El PP se rebela contra el Estatuto Marco de Mónica García con un decálogo de exigencias

Las comunidades gobernadas por el Partido Popular han firmado conjuntamente un decálogo para exigir a la ministra de Sanidad, Mónica García, que reoriente la tramitación del anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, al considerar que una reforma de esta envergadura debe construirse sobre un mayor consenso institucional, una evaluación técnica previa y una memoria económica que garantice su viabilidad.

En el documento, las autonomías reconocen la necesidad de actualizar el Estatuto Marco para adaptarlo a la realidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. No obstante, sostienen que la trascendencia de la reforma exige amplios acuerdos entre administraciones y con los distintos actores implicados para asegurar su sostenibilidad futura.

Las comunidades recuerdan además que son las responsables de la organización, gestión y prestación de la asistencia sanitaria, así como de la gestión de los recursos humanos del sistema. Por ello, defienden que cualquier modificación del régimen jurídico del personal estatutario debe valorarse teniendo en cuenta su aplicación efectiva por parte de las administraciones que deberán ejecutarla.

Uno de los principales reproches recogidos en el decálogo es la «insuficiente participación» de los órganos de coordinación interadministrativa durante la elaboración de las últimas versiones del anteproyecto. En este sentido, lamentan que la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud no haya desempeñado el papel que consideran necesario en la definición de una norma de esta relevancia.

Asimismo, cuestionan que la metodología seguida se haya apartado del modelo tradicional de cooperación institucional que, recuerdan, permitió sacar adelante reformas como el Estatuto Marco de 2003, la regulación de la relación laboral especial de residencia o los procesos extraordinarios de estabilización del empleo temporal. A su juicio, las modificaciones incorporadas al texto en la fase final de la negociación tampoco habrían ido acompañadas de una evaluación suficiente sobre su impacto organizativo.

Las autonomías advierten de que cuestiones como la jornada, los descansos, las guardias, la clasificación profesional, las retribuciones o la planificación de efectivos requieren un análisis previo de sus efectos sobre la continuidad asistencial, la disponibilidad de profesionales y la capacidad organizativa de los servicios de salud. En este contexto, alertan del riesgo de romper el equilibrio entre la ampliación de derechos laborales y la sostenibilidad del sistema sanitario.

El documento también plantea recuperar el grupo de trabajo para la actualización del Estatuto Marco constituido en 2023 por la Comisión de Recursos Humanos del SNS, al entender que sigue siendo el foro técnico más adecuado para culminar la reforma desde una perspectiva compartida entre todas las administraciones.

Finalmente, las comunidades exigen que el texto definitivo incorpore una memoria económica «completa, rigurosa y contrastada» que cuantifique el coste de las medidas previstas y vaya acompañada de una financiación adecuada. Según concluyen, el éxito de la reforma dependerá de que sea capaz de compatibilizar la mejora de los derechos de los profesionales con la sostenibilidad organizativa, financiera y asistencial del Sistema Nacional de Salud. El decálogo está suscrito por los responsables autonómicos competentes en materia de personal estatutario de todas las comunidades participantes.