Sánchez le da a Puigdemont el dinero de Page y Barbón

Sánchez, en sus vergonzosos pactos para seguir siendo presidente del Gobierno, donde se ataca, de hecho, a la Constitución y constituye el fin del Estado de derecho en España y de la separación de poderes, ha incluido la futura cesión de todos los impuestos pagados en Cataluña al gobierno catalán. Todos, el 100 %. Ni siquiera el País Vasco y Navarra, con sus regímenes forales, recaudan todos los impuestos. Imaginamos que, dentro de la barbaridad, ese 100% se refiere a los que son imputables a Cataluña, no a los que se ingresen allí por el efecto sede pero que no correspondan a transacción alguna realizada fuera de esa región.

En cualquier, caso, es una barbaridad, porque un régimen distinto al de régimen común no puede tener cabida en nuestro ordenamiento legal, tal y como está estructurado el sistema de financiación de las CCAA, pues al marco general de la LOFCA y al de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, de financiación autonómica, hay que unir la Constitución, que no concede ninguna singularidad en materia de financiación de las CCAA más allá de las del País Vasco y Navarra, recogidas en la Disposición Adicional primera de la Constitución.

No es viable, por tanto, jurídicamente, porque sería tanto como concederles un régimen propio, como los forales, de manera individualizada. Los regímenes forales tienen cabida porque lo recoge, como digo, la DA primera de la Constitución y a ella se remiten las DA primera y segunda de la LOFCA para poder otorgar a País Vasco y Navarra ese tratamiento singular, pero, como digo, nada dice la Constitución de otras regiones, salvo que están enmarcadas en el régimen común. Por ello, en el caso de Cataluña o de cualquier otra región, no tendría cabida, al no tener cobertura constitucional.

Para que hubiese un régimen singular para una de las quince de régimen común, debería ser reformado dicho sistema de régimen común para todas las CCAA de dicho régimen, que supondría ir a un federalismo fiscal, que supondría cambiar radicalmente el enfoque de la financiación regional en España, cosa que no gustaría ni a socialistas ni a independentistas: a los primeros, no les gustaría porque lo que desean es poder intervenir cuanto más mejor en todas las decisiones tributarias de todas las administraciones, como se ha visto con su intrusismo en el impuesto de patrimonio a través de su impuesto a las grandes fortunas o patrimonio bis, que, aunque haya sido avalado por el actualmente politizado Tribunal Constitucional, es claramente inconstitucional. A los segundos, no les gustaría porque temen a la competencia fiscal, porque saben de su pésima gestión y su incapacidad para competir en igualdad de condiciones, hecho que hace que quieran siempre un trato de favor.

Por tanto, individualmente, no es constitucionalmente posible. Además, al hacerse de esa manera individualizada, incumpliría también con el artículo 2.c y 2.e, de la LOFCA, al no garantizar los mismos recursos base para la financiación de los servicios públicos fundamentales a todas las CCAA y al atentar contra la solidaridad, que haría incumplir también el artículo 2 y el 138.1 y 138.2 de la Constitución.

Pero es que, adicionalmente, y aunque fuese aceptado por el politizado Tribunal Constitucional, no sólo supondría un agravio comparativo, sino que quebraría la solidaridad interregional, ya que sólo quedarían Madrid y Baleares como aportantes netas al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF) del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), lo que se traduciría en una menor solidaridad con las regiones con menos recursos y pondría en peligro la prestación de los servicios públicos fundamentales en dichas regiones, por mucho que Sánchez intentase esquilmar más a Madrid.

Si tenemos en cuenta la última liquidación del SFA, correspondiente al año 2021 –pues la liquidación provisional de 2022 no la ha comunicado el Ministerio de Hacienda a las CCAA, al no enviarles las estimaciones de Entregas a Cuenta de 2024 y Liquidaciones provisionales de 2022, con lo que han tenido que diseñar a ciegas sus presupuestos en cuanto a un 70% de sus ingresos, al menos–, podemos observar cómo, de las quince regiones de régimen común son aportantes netas al FGSPF sólo tres, como he dicho antes –Madrid, Cataluña y Baleares, aunque en alguna ocasión Cantabria también entra– y el resto son receptoras netas.

En el SFA no se establece ningún importe con carácter finalista, pero, no obstante, el FGSPF es el fondo en el que oficiosamente se establece la financiación a cubrir esos servicios fundamentales, como la sanidad, a educación o los servicios sociales. Por tanto, una merma en el mismo equivale a menos dinero para pagar la sanidad, la educación o los servicios sociales.

Por ello, si Sánchez perpetrase el otorgar un modelo de financiación propio a Cataluña, inconstitucional a todas luces, la región catalana se quedaría con todos los impuestos y no aportaría nada a la solidaridad del resto de regiones.

En el mencionado 2021, último ejercicio liquidado, la aportación de Cataluña al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales fue de 1.522,43 millones de euros, como podemos comprobar en el cuadro antes representado.

Esa aportación se perdería, sin posibilidad de ser sustituida por ninguna región, pues sólo quedarían la que más aporta, que es Madrid, con 4.577,16 millones y Baleares, la segunda que más aporta per cápita, con 269,24 millones de euros. Pues bien, entre las receptoras netas se encuentran las dos regiones de régimen común gobernadas por los socialistas: Castilla-La Mancha, con 1.322,51 millones, y Asturias, con 399,82 millones de euros, como vemos en su correspondiente cuadro.

Es decir, si a Cataluña se le da un sistema propio y deja, así, de aportar a la solidaridad, sería como decir que se perdería ese dinero casi equivalente al que reciben Castilla-La Mancha y Asturias para pagar sus servicios fundamentales, como la sanidad y la educación. Serían, por tanto, las regiones menos prósperas las que más sufrirían esa pérdida de solidaridad, con lo que Sánchez perjudicaría directamente a quienes menos tienen, en este caso, además, dos regiones gobernadas por los socialistas.

Sánchez, con su pacto, si concede ese sistema propio a Cataluña, le dará a Puigdemont el dinero de Page y Barbón, es decir, el dinero que sus regiones reciben para los servicios de sanidad, educación y servicios sociales de sus ciudadanos, que serán ciudadanos de segunda -igual que el de resto de regiones de régimen común- frente a los de primera que Sánchez genera con ese modelo de financiación que puede entregar a los independentistas catalanes.

Y eso sin contar los recursos que la AGE perderá por la parte que ahora se recauda como estatal y que entregará a Cataluña. Eso o mermará más los recursos del SFA de la parte estatal, con empeoramiento de la financiación de las regiones receptoras netas, o la AGE tendrá que gastar más, tener más déficit y endeudarse más, pagando el resto de españoles esta barbaridad concedida por Sánchez. Otra opción es que Madrid aportase más, pero no da más de sí, porque no puede cubrir esos 1.500 millones adicionales a los casi 4.600 que ya aporta de manera neta. La tercera opción es la descrita antes: las regiones receptoras netas verán mermada su financiación y, con ello, menoscabados sus servicios, salvo que puedan hacerlos más eficientes. Las comunidades de Page y Barbón, entre el resto de regiones receptoras, serán las que más pierdan con este regalo de Sánchez a los independentistas catalanes que rompe la solidaridad interregional establecida en la Constitución. Que Page y Barbón expliquen a sus ciudadanos por qué aceptan que se les considere de segunda, con su voto y/o apoyo, porque Page critica lo hecho por Sánchez, pero no encabeza una rebelión que haga que un grupo de diputados socialistas se oponga a esta barbaridad, y Barbón no sólo no pide oponerse con el voto, sino que ni siquiera lo critica. En el pecado llevan la penitencia, que se lo expliquen, como digo, a sus ciudadanos, a ver si pueden.