Diputación Permanente en el Congreso de los Diputados
Economía El Congreso aprueba el último decreto anticrisis sin ningún voto en contra
De los 64 votos emitidos, 53 han sido a favor de aprobar el paquete de medidas mientras que ha habido un total de 11 abstenciones y ningún voto en contra
Pasados tres días desde la celebración de las elecciones generales, la Diputación Permanente del Congreso se ha reunido para convalidar el real decreto aprobado el 27 de junio en Consejo de Ministros que recoge el séptimo paquete de medidas frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania y de apoyo a La Palma.
Como el futuro Congreso no será constituido hasta el próximo 17 de agosto, la Diputación Permanente, se encargará de albergar este debate de convalidación o derogación del decreto, el cuál será defendido por el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños.
Además de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, están llamados a reunirse los 68 diputados que constituyen este órgano y que sustituye al pleno en los periodos en los que la cámara está disuelta por determinados motivos, como es el caso ahora de la convocatoria de elecciones.
De los 64 votos emitidos, 53 han sido a favor de aprobar el paquete de medidas mientras que ha habido un total de 11 abstenciones y ningún voto en contra.
Guerra en Ucrania y volcán de La Palma
El objetivo principal del decreto es extender algunas de las medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania así como las rebajas del IVA de los alimentos y las ayudas al transporte público.
Este paquete de medidas moviliza 3.800 millones de euros adicionales, aunque el impacto total (contando las ayudas totales y las rebajas de impuestos y bonificaciones) es de 8.900 millones de euros en la segunda parte del año.
También se prorrogarán las medidas de apoyo a la isla de La Palma. Él régimen de suspensión de las obligaciones de pago de intereses e hipotecas de los afectados por la erupción volcánica se aplazará seis meses más.
Además, se ampliará hasta el 31 de diciembre de 2023 los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) vinculados a la situación de fuerza mayor temporal en el supuesto de empresas y personas trabajadoras de las Islas Canarias afectadas.
Costes energéticos
El decreto también prorroga medidas laborales vinculadas a ayudas públicas como que el aumento de los costes energéticos no pueda constituir causa objetiva de despido hasta el 31 de diciembre de 2023. El incumplimiento de esta obligación conllevará el reintegro de la ayuda recibida.
No obstante, todas aquellas empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos por causas relaciones con la guerra en Ucrania y que se beneficien de ayudas públicas, no podrán utilizar estas causas para llevar a cabo despidos.
También se prorrogan las ayudas al gasóleo para los transportistas profesionales, agricultores y ganaderos. Hasta el 30 de septiembre la bonificación será de 10 céntimos por mes y en los últimos tres meses de 2023 será de 5 céntimos por litro.
Además, se llevará a cabo una modificación de las referencias de precios de los mercados eléctricos y de los combustibles introducidos en las fórmulas que definen los parámetros retributivos de las plantas de cogeneración, biomasa y residuos.
Vivienda y VTC
El decreto ha decidido eliminar la posibilidad de prorrogar automáticamente seis meses el alquiler con las mismas condiciones que el contrato que estuviera en vigor hasta ese momento. No obstante, mantiene hasta el final de 2023 la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables cuando no haya alternativa habitacional.
También se prorroga el plazo durante el que los arrendadores y titulares de la vivienda afectados por la suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento pueden presentar la solicitud de compensación, fijando el nuevo plazo hasta el 31 de enero de 2024.
Además este decreto incluye una línea de avales de 2.500 millones de euros para la compra de una primera vivienda de jóvenes menores de 35 años y familias con menores a su cargo sin límite de edad, pero con ingresos de hasta 37.800 euros anuales.
Por su parte, también se habilitará a las comunidades autónomas a limitar las VTC con arreglo a motivos medioambientales y gestión del tráfico en las ciudades.
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