Los «auténticos apagones digitales» llegan al Congreso: BNG pide al Gobierno que frene a Javier Tebas

La guerra abierta sobre los bloqueos masivos de páginas web en España ha dado un salto al terreno político. El último barrido de IPS durante El Clásico ha sido la gota que ha colmado la paciencia de aquellos que piden que el problema de la piratería no se solucione con desconexiones masivas. La plataforma de pagos Redsys, X o la web del programa de fiestas de San Isidro del Ayuntamiento de Madrid son las últimas webs inaccesibles durante horas.

Ha sido el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), a través de su diputado Néstor Rego, el que ha elevado este asunto a la política y ha registrado en el Congreso una iniciativa que exige al Gobierno intervenir ante lo que califica como «prácticas abusivas y descontroladas» por parte de LaLiga y Movistar. Los reiterados bloqueos de direcciones IP para combatir la piratería de partidos de fútbol están provocando la caída de miles de webs legítimas y ya afectan a empresas, instituciones y servicios esenciales para la ciudadanía.

¿Qué está ocurriendo?

Desde hace meses, LaLiga, presidida por Javier Tebas, ha intensificado su cruzada contra la piratería de emisiones deportivas, especialmente a través de IPTV y plataformas ilegales. Para ello, ha recurrido a una sentencia judicial de 2022 que le autoriza a solicitar a las operadoras el bloqueo de direcciones IP asociadas a la distribución ilegal de partidos.

Sin embargo, el método empleado ha generado una enorme polémica: en vez de bloquear únicamente las webs piratas, se están bloqueando rangos de IP completos, muchos de ellos gestionados por Cloudflare, una de las mayores empresas de infraestructura web del mundo. Esto ha provocado que, junto a las webs ilegales, queden inaccesibles miles de páginas y servicios legales, desde plataformas de videojuegos como Steam, hasta la web de la RAE, tiendas online, bancos y servicios institucionales.

El patrón se repite cada fin de semana, coincidiendo con los partidos de mayor audiencia, y afecta a millones de usuarios. Según estimaciones de expertos, hasta 3,5 millones de páginas web podrían estar potencialmente comprometidas por estos bloqueos. Empresas tecnológicas como Vercel y Netlify han denunciado públicamente que sus servicios han sido interrumpidos sin previo aviso, y el malestar ha crecido hasta el punto de que han pedido que el Gobierno interceda.

Como publicó El Debate el pasado mes de marzo, las plataformas piratas tomaron medidas e informaron a sus usuarios: «nuestro servidor petó debido a tantos ataques realizados por la liga». En este chat comentaban que han estado trabajando para arreglar el problema y que han comprado material de más calidad con «más protección» para solucionar el problema y «que no vuelva a pasar».

LaLiga y Cloudflare

Cloudflare, por su parte, ha decidido llevar a LaLiga a los tribunales, acusándola de implementar bloqueos masivos e indiscriminados que afectan a sitios legítimos y ponen en peligro la neutralidad de la red y el acceso libre a Internet. La empresa estadounidense busca la nulidad de la sentencia de 2022 y denuncia que LaLiga obtuvo esa autorización sin notificar a los proveedores de servicios en la nube, impidiendo así evaluar el impacto real de la medida.

LaLiga sostiene que Cloudflare no colabora en la identificación y eliminación de contenidos pirata

En su defensa, LaLiga sostiene que Cloudflare no colabora suficientemente en la identificación y eliminación de contenidos pirata y acusa a la compañía de proteger a organizaciones criminales usando a sus clientes legales como «escudo digital». Cloudflare, en cambio, afirma colaborar habitualmente con los titulares de derechos y considera que LaLiga ha optado por una vía «torpe e ineficaz», priorizando sus intereses comerciales sobre los derechos de millones de usuarios.

El BNG denuncia que los bloqueos no respetan los términos de la autorización judicial, que establece que no pueden perjudicarse a terceros. «No puede ser que paguen justos por pecadores, y menos con el argumento de combatir la piratería», afirmó Néstor Rego, quien exige al Gobierno que tome cartas en el asunto para frenar la delegación de decisiones sensibles en manos privadas. El diputado gallego alerta de que se están produciendo «auténticos apagones digitales» y que el Ejecutivo no puede mantenerse al margen mientras se vulneran derechos fundamentales como la libertad de información y la libertad de empresa.

Hasta ahora, el Gobierno se ha limitado a afirmar que «respeta las decisiones judiciales», sin valorar las consecuencias de su aplicación indiscriminada. La iniciativa del BNG marca un punto de inflexión porque primera vez el conflicto trasciende del ámbito tecnológico y judicial y se convierte en un debate político peligroso para Tebas.

Un problema sin solución

Mientras tanto, miles de webs legítimas siguen afectadas cada semana sin que exista un marco claro que proteja tanto a los usuarios como a los prestadores de servicios digitales. El choque entre la protección de los derechos de autor y la integridad de la infraestructura digital sigue abierto, con la ciudadanía y el tejido empresarial como principales damnificados.

La pregunta ahora es si la presión política conseguirá que el Gobierno actúe y si la batalla judicial entre LaLiga y Cloudflare sentará un precedente sobre los límites del control privado en la red. Por el momento, la guerra continúa, y cada jornada de fútbol puede convertirse en un nuevo apagón digital.