El tribunal de cuentas catalán alerta de descontrol en la gestión de impuestos de la Generalitat antes del traspaso del IRPF

A punto de consumarse la entrega del IRPF a la Agencia Tributaria de Cataluña como parte de las cesiones de Pedro Sánchez a los secesionistas para la investidura de Salvador Illa, la gestión de los tributos propios de esta autonomía invita a las suspicacias. Es el caso de la tasa turística, que este año la Generalitat pretende aumentar y cuya recaudación ha sido puesta en tela de juicio por el tribunal de cuentas catalán.

El Consejo General de Economistas ha presentado este jueves el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2025 en el que examina la normativa en relación con los tributos cedidos y propios para el año 2025. Destacan este año la deflactación de la tarifa por parte de Canarias –aunque con efectos desde 2024– y las medidas de apoyo a las personas afectadas por la dana aprobadas por la Comunidad Valenciana. Cataluña, con once normativas, sigue siendo la autonomía con mayor número de tributos propios. Pero lo más destacable es el importante incremento registrado de la tasa turística.

La Ley 5/2017 de 28 de marzo introduce impuestos por estancias en alojamientos turísticos, albergues, o cruceros a los visitantes mayores de 16 años durante sus primeros siete días que van desde los 0,65 euros por noche para estancias de menos de 12 horas en Barcelona ciudad hasta los 5 euros en hoteles de 5 estrellas situados en áreas en las que se admitan actividades de juego y apuestas.

La recaudación por este impuesto aumentó en 2023 un 19,5 % respecto al año anterior situándose en los 89,8 millones de euros y ya representa el 10 % de los ingresos propios totales de esta comunidad. Con la excusa del problema de vivienda, de hecho, la Generalitat está a punto de aprobar un incremento de la tasa este año con el objetivo de ingresar los 200 millones de ingresos, de los cuales un 25 % irán destinados «a políticas de vivienda».

Pero el asunto tiene miga. La normativa señala que esta recaudación irá destinada a un fondo para el fomento del turismo dedicado «a financiar políticas turísticas para la mejora de la competitividad de Cataluña como destino turístico y garantizar su sostenibilidad». En la última década este fondo ha recaudado casi 600 millones de euros, pero la gestión del mismo es un tanto opaca.

La Sindicatura de Cuentas de Cataluña, órgano de fiscalización de la gestión económica y del control financiero del sector público, publicó un informe el pasado año sobre el ejercicio 2021 en el que advertía de que, «tal y como está definido el impuesto y, especialmente el Fondo», resultaba difícil «alcanzar unos objetivos que deriven de una planificación turística previa».

Respecto al control, el informe añadía que el hecho de que la gestión del impuesto esté repartida entre el Departamento de Empresa y Trabajo y la Agencia Tributaria de Cataluña, encargada de la recaudación y la inspección, «dificulta al Departamento competente el control y seguimiento de los importes recaudados y de los objetivos previstos».

El comité no detalla las actuaciones del 50 % del fondo

Además, apuntaba, el comité formado por representantes de ambos departamentos solo detallaba el destino del 50 % correspondiente a la parte del fondo relativo a los ayuntamientos en función de la recaudación en su ámbito territorial. «Para el 50 % restante, el comité no especifica las actuaciones o finalidades concretas a las que debe destinarse ese importe», añadía al respecto.

También señalaba la falta de definición de actuaciones concretas sobre el destino del fondo en la práctica frente a la aquiescencia del comité bilateral, que «da por buenas todas las actividades justificadas por las entidades locales que puedan enmarcarse en la actividad turística o en alguno de los grandes objetivos previstos en la normativa». Además, observaba «una falta de justificación de los importes recibidos por diversas entidades locales, y en otros casos se ha justificado un importe menor al recibido».

Cesión compartida

Se da la circunstancia de que la semana pasada, Gobierno y Generalitat pactaron este pasado viernes la «gestión compartida» del impuesto de matriculación, primer paso para la cesión tributaria para Cataluña.

También acordaron una mayor presencia de la Agencia Tributaria de Cataluña en la campaña de la Renta, donde se prevé aumentar tanto el número de efectivos como los espacios de atención a los contribuyentes.