Un Gobierno para los autónomos y autónomas
El líder de la principal asociación del sector muestra sus peticiones al próximo Ejecutivo
Pese a la buena marcha de la economía española en términos macroeconómicos y la moderación de la inflación, nadie puede poner en duda que siguen siendo tiempos difíciles para los autónomos y autónomas de este país.
La economía española crece en gran parte gracias al turismo y el comercio exterior, pero la demanda interna se retrae, y nadie depende más del consumo interno que los autónomos.
Tras una pandemia de la cual uno de cada tres autónomos dice aún no haberse recuperado, la subida generalizada de costes, y la imposibilidad para más del 37 % de trasladarla a precios para no perder a sus clientes, hace que muchos autónomos se estén viendo obligados a abandonar la actividad y, aún más, estén en la cuerda floja ante la reducción de márgenes, trabajando muchos de ellos a pérdidas. Los autónomos han incrementado su facturación de media un 13 % con respecto al año anterior. Sin embargo, sus costes se han elevado de media un 33 %.
El colectivo se ha visto afectado de sobremanera por la crisis inflacionista derivada del conflicto bélico en Ucrania, que ha catapultado sus costes energéticos y de carburante, de materias primas, de alquileres de locales, naves y despachos, además de los costes de distribución y logísticos por los problemas en las cadenas logísticas.
Pero, además, por si no fuera suficiente, ha sido víctima directa de lo que denominamos «costes normativos». El incremento de la presión fiscal y especialmente de los costes laborales y de las cotizaciones sociales a través de la subida del SMI (un 45 % en los últimos 5 años), la subida de bases en los Presupuestos Generales del Estado (incremento de las bases en un 8,6 %), así como la reforma de las pensiones (tipo del 0,6 adicional al tipo de cotización y que se duplicará hasta el 1,2 % en los próximos años), son claros ejemplos de ello.
Y todo ello sin contar que la burocratización digital de los procesos administrativos genera «costes indirectos» al incrementar el precio de los servicios de colaboradores terceros, esenciales para dar cumplimiento al ingente número de obligaciones y procesos telemáticos con las administraciones.
Prueba de ello es que cada reforma legislativa emprendida y que afecta a los autónomos en esta legislatura conlleva más trámites y con mayor periodicidad en nuevas plataformas digitales creadas a tal efecto. Véase la reforma del RETA.
La futura obligación de la facturación electrónica es, sin duda, otro ejemplo de burocratización digital, por no hablar del Kit Digital, que busca desde una buena intención la digitalización de aquellos que no saben solicitarlo digitalmente por su complejidad.
Todo ello se refleja en los números: se han perdido 111.200 autónomos según la EPA del cuarto trimestre de 2022 con respecto al mismo periodo de 2021 y, en términos de afiliación a la Seguridad Social, el RETA suma este año en abril 13.000 autónomos, el peor dato de la década en un mismo abril.
Por sectores, los más perjudicados son comercio, que pierde casi 20.000 autónomos, agricultura con 3.000 menos e industria con otros 3.000. Para aquellos que justifican que la pérdida de autónomos viene por su la conversión en asalariados de «falsos autónomos», no parece que tenga sentido que un autónomo del comercio cierre un local o un ganadero con explotación o industrial con nave sea «falso autónomo» ni deje su actividad para ser asalariado.
En términos estructurales, resulta especialmente preocupante el envejecimiento del colectivo de autónomos, ya que en los últimos 5 años se han perdido más de 100.000 autónomos menores de 30 años y, a día de hoy, más del 50 % del colectivo es senior. Parece evidente que la campaña de demonización de los empresarios influye en los jóvenes, y estamos perdiendo dinamismo emprendedor, falta de consolidación de sus iniciativas y hay claras barreras a su crecimiento y su capacidad empleadora.
Ello, además de requerir de la dignificación de la figura del empresario, nos debería llevar a explotar fórmulas por un lado de prolongación voluntaria e incentivada de la vida laboral, como el despliegue total de la jubilación activa, el desarrollo de programas y esquemas de relevo generacional y sucesión de empresas, así como una red de salud empresarial y de mentorización de los emprendedores durante todo el ciclo de vida empresarial y en el fracaso, y no sólo en sus inicios.
Por otro lado, en cuanto a equiparación de derechos, y teniendo en cuenta que son las mujeres las que sustentan el crecimiento de autónomos de la última década, se requieren medidas de apoyo específicos a la mujer autónoma.
En definitiva, el nuevo gobierno deberá tener en cuenta el contexto actual de incremento de costes debido a la inflación, la hiperactividad normativa y la burocratización digital para establecer medidas coyunturales que rebajen esa presión, especialmente la fiscal y administrativa, con rebajas en el IRPF y la transposición en España del IVA franquiciado que exima a los autónomos de este impuesto cuando facturen menos de 85.000 euros.
Pero también deberá enfrentar problemas estructurales como la sostenibilidad del RETA y el seguimiento de la aplicabilidad del nuevo sistema de cotización, la trasformación de la Administración, la fiscalidad y su digitalización en un soporte «amigable» y no en un enemigo al crecimiento, así como la equiparación en la protección social de los autónomos, especialmente en las mujeres autónomas, adaptando dicha protección a las necesidades y especificaciones y a los tiempos y lugares del trabajo autónomo.
- Lorenzo Amor es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE.
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