El permanente chantaje independentista catalán

Cataluña –y, en buena medida, también el País Vasco– ha sido una región altamente beneficiada desde el inicio del siglo XX hasta la actualidad. No hemos de olvidar el conjunto de medidas proteccionistas que se implantaron en España a inicios del siglo XX, una buena parte de ellas impulsadas por la burguesía catalana para defender sus intereses, aunque resultasen, a la larga, perjudiciales para el conjunto de España y empobreciese su economía, especialmente a otras regiones. Igualmente, hay que recordar el trato preferencial que el franquismo dio a Cataluña, desde la instalación de la fábrica de SEAT allí a todo el desarrollo industrial que incentivó, para minimizar cualquier movimiento en esa región contrario a la dictadura. Posteriormente, todas las presiones de Pujol y del gobierno catalán desde inicios de los años ochenta fueron asfixiantes, vendiendo caros sus apoyos parlamentarios, revalorizados por la absurda ley electoral que los primaba en su región.

Pero simplemente fijándonos en los últimos veinte años, podemos comprobar el coste del chantaje permanente del independentismo catalán que soportamos el conjunto de españoles:

Después, desde la llegada de Maragall y el PSC –es decir, la sucursal del PSOE en Cataluña–, no dejaron de reclamar más ventajas, como aquella inserción en el estatuto catalán que exigía una inversión de la Administración General del Estado (AGE) en Cataluña igual al peso del PIB catalán sobre el total del PIB nacional.

Así, Zapatero, desde 2004 y hasta 2011, durante su mandato, regó con múltiples fondos a Cataluña con las inversiones regionalizables del Estado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Así, Cataluña vio incrementar esas inversiones un 14,38 % en ese período, en detrimento de lo recibido por Madrid, la otra región comparable en tamaño económico, que en el mismo período vio cómo se reducían esas inversiones estatales en un 44,82 %.

Adicionalmente, el SFA se diseñó de la mano del consejero de Economía catalán, el señor Castells, que exigió que se incluyese un añadido en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, para que Cataluña tuviese acceso al fondo de competitividad, pero estableciendo el límite del índice de capacidad fiscal en el punto que estimaban que llegaría Cataluña, para perjudicar, así, a Madrid. Además, el conjunto de grupos de edad y de tramos y ponderaciones para repartir los fondos, por ejemplo, para calcular la protección equivalente a efectos sanitarios, se realizaron a partir de una propuesta de Cataluña en los grupos de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Es más, el borrador del SFA se sometió primero a aprobación en los órganos de dirección de ERC antes de enviarlo a todas las CCAA.

Por otra parte, ante la catastrófica gestión del socialismo y el independentismo en Cataluña, la región catalana acumuló un exceso de gasto no financiado que estrangulaba a los proveedores, siendo una de las regiones que hizo necesario que el Gobierno de la nación pusiese en marcha el plan de pago a proveedores, ya que la región catalana era una de las que más importe adeudaba a los proveedores.

Así, Cataluña fue la segunda región que más tuvo que recurrir a la financiación del Gobierno español para pagar a sus proveedores en 2012 y 2013, ante los atrasos que acumulaba por sus excesos de déficit, debido a su mala gestión. De esta manera, el ministerio de Hacienda financió la deuda pendiente a proveedores de Cataluña con 6.465,60 millones de euros, un 21,40 % de todos los recursos del plan de pago a proveedores (financiación que, en parte, continúa viva actualmente, en 2023).

Esa mala gestión expulsó a Cataluña de los mercados, que hizo que no se pudiese financiar en ellos por sí misma, tras el fracaso que supusieron los llamados «bonos patrióticos». Por ello, tuvo que ir al mecanismo extraordinario de financiación que fue el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). De esta forma, Cataluña es quien más recursos ha recibido del FLA, ni más ni menos que 98.730,1 millones de euros entre 2012 y 2023, más otros 19.765,8 millones del Fondo de Facilidad Financiera (FFF), el conocido como «FLA bueno». Es decir, a Cataluña el Tesoro le ha colocado deuda en el mercado entre 2012 y la actualidad por valor de 118.495,9 millones, como se puede comprobar en los datos que ofrece el ministerio de Hacienda.

En julio de 2013, pese a sus reiterados incumplimientos, Cataluña recibió un mayor margen para cumplir en ese mismo 2013. Se cambiaron los objetivos a mitad de año y siendo el objetivo medio del 1,3 % de déficit sobre el PIB, por primera vez hubo un déficit asimétrico para cada región. Así, a las más incumplidoras, como Andalucía, entonces gobernada por los socialistas, y Cataluña, se les concedió casi 3 décimas más que a la media, un 1,58 % de déficit, pese a ser de las más beneficiadas por el SFA, a costa de la mayor rigidez impuesta a otras regiones, especialmente a Madrid, que por tamaño tenía que absorber la flexibilidad regalada a Cataluña. El objetivo de Madrid se fijó en el 1,07% de déficit. ¿Qué sucedió? Que Madrid cumplió incluso mejor, con un 1,01% y que Cataluña, pese a la flexibilidad otorgada, incumplió más y se fue hasta el 1,96 %, que provocó, por su peso en el PIB, que el conjunto de las CCAA incumpliesen y se fuesen al 1,54 %. Ese trato preferente, que permitió una desviación de 0,66 puntos del PIB del déficit catalán sobre el objetivo medio (de 1,3 % a 1,96 %), al aplicarlo sobre el PIB nominal de Cataluña en 2013 (192.183 millones de euros), hizo que la deuda que hubo que financiarle a Cataluña a través del FLA fuese de 1.268 millones más de lo que debería haber tenido; deuda del FLA que ahora Sánchez le ha prometido condonársela en parte.

Además, Cataluña, asfixiada por el ingente déficit de su mala gestión, fue quien encabezó la reposición del impuesto de patrimonio en 2012. Sin embargo, como dicho impuesto fue compensado por la AGE en el SFA de 2009, al haber establecido el Gobierno de la nación una exención sobre el 100% del impuesto, que le hizo compensar en el SFA a las CCAA, en aras de la lealtad institucional, sería descontado en las liquidaciones del SFA a las CCAA, tal y como constaba en el punto sexto de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 22/2009, de 22 de diciembre, del Sistema de Financiación de las CCAA de régimen común.

Con esa redacción de la ley, Cataluña –y todas las que lo repusieron– tendrían que devolver lo recaudado por el impuesto de patrimonio en 2012 en la liquidación a los dos años, en 2014. Para evitarlo, en el CPFF se suspendió su aplicación, primero, en diciembre de 2013, y, posteriormente, se suprimió, como así consta actualmente en el texto de la ley, por RDL en marzo de 2014 (RDL 4/2014, de 7 de marzo (DF Cuarta), y en la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, en su DF Cuarta. Esto le permitió a Cataluña ingresar 301,66 millones en ese ejercicio, más cantidades similares cada uno de los años posteriores hasta la actualidad. En 2021, liquidado en 2023, la recaudación ascendió a 594 millones en dicho año. En esos diez años, se le premió a Cataluña con una recaudación entre 3.000 y 5.000 millones más por el cambio normativo para que se quedasen con la recaudación de un impuesto ya compensado previamente. Se beneficiaron todas las que lo repusieron, pero se hizo principalmente por Cataluña.

En diciembre de 2014, debido a la presión de Cataluña, el Ministerio de Hacienda, en un CPFF, aprobó el aplicar un tipo de interés del 1 % a la deuda del FLA anterior, que reestructuró, beneficiando principalmente a Cataluña. Además, prometió deuda tipo cero para 2015, 2016 y 2017 si se cumplían los objetivos de estabilidad, pero, a la larga, se aplicó también a Cataluña, incumplidora. La suma de todas las medidas de ahorro, ascendía, según el ministerio, a 5.552 millones de euros. Como el peso de lo financiado a Cataluña entre el FLA y el Fondo de Facilidad Financiera (FFF, el llamado «FLA bueno») es de un 35,83 % del total y en el plan de pago a proveedores acapara el 21,40 % del total, eso hace que Cataluña se beneficiase de ese mencionado ahorro en una cifra entre 1.187 y 1.989 millones de euros, mientras seguía incumpliendo.

Como vemos, los independentistas catalanes llevan chantajeando a España décadas, sacando más y más dinero al conjunto de españoles, mientras, encima, se quejan. Entonan el «España nos roba» mientras ellos son los que actúan como sanguijuelas con el resto de España, llenos de privilegios y altamente insolidarios con el resto de regiones. Ya está bien.

Ahora, con Sánchez, ya se llevan el botín completo, con la condonación de 15.000 millones de euros de deuda, el traspaso de los trenes de cercanías, la infraestructura ferroviaria de los mismos, financiación adicional por más de 130 millones de euros, la promesa de mejor financiación, la amnistía y el referéndum de independencia. Sánchez destroza a España cediendo ante los independentistas, mientras estos últimos acaparan con todo lo que no se han llevado todavía, aprovechando la debilidad de Sánchez, que está dispuesto a humillarse y a ceder en todo lo que sea necesario para obtener, a cambio, los votos de los independentistas para seguir gobernando. Chantaje que, si resulta investido, se intensificará a lo largo de la legislatura ante cada ley que haya que aprobar. Es, desgraciadamente, un camino que puede ser irreversible, mientras España se empobrece para pagar las «embajadas» independentistas y demás delirios secesionistas a cambio de los votos que necesita Sánchez, que no lo hace por el bien de España, como dice, sino por su propio interés y con los recursos de todos los españoles.