Rueda de prensa de Óscar Puente
Los expertos dudan del alcance real de la auditoría de Óscar Puente y proponen que la haga el sector privado
El ministro encarga a un órgano de Transportes formado por funcionarios de carrera una evaluación más amplia de la que realizaron el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado
El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció este martes una «amplísima» auditoría sobre los contratos de empresas dependientes del Ministerio de Transportes. En particular, sobre las operaciones derivadas de dos órdenes ministeriales que, en lo peor de la pandemia, autorizaron a Puertos del Estado y a Adif a adquirir un total de 13 millones de unidades de mascarillas FFP2.
De ellas, ocho fueron por parte de Puertos y cinco por Adif, según ha detallado Puente en rueda de prensa. El total gastado fueron 32,5 millones de euros. Operaciones que, según Puente, fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas y por la Intervención General del Estado (IGAE) sin que detectaran irregularidades.
El primer de los organismos se limitó a señalar, según adelantó El Diario, la nula experiencia y la falta de datos sobre la empresa de las supuestas mordidas liderada por Koldo García, Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL. En su informe fiscalizador, publicado en octubre de 2022, asegura que «se justificó la elección por ser el mismo al que se encargó la adquisición de mascarillas en Puertos del Estado», en un contrato previo del 20 de marzo de 2020, «y que fue ejecutado de conformidad».
El TCU constató también «deficiencias» en la gestión del expediente, en particular que la firma del certificado acreditativo del inicio, previsto en su normativa interna, fue de fecha posterior, lo que ocurrió también en otros expedientes de la época de la pandemia.
«Tan profunda como quiera»
La intención ahora de Puente es ir ahora más allá con una nueva fiscalización pilotada por la Inspección General de Servicios del Ministerio de Transportes. Se trata de un órgano que, según destacó el propio ministro, «está compuesto por funcionarios de carrera», sin dependencia del Gobierno, que según afirmó tendrán libertad para realizar entrevistas y recopilar la información necesaria. Una información que posteriormente habrán de remitir a las comisiones de investigación del Congreso y el Senado.
«Lo suyo sería haber contratado una firma de auditoría externa para un examen de arriba a abajo»
«Esa auditoría encargada puede ser tan profunda como quiera el ministro: se quedará en disimular», cuestiona un economista consultado con El Debate con experiencia en la contratación pública. «Lo suyo sería haber contratado una firma de auditoría de las Big Four o una española pero con prestigio y hacer una auditoría desde arriba a abajo», abunda el economista José Ramón Riera, que duda del alcance de la investigación de un cuerpo del Estado sobre otro.
«Tendría que ser alguien externo que pueda ver si hubo fallos de la IGAE por motivos de la pandemia y porque se acudió a procedimientos extraordinarios», detalla Riera. En la misma línea, el asesor financiero Víctor Alvargonzález consideraba, en un mensaje en la red social X, que una auditoría, «para ser plenamente objetiva, tiene que estar realizada por un auditor externo que sea totalmente independiente. Y que el encargo –y el pago– sea totalmente ajeno al ministerio o empresa auditada».
Los inspectores de servicio de las inspecciones generales se seleccionan mediante concurso específico convocado al efecto por cada departamento ministerial, en el que se concretan los méritos especiales, cualificaciones profesionales y experiencia requeridos en función de la especificidad del departamento ministerial convocante. Así lo establece el Real Decreto 799/2005, de 1 de julio, por el que se regulan las inspecciones generales de servicios de los departamentos ministeriales. Se trata de funcionarios del grupo A de la Administración con una experiencia mínima de cinco años, y que hayan afrontado una formación específica y superado unas pruebas específicas.
Con el fin de realizar un examen externo, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado solicitó ayer a Transportes copia íntegra de los contratos suscritos por Adif, Puertos del Estado y Correos con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Asimismo los populares se interesaron por el alto cargo de Transportes que autorizó las contrataciones.
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