Los proyectos más dañinos en materia cultural del Gobierno de Sánchez que se frenarían en caso de elecciones

Por tierra, mar y aire. El gobierno de coalición PSOE-Sumar quiere aprovechar hasta el último minuto de Sánchez en la Moncloa para transformar la sociedad española en un ejercicio de ingeniería social que ni ocultan ni niegan.

En ese experimento, la cultura juega un papel esencial. La cultura conforma las mentes de los individuos de una sociedad, funciona como palanca de adoctrinamiento ideológico y mueve a las masas hacia direcciones determinadas.

El proyecto, obviamente, tiene en el Ministerio de Cultura su principal director de orquesta, pero no solo. Es un proyecto multiministerial, con la participación del Ministerio de Exteriores (Instituto Cervantes), también Presidencia y Justicia (Valle de los Caídos y resignificación de monumentos), y hasta el mismo Congreso de los Diputados.

Son varios los proyectos puestos en marcha y todavía en curso con esa orientación, pero, ¿qué pasaría si cae el gobierno y se convocan elecciones anticipadas? ¿Qué proyectos perjudiciales para la buena salud de la sociedad y para la cultura se verían definitivamente frustrados?

Descolonización

La descatolización de los Museos de Antropología y de América como programa piloto para implantar el proceso en otros museos, es una de las grandes medidas de legislatura del Ministerio de Cultura.

El ministro Urtasun se ha embarcado en este proyecto como algo personal. La medida, inspirada en otras similares de signo woke muy comunes en Estados Unidos y Reino Unido, busca priorizar el fin adoctrinador frente al científico en ambos museos y hacerlos decoloniales, antirracistas e interculturales eliminando el eurocentrismo.

Con un presupuesto de 4,4 millones de euros para reconvertir el Museo de Antropología y 9,2 millones el de América, es de prever que en caso de adelanto electoral y cambio de gobierno, la transformación de ambos museos experimentaría un cambio notable.

Lenguaje inclusivo

El gobierno no tiene la capacidad de forzar a los ciudadanos a hablar de un modo u otro, pero por medio de estrategias de ingeniería social puede ir conduciendo a los hablantes a expresarse de un determinado modo.

El objetivo es claro: empujar a los ciudadanos a expresarse de una forma que concuerde con las prioridades ideológicas y la agenda política de los partidos en el gobierno, marginando a quien opine de manera diferente.

El gobierno de Sánchez ha hecho del lenguaje inclusivo una de sus principales batallas culturales de la legislatura.

Los partidos de izquierda ya suelen (cuando hablan en público) desdoblar el género o emplear el femenino como género neutro.

Los votantes más fanáticos del PSOE y de otros partidos de izquierda han comprado el discurso y ya se expresan generalmente de ese modo, tanto en el lenguaje oral como en el escrito.

Pero el PSOE quiere más. Quiere institucionalizar el lenguaje inclusivo, hacerlo oficial, que se enseñe en las escuelas, que se redacte la Constitución siguiendo sus preceptos y que la RAE lo acepte y promueva.

Quien ya lo promueve es el Instituto Cervantes, del Ministerio de Exteriores, cuyo director Luis García Montero lo justifica y defiende.

Su reciente batalla con la Real Academia Española y con su director Santiago Muñoz Machado, tiene su origen en la negativa de la RAE a aceptar el lenguaje inclusivo.

Recientemente, el Instituto Cervantes promovió una iniciativa que busca reescribir el Quijote de Cervantes usando el lenguaje inclusivo.

Durante la presentación del Anuario 2025 El español en el mundo, en una actitud más de comisario político de las FAI que de director de una institución cultural, invitó a «estar vigilantes» con el modo de hablar.

Dicho anuario incluye un artículo donde se afirma que la Constitución española de 1978 nació «con un déficit democrático» y que «carece de plena legitimidad democrática» porque no está escrita en lenguaje inclusivo.

Estos ejemplos son casos de presión, provocaciones de cara a una futura imposición a la RAE y a todos los hablantes del lenguaje inclusivo. Los ataques de García Montero a Muñoz Machado son un tanteo del terreno, aunque la RAE ya ha dejado clara su posición: «Hasta hoy a nadie se le había ocurrido someter el diccionario al capricho gubernamental», advirtió el director de la RAE durante la apertura del curso académico.

Esta guerra y esta obsesión con el lenguaje inclusivo, en cualquier caso, debería finalizar con la salida de Sánchez del poder en un adelanto electoral.

La torre de Babel

Con la reelección de Sánchez como presidente el gobierno se abrió el mercadeo de contrapartidas entre el PSOE-Sumar y los partidos independentistas a cambio del apoyo a Sánchez.

Así fue como llegó la amnistía a los políticos golpistas, el pacto fiscal con Cataluña y la introducción de las lenguas oficiales en el Congreso de los diputados.

Llevar los pinganillos a una cámara parlamentaria donde todos los diputados hablan una lengua común está costando 12.5 millones de euros solo para una cobertura de año y medio, como informó El Debate.

La medida busca destacar las diferencias culturales entre españoles, ocultando la lengua y cultura españolas comunes a todos los ciudadanos.

La imagen de unos políticos dueños de los presupuestos del Estado y del BOE debatiendo en la cámara depositaria de la soberanía nacional con pinganillos cuando todos hablan la misma lengua es la imagen que ilustra a la perfección la impostura del sanchismo.

En caso de llegar al poder, el Partido Popular ya anunció que será una de las primeras medidas del sanchismo que revertirá.

La guerra contra los toros

Además de la descolonización, el ministro Urtasun llegó al gobierno con un objetivo claro: prohibir los toros. O, al menos, avanzar hacia su prohibición. Su primera medida fue en ese sentido al eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia.

Luego, se implicó en la campaña de recogida de firmas para que el Congreso de los Diputados votara eliminar la protección a la tauromaquia como patrimonio cultural español.

La campaña antitaurina de Urtasun, sin embargo, es un absoluto fracaso. Tras la eliminación del Premio Nacional, varias comunidades autónomas con el apoyo del Senado se encargaron de su organización y entrega.

Lo único que logró Urtasun con su medida sectaria fue aumentar el interés mediático del evento.

En cuanto a la propuesta para desproteger a los toros, hasta el mismo socio de gobierno de Sumar, el PSOE, rechazó apoyarla y, con su abstención, favoreció que la proposición fracasara a las primeras de cambio.

Pero es que, además, la asistencia de aficionados a las plazas de toros es más alta que nunca, y se podría decir que el interés por la tauromaquia está experimentando un crecimiento sostenido.

Un adelanto electoral y cambio de gobierno es de esperar que lleve de nuevo al Ministerio de Cultura el Premio Nacional de Tauromaquia y la promoción de la cultura de los toros.

El Valle de los Caídos

Otra de las fijaciones de Sánchez desde que llegó al gobierno ha sido Franco y, en particular, el Valle de los Caídos. El llamado «francomodín» ha pasado a ser la carta ganadora del gobierno cada vez que aflora un escándalo de corrupción, una debacle en las encuestas o cualquier situación incómoda para el inquilino de la Moncloa.

Sánchez exhumó a Franco y a Primo de Rivera en la anterior legislatura. Cambió el nombre al Valle de los Caídos en la presente (que pasó a denominarse Valle de Cuelgamuros) y pretende someter el conjunto monumental a una profunda «resingificación» que, entre otras cosas, implicaría desmantelar la escalera de acceso para construir un museo de interpretación en el subsuelo, cuyo discurso expositivo diseñará el gobierno.

No es el único caso, aunque sí el más significativo. El gobierno está embarcado en un proceso de eliminación y resignificación de monumentos construidos durante el franquismo en una suerte de «damnatio memoriae».

Con todo, al menos el proyecto del Valle de los Caídos, podría caer por completo tanto si hay adelanto electoral como si se agota la legislatura, en caso de salida de Sánchez de Moncloa.