La obligación para los comercios de apagar luces y limitar las temperaturas entró en vigor en agosto, y la de cerrar las puertas, en septiembre. El real decreto que lo recogía era de obligado cumplimiento, y las multas por infringirlo son elevadas: desde 60.000 euros por una infracción leve a 100 millones por una grave. Sin embargo, las medidas a día de hoy no se cumplen. Seguramente se debe a que no se están imponiendo sanciones.
Según El País, a las asociaciones comerciales de Madrid y Cataluña no les consta que se hayan impuesto sanciones. El Ministerio de Transición Ecológica dice que la idea no es asociar medidas y sanciones de manera automática y la consejería de Medio Ambiente de Madrid señala que no tiene competencias. La Generalitat indica que de momento se encuentra en una fase de sensibilización, no sancionadora.
La instalación de puertas automáticas es lo que más está costando a los comercios. Su precio está entre los 2.500 y los 4.000 euros.
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