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Adilia de las Mercedes en el Congreso de los Diputados

Adilia de las Mercedes en el Congreso de los DiputadosDiego Radames

La mujer que ha demandado a Irene Montero por impago: «Se apropió de un trabajo ajeno»

Según ha afirmado la demandante en declaraciones a El Debate, «el Ministerio de Igualdad violó en múltiples ocasiones los principios que rigen la actuación de la Administración»

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la demanda interpuesta por la jurista especializada en derechos de las mujeres Adilia de las Mercedes contra el Ministerio de Igualdad por presunta discriminación e impago de honorarios durante la etapa en que el departamento estuvo dirigido por Irene Montero.

La demandante, una jurista hispano-guatemalteca, sostiene que fue contratada a finales de 2021 para elaborar el borrador técnico de la reforma de la legislación española sobre el aborto. Según su versión, el encargo evolucionó desde un esquema preliminar hasta la redacción completa del anteproyecto de ley, sin que se formalizara la relación contractual ni se fijara una remuneración acorde al trabajo realizado.

Según ha afirmado la demandante en declaraciones a El Debate, «el Ministerio de Igualdad no solo expolió un conocimiento acumulado durante más de 25 años, sino que violó en múltiples ocasiones los principios que rigen la actuación de la Administración, especialmente la transparencia y confianza que debe generar en sus administrados».

Adilia de las Mercedes sostiene que el Departamento que entonces lideraba Montero vulneró su derecho a la igualdad de trato y los altos cargos del Ministerio «perpetraron de forma sistemática una gran cantidad de actuaciones discriminatorias con un solo fin: apropiarse de un trabajo ajeno, eliminar todo rastro de la autoría real del borrador de esa ley», denuncia.

Para la denunciante, «ha sido muy revictimizante ver cómo, mientras portaba un pañuelo verde en la muñeca –símbolo de las luchas latinoamericanas por el aborto–, Irene Montero mentía desde las Cortes a toda la ciudadanía una y otra vez, al adjudicarse a sí misma y a su equipo la redacción de la nueva ley del aborto de España».

(Foto de ARCHIVO)
La ministra de Igualdad, Irene Montero (d); y la secretaria de Estado de Igualdad y Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam; en la sede de la Presidencia regional para firmar el protocolo del Plan de Corresponsables, a 4 de mayo de 2022, en Las Palmas de Gran Canaria, Canarias (España). El Plan Corresponsables es una política pública residenciada en la Secretaría de Estado de Igualdad contra la Violencia de Género que tiene por objeto iniciar el camino hacia la garantía del cuidado como un derecho en España desde la óptica de la igualdad entre mujeres y hombres.

Europa Press / Europa Press
04 MAYO 2022;IGUALDAD;GÉNERO;MUJER
04/5/2022

La exministra de Igualdad Irene Montero (d); y la ex secretaria de Estado de Igualdad y Violencia de Género, Ángela Rodríguez PamEuropa Press

En esta misma línea, revela que el Ministerio de Igualdad, que actualmente rige la socialista Ana Redondo, ha intentado silenciarla «una y otra vez». «Me han obligado a llegar a los tribunales porque nadie en esa institución se preocupó siquiera por abrir una investigación ante la discriminación ejercida en mi contra de manera reiterada y sistemática», lamenta.

De hecho, relata que cuando denunció ante la persona responsable lo que estaba sufriendo, que en ese momento era Ángela Rodríguez 'Pam', ella «no solo no actuó para detener esa violencia institucional reiterada, sino que se sumó activamente a ella para intentar quebrantar mi resistencia de meses contra el abuso y el autoritarismo», expresa.

Mientras tanto, la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, «seguía consolidando un relato tan falaz como extractivista sobre un trabajo que ni ella ni su equipo realizaron, pero que les genera a ella y a su partido enormes réditos políticos hasta hoy».

Además del impago, la demanda recoge acusaciones de discriminación por origen nacional y étnico-racial, así como por sus opiniones políticas. La jurista sostiene que fue apartada del proceso y que se intentó borrar su participación en la elaboración de la norma, impidiéndole incluso hacer pública su autoría.

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