe un panorama «extremadamente grave y moralmente intolerable» sobre el acoso laboral que sufren en España miles de mujeres embarazadas y madres trabajadoras. El organismo advierte de que este fenómeno se ha convertido en uno de los motores del desplome de la natalidad, situando al país en un escenario de «riesgo demográfico sin precedentes».

El informe, elaborado a partir de datos estatales y encuestas directas, señala que el acoso laboral relacionado con la maternidad muestra una tendencia claramente creciente. Según los resultados, una de cada cinco mujeres embarazadas asegura haber sufrido hostigamiento en su entorno laboral, mientras que un 32 % de las madres jóvenes afirma haber recibido amenazas o presiones por parte de sus superiores.

También aparece una proporción significativa de mujeres con reducción de jornada por maternidad que denuncian represalias, y una parte notable de contratos temporales que, en el caso de trabajadoras embarazadas, no llegan a renovarse. A ello se suma un incremento cercano al 30 % en las bajas psicológicas entre mujeres de 25 a 39 años, así como el testimonio de más de la mitad de las madres, que considera que tener hijos perjudicó de manera directa su desarrollo profesional. El dato más inquietante, según el IPSE, es que el miedo a represalias laborales lleva al 72 % de las mujeres a evitar la maternidad.

Durante la presentación del informe, el presidente del IPSE, Pablo Hertfelder García-Conde, ha subrayado que estos datos representan «una forma de violencia social sistemática contra las madres». Asimismo, ha afirmado que España «presume de igualdad mientras expulsa y castiga» a las mujeres que deciden tener hijos y ha advertido de que, si cualquier otro colectivo sufriera un nivel similar de discriminación, la respuesta social sería inmediata.

Al hilo, Hertfelder ha sostenido que existe una «hipocresía institucional profunda», ya que, mientras el Gobierno defiende públicamente políticas feministas, «permite que las mujeres sean perseguidas profesionalmente por el simple hecho de dar vida».

Para el presidente del Instituto, el problema tiene raíces estructurales. Asegura que no se trata de situaciones aisladas, sino del resultado de un sistema laboral que falla de forma generalizada, con empresas que discriminan, sindicatos que no actúan y unas administraciones que, según afirmó, miran hacia otro lado. En este contexto, ha aseverado que el efecto es devastador, ya que millones de mujeres renuncian a ser madres por miedo a perder el empleo.

El IPSE recuerda que España atraviesa su mínimo histórico de nacimientos y advierte de que el mobbing maternal afecta no solo a las mujeres, sino al futuro demográfico del país. Hertfelder fue contundente al señalar que «un país donde el 72 % de las mujeres teme tener hijos es un país sin futuro».

Ante la gravedad de la situación, el Instituto reclama la puesta en marcha de una Ley Integral de Protección de la Maternidad, un sistema de sanciones verdaderamente disuasorias para las empresas que incurran en prácticas de acoso, inspecciones laborales con capacidad real de intervención, un blindaje efectivo frente al despido y cualquier forma de represalia, así como el reconocimiento del mobbing maternal como una forma de violencia laboral grave con consecuencias penales.

El organismo, fundado en 2019 y con Estatus Consultivo Especial ante el ECOSOC de Naciones Unidas, insiste en que este fenómeno «destruye familias, proyectos de vida y el futuro demográfico de España».

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