Algunas de las torres de la red de tendido eléctrico de España
La minoración a las eléctricas solo recauda 300 millones de los 9.000 que esperaba el Gobierno
Más del 70 % de la energía estaba vendida a un precio inferior al del mercado mayorista
La presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), Marina Serrano, ha dicho que, con la minoración del exceso de retribución obtenido en el mercado por las centrales no emisoras que implantó el Gobierno español, que pretendía recaudar unos 9.000 millones de euros, no se ha llegado a detraer 300 millones.
Serrano ha participado este jueves en una mesa redonda con motivo de la presentación del nuevo Observatorio sobre el Derecho de la Energía de la Universidad Pontificia Comillas.
Allí ha indicado que los supuestos «beneficios excesivos» conseguidos por las eléctricas por la venta de energía inframarginal (hidráulica, nuclear) de centrales que no usan gas pero que sí cobran el precio de mercado que marcan estas, es un «mantra que venimos escuchando desde el verano de 2021».
Ha añadido que eso dio lugar al real decreto-ley 17/2021, que establecía esa minoración de los beneficios a partir de un precio de en la energía vendida de 67 euros/megavatio hora (MWh).
Frente a esos 9.000 millones de euros que se esperaban detraer, con los contratos que se han mandado al regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se ha demostrado que más del 70 % de la energía estaba vendida a un precio inferior al del mercado mayorista y no se ha llegado a 300 millones, según Serrano.
Serrano ha dicho que el Gobierno partía de unos supuestos que no responden a la realidad del mercado y considera que lo mismo le ocurre a la propuesta de reforma del mercado eléctrico que ha enviado el Ejecutivo a Bruselas.
Ha criticado que el Gobierno español haya presentado una propuesta de reforma sin consultar «a ningún agente en ningún momento», sin participación de los operadores y afectados.
Serrano ha señalado que se plantea un sistema de compras centralizadas de la electricidad con contratos a largo plazo que se hacen con el regulador y el mercado mayorista diario queda en un segundo plano, lo que afecta a las señales de precios.
Bajo su punto de vista, la futura reforma tendría que permitir las inversiones en renovables, dando mayor capacidad para que vayan al mercado, a contratos de compraventa de energía a plazo (PPA) o a subastas, y fomentar la contratación a largo plazo, levantando las barreras que existen para ésta, pues la volatilidad de los precios se puede contrarrestar con esa contratación.
Por su parte, el excomisario europeo de Energía Miguel Arias Cañete ha dicho que el nuevo modelo de mercado tiene que evitar que se consoliden medidas que se han diseñado para una situación de emergencia, como la «excepción ibérica» o el modelo griego, porque si no, «el mercado no va a funcionar nunca».
En su opinión, hay que proteger a los vulnerables sin alterar el funcionamiento del mercado y ha señalado que la denominada «excepción ibérica» ha incrementado el consumo de gas en España.
Reforma del mercado eléctrico
Respecto a la propuesta de reforma del mercado eléctrico europeo del Gobierno español, ha dicho que afronta la cuestión como si todo el mercado europeo fuera España, cuando hay países que van a prorrogar la vida útil de centrales nucleares.
Ha añadido que «sería una tragedia» que por «prejuicios ideológicos» se fuera a una definición de mercado que no funcionara, cuando la UE debe reducir su dependencia energética y desarrollar renovables «a velocidad de vértigo».
Por su parte, el exdirector general de Política Energética y Minas Jorge Sanz ha afirmado que el tope al gas y al carbón en el mercado eléctrico, conocido como «excepción ibérica», es una subvención a los combustibles fósiles y ha recordado que el consumo de gas para generar electricidad creció en 2022 un 55 % con respecto a 2021.
Sanz ha manifestado que no hay ninguna transferencia de renta a los consumidores, porque se les da una subvención a los ciclo combinados que pagan los usuarios, pero sí una transferencia de renta «brutal» a Portugal y Marruecos, que ha cifrado en 1.500 millones de euros desde el 15 de junio de 2022, en que entró en vigor el tope al gas, al 21 de diciembre. Para Sanz, la «excepción ibérica» es una «medida pésima» y espera que «se derogue cuanto antes».
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