Filtran un informe que acusa al Gobierno del Reino Unido de conspirar en secreto para aprobar la eutanasia

La diputada laborista, Kim Leadbeater, no va a parar hasta ver su ley de la eutanasia aprobada. Tras varios intentos, la norma que busca acabar con la vida de ciudadanos británicos en el Reino Unido aún está paralizada. Sin embargo, podría ser por poco tiempo, ya que, según informa The Guardian, se ha filtrado un informe de los laboristas, el cual ha suscitado serias dudas sobre la neutralidad del Gobierno de Starmer respecto a esta polémica legislación.

El conocido como Proyecto de Ley sobre Adultos con Enfermedades Terminales, que fue redactado en noviembre de 2023, mientras el Partido Laborista aún estaba en la oposición, comenzó a discutir la introducción de la eutanasia mediante un proyecto de ley de iniciativa parlamentaria. Tras varias sesiones, ahora está en la Cámara de los Lores, donde varios políticos han calificado el proyecto como «profundamente peligroso y defectuoso».

El mencionado proyecto parlamentario resultaba atractivo para los laboristas, ya que, además de presentar la votación como «libre», daba a los ministros la posibilidad de orientar la norma para que saliera como ellos mismos querían sin tener que asumir la responsabilidad política de impulsarla. Por eso lo presentó Leadbeater. De este modo, podían influir en el resultado final y, al mismo tiempo, desvincularse de las críticas que pudiera generar.

El documento proponía limitar la elegibilidad a adultos con enfermedades terminales, plenamente conscientes y con un pronóstico de vida inferior a seis meses, una definición muy similar a la del proyecto de ley Leadbeater que actualmente se debate en la Cámara de los Lores, afirma la Society for the Protection of Unborn Children, que accedió al documento del medio británico.

Desde que se anunció que se iba a decidir el futuro de la eutanasia, las miradas estaban puestas en Keir Starmer. Sin embargo, nunca se supo, puesto que Downing Street se niega a revelar las decisiones del primer ministro británico. Ahora, la filtración realizada por The Guardian sugiere que, a pesar de que el Gobierno ha insistido en su neutralidad, proporcionó apoyo técnico para garantizar «la viabilidad del proyecto de ley».

Asimismo, el documento revela que el Partido Laborista ya planteaba con bastante anticipación cómo «moldear y dirigir la legislación» en sus etapas de tramitación parlamentaria. Además, señalan desde la Society for the Protection of Unborn Children que trabajaron junto con grupos de presión y funcionarios.

Esta propuesta de ley no gusta. Fuentes laboristas en contra de la eutanasia han descrito el plan de su compañera como «un proceso en la sombra», desarrollado al margen del manifiesto y «sin consultar a los diputados ni al partido en general». Por su parte, la oficina de Leadbeater ha negado el caso y la existencia de una coordinación previa y sostiene que las decisiones políticas han sido exclusivamente suyas y de Lord Falconer, otro miembro del Partido Laborista.

Varios políticos en contra de la norma

Desde que salió a la luz el proyecto, varios miembros de las cámaras han rechazado su aprobación. Una de ellas es la ex primera ministra y baronesa Theresa May, quien ha advertido que podría introducir una «licencia para matar» en el país. En la misma línea, el barón Lord David Frost ha señalado que la norma desmantelaría parte del sistema ético heredado al permitir que el Estado partícipe en «el asesinato» de personas inocentes a solicitud propia.

Por su parte, el barón John Deben ha asegurado que el proyecto de ley fue tratado «inadecuadamente» por la Cámara de los Comunes. Además, ha advertido que con esta norma se otorga al Estado «el poder para matar». Como ejemplo, mencionó que una persona enferma podría ser presionada por su familia para recurrir a la eutanasia y así quedarse con sus bienes.

Otro opositor, el barón Patten, ha señalado que la norma está muy mal planteada, pues cualquier ciudadano de Inglaterra o Gales podría verla como «la solución por defecto contra el sufrimiento».

También están en contra algunos laboristas. Una de ellas es la diputada Naz Shah, que ha denunciado que con esta norma las personas que lo avalan están permitiendo que los pacientes de anorexia mueran eutanasiados, ya que con esta enfermedad existe un gran «vacío legal», por lo que considera que el texto «no es seguro».