Sánchez pretende equiparar el aborto con el derecho a paro, el «acceso a la cultura» y el fomento del deporte

El Gobierno de Pedro Sánchez ha acelerado para incluir el aborto como un derecho en la Constitución. A pesar de que no cuenta con los votos para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (necesita 176), aspira a modificar la Carta Magna, para lo que hacen falta, como mínimo, el respaldo de 210 diputados.

En líneas generales, la intención del Ejecutivo es añadir un nuevo apartado 4 al artículo 43 de la Carta Magna con el siguiente enunciado: «Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres».

La elección de ese artículo no es casual, sino que obedece al deseo gubernamental de blindar el aborto por la vía de reforma más fácil que contempla la Constitución. Al escoger el artículo 43, el Ejecutivo esquiva el procedimiento agravado, que exige mayorías más amplias (234 diputados frente a 210), disolución de Cortes, convocatoria de elecciones y referéndum obligatorio.

Además de este hecho (que los colectivos provida consideran un fraude de ley, pues se estaría reformando el derecho a la vida, que cuenta con protección especial), llevar el aborto al artículo 43 le da un estatus casi administrativo, como si acabar con la vida de un bebé fuese una cuestión menor, cuando es una decisión drástica.

Una equiparación cuestionable

Al colocarlo en esa parte de la Constitución, el aborto quedaría encuadrado entre cuestiones como el derecho al paro, el acceso a la cultura o el fomento de «la educación física y el deporte» por parte de los poderes públicos.

El artículo 42 de nuestra Constitución, el que sería el 'vecino' inmediatamente anterior al aborto, establece la obligación del Estado de velar por los derechos económicos y sociales de los ciudadanos españoles que trabajan fuera de nuestras fronteras. Su objetivo es asegurar que estos trabajadores no queden desprotegidos en el extranjero y, al mismo tiempo, pide a las instituciones públicas facilitar las condiciones necesarias para que puedan regresar a España si así lo deciden.

Por su parte, el artículo 44 se centra en el desarrollo intelectual y científico, obligando a los poderes públicos a promover y tutelar el acceso a la cultura para todos los ciudadanos. Además, el Estado debe impulsar la investigación científica y técnica siempre en beneficio del interés general, reconociéndolas como pilares fundamentales para el progreso de la sociedad.

En definitiva, nos encontramos en un contexto en el que el aborto quedaría equiparado con derechos que nada tienen que ver con lo que el Gobierno pretende blindar: el asesinato de un ser humano en formación.