El macroparque eólico del Maestrazgo se construirá pese a las quejas de los vecinos: «Renovables sí, pero no así»

Desde finales del pasado julio, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde a la construcción del llamado Clúster del Maestrazgo «por la puerta de atrás», las asociaciones vecinales y ecologistas de este territorio situado entre las provincias de Teruel y Castellón no han cesado de revolverse para intentar frenar este macroparque eólico.

El Clúster superó en 2022 la declaración de impacto ambiental (DIA), aunque para ello tuvo que reducir su cantidad de molinos: de 161 a 125. Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) tuvo que modificar la ubicación prevista de 36 de ellos para que se ajustaran a los criterios requeridos de compatibilidad ambiental, paisajística y de optimización del aprovechamiento del recurso eólico. Con todo, la superficie total abarca aproximadamente 71.500 hectáreas.

El proyecto, impulsado por Forestalia y la danesa Copenhagen Infraestructure Partners, afectará a espacios naturales protegidos y zonas Red Natura 2000 y se enfrenta a la contestación de Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y la plataforma territorial Paisajes de Teruel, que han solicitado una suspensión cautelar.

Los vecinos y activistas creen que este parque eólico se podría localizar en otro emplazamiento y consideran que la instalación amenaza de manera directa la preservación de la biodiversidad al ubicarse dentro de lugares con figuras de protección natural, o en zonas muy próximas a ellas, y con alta presencia de especies de aves recogidas dentro de los catálogos de especies amenazadas.

Uno de los principales puntos de fricción es la cantidad de masa vegetal que deberá ser destruida para poder construir el clúster. Sus detractores estiman que se tendrán que talar dos millones de árboles, un número que el promotor, Copenhaguen Infraestructure Partners (CIP), rebaja a 98.000. Aunque en los documentos oficiales no se especifica la cifra concreta, en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sí que consta que afectará a 488 hectáreas de vegetación.

«Nadie podía pensar que el Miteco aprobase esta barbaridad»

Son varios los partidos políticos que se han mostrado contrarios a la construcción de este megaproyecto. Los regionalistas de Teruel Existe alertan a El Debate de que esta transición energética «no es ecológica ni justa y se está utilizando para fomentar la especulación sin respetar nada». «Nadie podía pensar que el Miteco aprobase esta barbaridad, un inmenso proyecto en una de las zonas con más valor medioambiental y biodiversidad de todo el país, porque deja en evidencia que no respetan nada y no tiene nada de ecológica», explican desde el partido.

La Chunta Aragonesista (CHA), integrada en Sumar, también se opone y asegura que las implicaciones del proyecto son «devastadoras» para la zona porque atraviesa áreas protegidas como la Red Natura 2000 y zonas de máxima sensibilidad ambiental. El partido hace un llamamiento a la reflexión sobre qué ha de entenderse por transición ecológica: «No se trata simplemente de sustituir combustibles fósiles por energías renovables, sino de hacerlo de una manera que respete y preserve nuestros ecosistemas y comunidades locales, lo que no ocurre en este caso».

A pesar de que los habitantes de la zona se muestran mayoritariamente contrarios al macroproyecto, los alcaldes de los municipios afectados están a favor. Esto, según comenta Teruel Existe a este periódico, se debe a que Forestalia y el anterior Gobierno de Aragón (formado por PSOE, Podemos, CHA y PAR) «llevan trabajando desde el año 2017 para fomentar esta especulación y destrozo medioambiental y han convencido a los alcaldes mirando solo por los ingresos de los ayuntamientos».

Desde el partido regionalista añaden que se ha generado un conflicto social «inmenso» entre los habitantes, hasta el punto de que «todos evitan hablar de este tema, pero si vas por los pueblos ves banderas en los balcones contra las eólicas». Esto ha reforzado el lema «renovables sí, pero no así», que ha crecido entre movimientos vecinales y ecologistas españoles que se oponen a proyectos de energía limpia, para exigir un modelo que tenga en cuenta los impactos medioambientales y sociales y respete los territorios donde se implantan.

Echan la culpa de la actual situación al anterior Gobierno socialista de Aragón, presidido por Javier Lambán, al haber alentado «la mayor especulación de todo el país, aprobando el 96 % de los proyectos que se presentan, provocando que se transformen y destrocen todas sus comarcas, exportando una barbaridad de energía para seguir siendo un territorio de sacrificio para el desarrollo de las comunidades autónomas ricas y desarrolladas».