Imagen de la reciente tractorada en Madrid.
La difícil solución de la revuelta del campo: prohibir la venta a pérdidas no arregla el problema y puede ser ilegal
Ángel de la Fuente (Fedea) afirma que «lo único que se podría hacer, y no digo que sea una buena idea, es que el comprador de último recurso sea el Estado»
El incremento de los costes para los agricultores y la diferencia con los precios de venta de sus productos empuja desde hace tiempo la idea de prohibir las ventas a pérdidas que se plasmó en la Ley de Cadena Alimentaria. Ahora bien, ¿es posible lograrlo?
Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), lo ve difícil: «La Ley de Cadena Alimentaria es del año 2013, y su versión original tiene bastante sentido: ordenar el mercado alimentario y evitar prácticas de comercio desleal. En el año 20-21 hubo una reforma en la que básicamente se intenta prohibir las ventas a pérdidas por ley, y se dice que los precios tienen que permitir a los productores recuperar sus costes, incluyendo su trabajo y el de su familia. No sé muy bien cómo puede hacerse».
En opinión de este experto, la ley plantea varios problemas: «Si intentas dar al que vende el derecho a recuperar sus costes, alguien ha de tener la obligación de comprar a ese precio. Eso no se puede hacer. No puedes imponer la obligación de comprar a un precio determinado para que un señor que quiere vender pueda recuperarse de sus costes, que son muy altos. Sería ilegal. Además, el vendedor muchas veces tiene incentivos a intentar no exigir un precio tan alto como sus costes. Si lo hace, no vendería, y la pérdida sería mayor».
En definitiva, De la Fuente estima que prohibir la venta a pérdidas «no es factible con el marco legal que tenemos, y además no sería buena idea si se pudiera hacer. Estaríamos dando una garantía a un operador económico que, aunque sea ineficiente, va a poder seguir operando: siempre va a recuperar sus costes. Esto acaba con el proceso natural del mercado, que es uno de los grandes motores del progreso y la ganancia de eficiencia».
¿Cuál es la solución? «Lo único que se podría hacer, y no digo que sea una buena idea, es que el comprador de último recurso sea el Estado: que el sector público se ofrezca a comprar a esos precios. Nos devolvería a la política agraria de siempre, con lo cual no hemos ganado nada».
De la Fuente entiende que haya una preocupación por los agricultores y por la seguridad alimentaria: «Es un modelo muy complicado. Depender tanto en la alimentación de las importaciones, sobre todo de ciertos países, puede ser peligroso. Puede tener sentido mantener una oferta doméstica, pero también tiene sus costes, porque los consumidores tendrán que pagar alimentos más caros, los contribuyentes tienen que encontrar más excedentes y almacenarlos, y a los países en vías de desarrollo que supuestamente queremos ayudar a desarrollar, no les dejamos que nos vendan cosas en las que tienen ventaja comparativa».
«Depender tanto en la alimentación de las importaciones puede ser peligroso»
Como se puede comprobar, el problema no es sencillo, y lo que no hay son soluciones mágicas como incluir en la ley la prohibición de la venta a pérdidas, y ya está.
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