Chinos y rusos copan más del 80 % de las Golden Visa, que suponen menos del 1 % de las compraventas de vivienda

El Consejo de Ministros abordará este martes la eliminación de la Golden Visa, como anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. España pondrá punto y final a una década de adquisición de permisos de residencia por inversión, siguiendo la estela de otros países europeos como Portugal, después de que Comisión Europea pidiera acabar con este tipo de programas ya en 2022.

El Gobierno justifica su eliminación por el tensionamiento del mercado inmobiliario en ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Palma de Mallorca o Valencia, que son además las más demandadas para este tipo de operaciones. Sánchez considera que esta fórmula fomenta «la inversión especulativa». La medida llega además en un momento en el que la compra de casas por extranjeros ha batido un récord histórico en términos relativos sobre el total de compraventas.

Ideada como fórmula para atraer inversiones y altos patrimonios, la Ley 14/2013 puso en marcha dos tipos de permisos para inversores en España, los visados o Golden visas y las autorizaciones de residencia, de carácter temporal. La concesión de estas autorizaciones corresponde a la Dirección General de Migraciones y su tramitación se realiza a través de la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos.

En diez años, de 2013 a 2023 nuestro país ha concedido un total de 6.200 visados a inversores de todas las nacionalidades. Y dos nacionalidades, rusos y chinos, acumulan más del 80 % de las concedidas, según datos recopilados por Transparencia Internacional, que lamenta la falta de información sobre estas estadísticas.

Desde 2013 España ha concedido un total de 2.712 visados a inversores chinos, y 1.159 visados a ciudadanos rusos. Ello pese a que, en marzo de 2022, recién comenzada la invasión de Ucrania, el ministro José Manuel Albares optó por suspender las concesiones a los ciudadanos de la Federación Rusa.

Tras rusos y chinos la nacionalidad más beneficiada es la iraní, con 203 visados; seguido de la estadounidense, con 179; y los británicos, con 177. En la inmensa mayoría de casos, en torno al 94 %, se corresponden con el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, con la compra de casas o locales comerciales valorados en más de medio millón de euros.

Hay, sin embargo, otras tres fórmulas para lograr este tipo de concesiones, como detallan desde el bufete Navas y Cusí, aunque mucho menos utilizadas. Se trata de invertir al menos dos millones de euros en títulos de deuda pública; invertir al menos un millón de euros en acciones o participaciones de empresas que operan en España, en fondos de inversión españoles, fondos de capital riesgo o depósitos bancarios; e invertir al menos un millón de euros en la creación de una empresa en España «que genere empleo, contribuya a la innovación tecnológica o tenga un fuerte impacto socioeconómico».

Poner «la alfombra roja»

Sánchez dejó caer ayer que este tipo de variantes sí podrían mantenerse, al afirmar que «lo que queremos es poner alfombra roja para quien venga a España a crear empleo, a invertir en innovación o a dinamizar nuestro tejido productivo y no para quienes simplemente buscan especular con un bien como es la vivienda».

Se calcula que entre 2008 y 2018, la Unión Europea ha acogido a más de 6.000 nuevas ciudadanos y cerca de 100.000 nuevos residentes a través de este tipo de programas, con España, Hungría, Letonia, Portugal y el Reino Unido liderando las concesiones, seguidos por Grecia, Chipre y Malta.

«En la práctica estos programas presentan graves riesgos», asegura Amnistía Internacional

«Gestionados de forma adecuada estos programas pueden, en teoría, beneficiar tanto a los países anfitriones como a los solicitantes, si se vinculan a inversiones empresariales, inversiones de emprendedores, creación de puestos de trabajos, entre otros», afirma Transparencia Internacional en su reciente informe Golden visas: la adquisición de permisos de residencia por inversión en España. «Sin embargo, en la práctica, estos programas presentan graves riesgos inherentes a la cleptocracia y, particularmente, al blanqueo de capitales, seguridad, fraude, evasión fiscal y corrupción, entre otros», añade el organismo.

Ana Marina Dorismond, del despacho de inmigración Proyecto Océano y especialista en este tipo de permisos, reconoce que el programa puede haber generado problemas, pero aboga por reforzar los controles en lugar de por su completa eliminación. «Renunciar a ella sería un error, y más en un momento en el que podríamos beneficiarnos al haberla quitado otros países», detalla a El Debate.

Desde Sumar, su portavoz económico en el Congreso, Carlos Martín Urriza, celebró ayer la retirada de la Golden Visa y abogó por ir un paso más, «prohibir comprar una vivienda en la que no se va a vivir». Del lado contrario, compañías del sector como Idealista afirmaron ayer que la medida «no tendrá ningún impacto en el mercado inmobiliario», dado que las operaciones impulsadas bajo esta normativa apenas son un puñado en comparación con las 4,5 millones de compraventas realizadas entre 2013 y 2022. Del mismo modo la patronal Amadei calificó la retirada de «medida populista, cómoda y barata para el Gobierno» pero innecesaria, dado que, a su juicio, «el escaso número de operaciones no contribuye al encarecimiento de la vivienda ni al incremento de la especulación».