Mónica García y la izquierda callan con el escándalo de las vacunas en la sanidad vasca

El pasado martes, el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza reconoció que había administrado vacunas caducadas «recientemente» a 253 personas, la mayoría bebés. Esto, según ellos, «no conlleva ningún tipo de afección en la salud ni efecto adverso», pero revela un fallo considerable del servicio que afecta a cientos de familias.

El caso fue denunciado por Bildu, que registró una iniciativa parlamentaria dirigida al consejero de Salud, Alberto Martínez, en la que informaba de que se habían administrado vacunas caducadas a «decenas de niños». El Servicio Vasco de Salud ha detallado que estas dosis se habían administrado a 253 personas, la mayoría bebés, en 12 OSIs (organizaciones sanitarias integradas), de las 13 que hay en País Vasco, es decir, en casi todo el territorio.

A lo largo de la semana, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco identificó otros dos tipos de vacunas caducadas que habrían afectado a 78 potenciales pacientes. Se trata de dos nuevas incidencias, una primera relacionada con la vacuna tetravalente (difteria, tétanos, tos ferina y poliomielitis), que podría afectar a 49 pacientes, y una segunda con la triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis), con 29 casos potenciales, todos ellos sin riesgo de efectos adversos para la salud de las personas afectadas.

El Gobierno Vasco ya ha anunciado que revacunará a «probablemente menos de 30» afectados por los sueros caducados de la vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomelitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B), y no las 103 que Osakidetza había previsto revacunar.

Finalizada esta polémica–aunque a expensas de que puedan aparecer más casos como este–, cabe destacar el mutismo del Ministerio de Sanidad de Mónica García. La actuación de la cartera que dirige la política de Más Madrid fue muy beligerante con las comunidades del Partido Popular que cometieron errores sanitarios, como es el caso de Andalucía con los cribados del cáncer.

Tras este fallo, García impulsó la revisión de los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix, solicitando datos a las comunidades autónomas y generando tensión con las regiones populares.

Lo mismo ocurrió con lo que la ministra llama «derecho al aborto», llevando incluso a la Comunidad de Madrid a los tribunales por no elaborar el registro de médicos objetores de conciencia. García calificó la postura de la región como «deriva ultra» y acusó al gobierno de Ayuso de dificultar el acceso al aborto.

Suavidad con sus socios de legislatura

¿Pero qué ha dicho la ministra a raíz de esta polémica en la que más de 200 bebés han recibido vacunas caducadas? Nada. Sanidad no ha emitido ninguna valoración ni ha pedido a todas las comunidades los listados de vacunas inoculadas para comprobar que este fallo no se ha producido en otros territorios.

Este doble rasero se puede deber al hecho de que el Gobierno Vasco está dirigido por Imanol Pradales, del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y en cuyo ejecutivo hay cinco consejeros socialistas. Como bien se sabe, el PSOE es el socio de coalición de Sumar –movimiento por el que se presentó Mónica García– y el PNV es socio prioritario de Moncloa, sin el cual no podrían haber sacado adelante muchas de sus medidas en el Congreso.

Por ello, se intuye que García ha optado por callar ante este gran error de la sanidad vasca. ¿Qué habría pasado si esto hubiese ocurrido en la Comunidad de Madrid o en Andalucía? Con toda seguridad, la reacción de Sanidad habría sido diferente, puesto que García se ha acostumbrado a utilizar su posición de ministra para atacar constantemente a sus rivales políticos, con especial énfasis en Isabel Díaz Ayuso debido a que tiene el ojo puesto en las elecciones a esta región a las que, salvo sorpresa, se volverá a presentar.