Díaz quiere blindar los pluses de los trabajadores tras la subida del SMI

Yolanda Díaz pretende blindar los complementos salariales que cobran los trabajadores para que las empresas no puedan utilizarlos para compensar la subida del SMI, que este año se ha situado en los 1.184 euros mensuales en 14 pagas.

Según explica El Economista, a la subida del salario base por el SMI se le suman de manera automática los pluses y complementos, así que las empresas suelen reducirlos, en una medida que se conoce como absorción o compensación y que es totalmente legal.

Por ello, el Gobierno quiere impulsar una reforma de ley para blindar estos complementos tras la revalorización del SMI, lo que obligaría a las empresas a pagar un salario más alto. Esto se haría en el marco de transposición de la directiva de salarios mínimos que España debería haber adaptado en noviembre del pasado año.

El salario base puede ser inferior al sueldo mínimo, y muchos convenios permiten que las empresas modifiquen los pluses para evitar que las subidas del SMI supongan incrementar el salario de los trabajadores que ya estaban por encima de ese rango.

Tras la última revalorización del SMI, establecida en los 16.576 euros anuales, las compañías pueden alcanzar esta cantidad sumando al salario base el total de los pluses relacionados directamente con el trabajo, como la nocturnidad, la antigüedad o la nocturnidad.

No es la primera vez que los sindicatos trasladan al Gobierno su demanda de revisar la normativa del salario mínimo interprofesional (SMI). En anteriores mesas de negociación, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ya había mostrado disposición para revisar el Real Decreto que establece este salario y abordar varias cuestiones relacionadas. Sin embargo, es la primera ocasión en que esta solicitud se incluye de manera explícita en el acuerdo sobre el incremento del SMI.

Los representantes de los trabajadores esperan poder materializar estos cambios, aprovechando la directiva pendiente de adaptación a nivel europeo. Además, confían en alcanzar un consenso con las organizaciones empresariales, aunque estas aún no se han pronunciado sobre el tema. No obstante, la posibilidad de lograr este consenso parece complicada, dado que el Estatuto de los Trabajadores establece que la definición de la estructura salarial debe acordarse en el marco de la negociación colectiva o en el contrato individual, y no por el Gobierno.

Pese a esta limitación, el Ejecutivo podría acordar algunas de las modificaciones con los sindicatos y luego introducirlas en la adaptación de la norma que se apruebe en Bruselas. De hecho, en las negociaciones pasadas, los representantes sindicales y el equipo de la ministra Yolanda Díaz ya incluyeron una disposición en el borrador de la reducción de jornada, con el objetivo de evitar que se repitiera la situación de aumento de jornada laboral. Esta medida también tendría un impacto salarial implícito, al elevar el precio por hora trabajada.