La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera
Crisis energética
Ataque a las eléctricas: el desesperado giro a la izquierda de Ribera y Calviño para captar votos
Las ministras capitanean la nueva versión Robin Hood de quitar dinero a los ricos (las eléctricas) y dárselo a los pobres, mientras el Gobierno no toma otras medidas para rebajar el precio de la luz
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha comentado el interés del Gobierno en estudiar la implantación del impuesto a las empresas eléctricas que se desarrolla en Italia. Allí el Ejecutivo decidió el pasado mes de mayo elevar del 10 % al 25 % el impuesto sobre los beneficios de las eléctricas para financiar un paquete de ayudas directas a las familias. Ribera indicaba que «las energéticas y las petroleras muestran en los resultados de este trimestre una bonanza que está muy por encima de lo que resulta de sus costes reales», y advirtió del «beneficio enorme» de estas empresas «a costa de unos precios extraordinariamente elevados que pagan todos los consumidores».
Algo más tarde cogía el relevo la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. En su intervención en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros sostenía que «en octubre del año pasado ya establecimos un mecanismo para impedir los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas, y vamos a establecer un impuesto especial sobre los ingresos extraordinarios de todo el sector energético porque no solo queremos contener los precios: queremos que sean medidas justas y proporcionadas».
Las ministras hablaban de estas medidas pero no de otras, como por ejemplo de desligar el precio de la tarifa regulada del precio mayorista diario y ligarlo a los futuros, que es lo que hacen la mayoría de los países (por ejemplo Portugal) para evitar que los precios se disparen con la volatilidad que lo hacen en España. El Gobierno español podría hacerlo, pero no lo hace.
Ribera y Calviño hablan de los ingresos extra de las eléctricas, pero no de los beneficios récord que este año recaudará el Estado como consecuencia de la subida del precio de la luz. Estarán cerca de los 14.000 millones de euros, frente a los 8.600 millones que alcanzó en 2021 o los 7.000 millones de media que hasta ahora se obtenían todos los años. Las ayudas para las personas más vulnerables podrían salir de esta facturación extra en lugar de cargar a las eléctricas.
Hay muchos economistas que no están de acuerdo con la famosa expresión de beneficios caídos del cielo atribuidos a las eléctricas por la subida de la luz; por ejemplo, el catedrático Mikel Buesa: «Me parece una idea estúpida. No existen esos beneficios caídos del cielo. Los amplios beneficios que están obteniendo algunas compañías eléctricas vienen de la mano de su eficiencia. El precio de la energía eléctrica lo fija la tecnología más ineficiente: la quema de gas. Como otros producen energía con menores costes, más eficientemente, tienen un premio. Si eliminamos el premio, entonces todos elevarán los costes de manera desorbitada, porque el Gobierno va a aceptar en las tarifas cualquier tipo de coste. Por tanto, me parece una medida profundamente equivocada».
El socio y gestor de Abante Asesores José Ramón Iturriaga tampoco cree que las eléctricas se estén aprovechando de la situación. Simplemente están aplicando el marco regulatorio existente. Estima que la subida de impuestos podría tener sentido si la inflación fuera coyuntural, pero está tardando más de lo previsto en irse. Por este motivo y porque estamos en medio de un cambio geopolítico que nadie sabe cuándo terminará, Buesa estima que el modo de arreglar el problema del coste de la energía no es subvencionarla, sino animar a los consumidores (también los empresariales) a que consuman menos y se reduzca la demanda y el precio.
La posible subida de impuestos a las eléctricas debería escocer a las empresas de este sector, pero la realidad es que su patronal (Aelec) tampoco está haciendo mucho ruido. Su valoración más reciente sobre esta cuestión es del 31 de marzo. En ella se muestra muy crítica con medidas «que suponen una nueva intervención y no solucionan la verdadera raíz del problema, que son los precios del gas». «El precio intervenido es una discriminación en relación a los precios del resto de la UE, y representa un paso atrás en la liberalización, en contra de lo que dicta la normativa europea», añaden.
Quizá este escaso ruido se deba a la explicación que nos daba el Domingo en una entrevista el economista Carlos Rodríguez Braun en referencia al tope del gas: lo que el Gobierno quita a las eléctricas por un lado, se lo da por otro, con las compensaciones que los ciudadanos irán pagando en el recibo.
Las mejores soluciones para bajar el precio no parecen ir de momento por el camino que marca el Gobierno. No hay más que ver la subida que se está produciendo a pesar del tope del gas. Podría venir por una mayor oferta de proveedores que pudieran ofrecer precios más bajos como consecuencia de la competencia, pero precisamente hace dos días las comercializadoras de electricidad lamentaban que las medidas del Gobierno les están quitando clientes que se están yendo a las grandes empresas.
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