Dos tractores trabajando en una explotación agrícola.
Alimentación
Agricultores y ganaderos critican las políticas verdes europeas que llevarán a la asfixia del sector
Representantes del sector agrario europeo como el COPA-COGECA, y sus miembros ASAJA y CAP junto al eurodiputado popular Zoido, han liderado una mesa redonda sobre este tema
La ley de restauración de la naturaleza aprobada hace apenas unas semanas ha puesto en pie de guerra a las asociaciones de agricultores de todo el continente.
Parte de esta confrontación la lidera COPA-COGECA (cooperativa de ganadores y agricultores europeos). Dentro de ella se encuentra la española Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores).
El pasado martes 19 participó el presidente de la delegación de Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa en el encuentro European Farmers Deal hospiciado por el PPE y este miércoles 20 ha participado junto a Ricardo Sierra, presidente de Asaja Sevilla, en otro evento apadrinado por el eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido.
Nuevas reglas
El nuevo reglamento sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios (SUR, por sus siglas en inglés) que se debate actualmente en el Parlamento Europeo supondrá un cambio de paradigma en la gestión de la agricultura y las zonas verdes.
Aunque se espera reducir el uso global de productos fitosanitarios, las continuas necesidades de control de plagas exigirán nuevas prácticas innovadoras que preserven la salud humana y el medio ambiente.
El Parlamento pide la reducción de hasta un 80 % de este tipo de productos y eso no es nada alentador para los agricultores, en especial porque se desea imponer tal objetivo sin que existan alternativas viables reconocidas oficialmente.
Ahí es donde entra en juego la empresa española Fertinyect dedicada a la endoterapia, un tratamiento especializado en el tratamiento de determinadas especies de plantas como los árboles.
Mediante pequeños cortes en la corteza se accede al interior y se suministra el producto fitosanitario o nutricional correspondiente que, gracias al sistema vascular de la planta, lo hará llegar a todas las partes sin deriva (pérdida) o daño medioambiental.
La empresa ha diseñado una patente que ya se utiliza en 25 países, incluida en la Unión Europea. Esto es lo que se quiere promover como medida alternativa para evitar la drástica reducción y asfixia de uno de los sectores más importantes de la economía europea como es el agrícola.
Juan Ignacio Zoido ha defendido la investigación puntera en España en este campo, en especial en Andalucía: «estoy convencido de que en Andalucía se saben hacer las cosas y muy bien». «Quien quiera aprender de agricultura tendrá que pasar por esta tierra», ha declarado.
Si el principal problema es la contaminación del suelo o incluso posibles daños para la salud humana, esta técnica evitaría todo eso. Para eso se han movilizado representantes clave del sector como Asaja. Desde la asociación creen que «es un método de aplicación de demostrada eficacia, que además reduce la cantidad de producto fitosanitario utilizado, así como los costes de tratamiento de plagas a medio y largo plazo».
Por otro lado, supone un ahorro radical de agua de hasta el 95% respecto a otras técnicas. Siendo España un país con problemas hidrológicos evidentes, esto sería una ventaja que destacar.
El objetivo ahora es intentar influir en los próximos encuentros formales hasta la votación del SUR para final de año.
Existe una discrepancia evidente entre las pretensiones del Parlamento, de la Comisión y del Consejo. Fuentes internas aseguran que la actual presidencia española lo que desea es un acuerdo sí o sí antes del final de su mandato, por lo que podría ver con buenos ojos una reducción de productos fitosanitarios de un máximo del 25 %, lo que daría amplio margen a los agricultores para incentivar determinados cambios en un plazo mayor de tiempo, algo que han requerido desde el principio.
Marina Antonova-Dastoli, consejera de COPA-COGECA, tiene muy claro que los principales problemas de aplicación son los tiempos y la imposición de prohibiciones semejantes: «no podemos implantar las mismas reducciones para todos los países, los estados miembros deberían fijar sus objetivos en función de sus capacidades», ha señalado.
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