Sánchez cuela una trampa en su nueva ley de redes sociales: «Esto sí es peligroso y preocupante»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que su Ejecutivo está preparando una norma para prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años e implantar varias medidas para perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos «de odio e ilegales».

En primer lugar, el Gobierno propondrá una reforma del Código Penal para que los directivos de las plataformas digitales puedan ser considerados penalmente responsables de las infracciones cometidas en sus servicios, en particular cuando incumplan una orden de retirada de contenidos ilícitos. Esto implica que altos ejecutivos de empresas tecnológicas podrán responder penalmente por la inacción deliberada ante este tipo de contenidos.

Por otro lado, el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez prohibirá el acceso a redes sociales a los menores de 16 años, siguiendo los pasos de otros países como Francia y Australia. Además, las plataformas estarán obligadas a implantar sistemas efectivos de verificación de edad, que vayan más allá de simples declaraciones formales, garantizando barreras reales y eficaces.

La reforma también introducirá un régimen de responsabilidad penal específico para los responsables últimos de las plataformas, como el CEO y fundador de Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp) Mark Zuckerberg; el propietario de X, Elon Musk; o el CEO de TikTok, Shou Zi Chew..

Según ha explicado Miguel Recio, profesor de Ciberseguridad en la Universidad CEU San Pablo, a El Debate, la aplicación práctica de esta medida «va a ser muy compleja, incluso en lo relativo a qué información estamos analizando, si información disponible en España o la información que utilizan estas redes sociales en otros países del mundo».

Asimismo, ha desarrollado la complejidad de esta normativa ya que, asegura Recio, cree «que ni el propio Gobierno sabe cómo lo va a hacer»: «¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner normas a Estados Unidos o es la responsabilidad de directivos de una plataforma en España, que al final tienen que responder penalmente de lo que hace la plataforma?», se pregunta.

La trampa en la ley

Además, el Gobierno desarrollará un sistema denominado «Huella de Odio y Polarización», destinado a rastrear, medir y hacer visible cómo las plataformas digitales fomentan la polarización social y amplifican el odio. El objetivo, según Moncloa, «es transformar un fenómeno hasta ahora opaco en un elemento cuantificable y evaluable, generando un ranking de peores a mejores plataformas en relación con la presencia de odio y polarización en las mismas».

Según la ha calificado Elena Ramallo, doctora en Derecho, esta es, precisamente, «la trampa» que ha utilizado el Gobierno para controlar el discurso en las redes sociales. «Esta parte sí que es preocupante y peligrosa. Porque el Gobierno lleva tiempo trabajando en controlar el discurso de odio, en todo lo que es el control de las redes un poco en la línea de Europa. Es decir, controlar las redes para que no haya disidencia», ha alertado en conversación con este periódico.

Además, el peligro de esta medida es que «parece que va a ser el propio Gobierno quién defina qué es odio y qué no», asegura Ramallo. «Que hay que hacer algo, sí. Pero el cómo es lo complicado. Estas ocurrencias de los políticos de 'vamos a legislar'… Mira, hay que hacer estudios, ver qué se puede hacer y cómo. El problema está detectado, pero el cómo es mucho más complicado que sacar un decreto. Para hacer una ley tienes que estudiar el escenario y ver qué es realmente viable, porque puedes aprobar muchos artículos que luego no sirven para resolver el problema», lamenta.

Por otro lado, Miguel Sánchez Galindo, presidente de la asociación DigitalEs, ha valorado positivamente en conversación con El Debate esta nueva medida gubernamental, aunque primero «tenemos que ver el texto definitivo y cómo se va a tramitar, previsiblemente la semana que viene».

«En cuanto al acceso a redes sociales y plataformas, entendemos que es necesaria esta regulación, siempre que exista un consentimiento expreso de la familia para los menores de edad, mayores de 14 años», ha señalado Sánchez Galindo.