Demandan a Last Tour, la promotora en España de los conciertos de Taylor Swift por impago a artistas

La Sociedad General de Autores y Editores ha demandado en Bilbao a la promotora Last Tour por las cantidades de dinero no pagadas derivadas de los derechos de autor de tres ejercicios diferentes, que van desde 2022 a 2024. La cifra total del dinero no abonado es de cuatro millones de euros, de los que la mitad corresponden a los dos conciertos de Taylor Swift en Madrid.

Así lo han confirmado a Efe fuentes de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), encargada de recaudar esos ingresos en nombre de los afectados por el impago, entre los que, además de la estrella del pop estadounidense, se encuentran otros autores y artistas que, al igual que Swift, son compositores.

Last Tour también es responsables de otros importantes eventos musicales como los festivales Bilbao BBK Live, Azkena Rock y Kalorama en Madrid, en los que han participado nombres tan conocidos como los de Sting, Leiva, María José Llergo, Juan Luis Guerra o Rigoberta Bandini entre otros.

Según han explicado desde la SGAE, la relación con Last Tour es «complicada desde hace años» por dos demandas previas, la última en 2019, que se terminó resolviendo a favor de los autores, pero «con el correspondiente retraso en el cobro».

El actual conflicto se inició precisamente en 2022, cuando «comenzó otra vez un silencio muy prolongado», denuncian desde la entidad de gestión colectiva que comenzó a reclamar lo adeudado «en buen tono», informa Efe.

Sin embargo, el detonante de esta última demanda presentada ante el juzgado mercantil de Bilbao es el aviso por parte de la entidad de gestión colectiva BMI, la organización más grande de derechos de ejecución pública en los Estados Unidos, que informaron que España era el único país del que aún no habían percibido las cantidades de Taylor Swift en concepto de derechos de autor, que corresponde a unos dos millones de euros.

Respuesta de la promotora Last Tour

«Last Tour lleva años buscando un diálogo y entendimiento con SGAE, pero nunca ha sido posible, el camino siempre es el mismo: SGAE intenta imponer su tarifa abusiva y, si no lo logra, plantea una ofensiva realmente agresiva, siendo consciente de que cuenta con ingentes recursos para emprender una batalla judicial», defienden desde la promotora.

También niegan que Last Tour no haya abonado los derechos desde 2022, «incluso algunos de los conciertos citados», recoge Efe.

Sobre los conciertos de Taylor Swift señalan que también esta misma promotora se encargó de aquellos que la artista celebró en Lisboa y que «los derechos fueron abonados incluso antes de la celebración de los mismos, debido al entendimiento con la entidad de gestión portuguesa».

Uno de los motivos de confrontación en esas citas tiene que ver con la disparidad entre los datos de SGAE y los que la promotora reportó.

Sobre esta discrepancia advierten que en el caso de las entradas VIP incluían un precio base y un incremento. Esgrimen que la tarifa de SGAE «se aplica solo sobre el base», mientras que el incremento «va ligado a contraprestaciones adicionales, como acceso o ubicación preferente, merchandising de la propia artista y otros».

La promotora insiste en que la tasa que cobra SGAE a los promotores de espectáculos musicales en vivo «no está alineada con la de otros países del entorno», como el 4,2 % británico o el 5,75 % de Alemania. Desde que bajó del 10 % hace una década, esta tasa en España es del 8,5 % de cada entrada (del 7,65 % para quienes además facilitan su labor y entregan la información sobre el repertorio que se ha interpretado en cada concierto).

Siguiendo con esa misma línea destacan que «la brecha es aún mayor si se considera la tarifa de Estados Unidos», país de origen de la artista, que es de un 1,15 %. «Una de las propuestas de Last Tour es la aplicación de la tarifa de origen, lo cual mantiene incólumes los derechos de los artistas foráneos y no perjudica a los nacionales», indican.

«Cada entidad de gestión de cada país tiene su tarifa y los promotores de todos los países han pagado sin rechistar, incluso en lugares con tarifas superiores a la de la SGAE», replican desde la sociedad, que además recuerda que en propiedad intelectual hay un principio: «La ley que rige es la del país no de origen del autor, sino la de donde se produce el hecho que general el derecho».