El árbitro que expulsó a Bellingham ante Osasuna, investigado por la RFEF por posible conflicto de intereses

El Comité de Cumplimiento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha puesto en marcha una investigación para analizar las actividades extradeportivas de José Luis Munuera Montero, árbitro de Primera División. En concreto, se estudia si estas actividades podrían entrar en conflicto con el artículo 9.1 del Código Normativo, que establece que los colegiados, al igual que otros miembros sujetos a esta regulación, no pueden tener intereses secundarios que interfieran en el desempeño de sus funciones.

Munuera Montero, que el pasado sábado dirigió el encuentro entre Osasuna y Real Madrid, es fundador de la empresa Talentus Sports Speakers, especializada en consultoría y gestión deportiva. La compañía, que la tenía puesta en su LinkedIn y ahora lo ha borrado, está en la zona más exclusiva de la ciudad Córdoba en una mansión de 893m² con una valoración de más de 1,2 millones de euros y ejerce como si fuese un cazatalentos para diversos clubes de fútbol y entidades.

Esta empresa comparte sede con una opaca sociedad llamada Deportalia Sports SL y que tiene como clientes a LaLiga, RFEF, UEFA, Liga Femenina de Fútbol y varios clubes de fútbol profesionales tanto españoles como de otros países europeos, incluyendo Atlético de Madrid, Manchester City, Aston Villa y PSG.

Talentus Sports, la empresa que promociona el propio Munuera Montero en sus redes sociales y de la que reconoce ser fundador, está administrada por Sergio Sánchez Castañer, exjefe técnico del VAR y responsable de producciones de UEFA, y fue constituida en diciembre de 2023. Esta sociedad tiene un capital social de 10.000 euros y publicita, a través de una de sus áreas llamada recruitment, puestos de trabajo en los clubes antes citados.

La investigación de la RFEF

La vinculación del árbitro con esta empresa ha despertado preocupación en la RFEF, que ha activado su departamento de Cumplimiento para evaluar si se ha producido una posible incompatibilidad. De momento, el proceso se encuentra en una fase inicial y no se ha abierto ningún expediente formal. Sin embargo, en caso de que se confirme que Munuera Montero incumplió los mecanismos de control –que le obligan a informar de cualquier actividad paralela que pueda suponer un conflicto de interés–, podría enfrentarse a una sanción económica de hasta 100.000 euros y a una inhabilitación de hasta cinco años.

Por ahora, el Comité de Cumplimiento sigue recopilando información y no ha tomado ninguna decisión definitiva. No obstante, fuentes federativas recuerdan que los implicados en posibles conflictos de interés no podrán ejercer sus funciones mientras se resuelva la situación.

Asimismo, recalcan que el Código Ético es de obligado cumplimiento para todos los integrantes de los órganos directivos de la Federación, árbitros, entrenadores, delegados de clubes y cualquier otro responsable vinculado a la organización, tanto a nivel nacional como autonómico y territorial. Además, el Código de Cumplimiento Normativo afecta a todas aquellas personas que mantengan algún tipo de relación, ya sea contractual, profesional o de otra índole, con la RFEF.