La necesidad de crear un departamento de eficiencia gubernamental en España

El sector público español no ha cuadrado sus cuentas desde 2007. En los peores años del déficit público los tímidos intentos de ajustar el gasto por parte del Gobierno de Mariano Rajoy se vieron fuertemente contestados desde la izquierda al grito de «austericidio».

Y es que somos una sociedad adicta a la deuda pública. A tercer trimestre de 2024 la deuda alcanzaba un 104 % del PIB, o lo que es lo mismo 1.622.259 millones, 57 mil millones más que el año anterior. En los últimos diez años (2014-2023) el Estado ha gastado, de media, casi un 10 % más de lo que ha ingresado –normalmente el déficit se pone en relación con el PIB, y dado que el gasto público supone un poco menos del 50 % del mismo, se consigue así «maquillar» la magnitud del descuadre–.

Obviamente esto es insostenible, más aún cuando somos una sociedad sin hijos, que importa inmigrantes de baja cualificación que lastran la productividad. En el momento en el que los mercados dejen de comprar nuestra deuda pública –que ocurrirá cuando finalmente constaten que nadie tiene intención de pagarla– se habrá acabado la fiesta y llegará la resaca.

Imaginemos por un momento que no tuviéramos por líderes a unos políticos cortoplacistas cuyo único incentivo sea la reelección de cuatro en cuatro años. ¿Qué debemos hacer para evitar el desastre al que nos dirigimos?

Hay dos salidas posibles:

Inflación. Hacer que las deudas del Estado se diluyan gracias a un largo periodo de tipos reales negativos, con el consiguiente empobrecimiento de la población (en especial de las rentas más bajas). Un banco central serio debería poder hacer de dique de contención contra esta estrategia… aunque los Estados tienen recursos para sortear este impedimento, como por ejemplo garantizar los préstamos ofrecidos por el sector bancario, y de esta forma incrementar de forma efectiva la masa monetaria. Recortar drásticamente el gasto público. La buena noticia es que hay mucho que recortar, ya que ninguna consideración de eficiencia en el gasto suele cruzar la mente de los políticos (entre otras cosas porque muy pocos han trabajado en cargos de responsabilidad en el sector privado), cuya tendencia es a «consumir» la asignación presupuestaria del departamento de turno con el fin de que la cuantía a gastar no disminuya al año siguiente.

¿Qué gastos recortamos? Un tercio del gasto público total (incluyendo CCAA y entidades locales) son pensiones y subsidios sociales por desempleo, renta vital mínima etc. Dejando intactas las pensiones (que suponen un cuarto del gasto), eliminar el grueso de las «paguitas» (6 % del gasto) debería ser algo deseable para cualquier gobierno con el fin de desincentivar la economía sumergida y evitar el clientelismo. Solo con esto ya cuadraríamos la mitad del presupuesto.

Algo más de un tercio son partidas en las que no hay margen de recorte o en las que las eficiencias llevarían años. Un 10 % son intereses de deuda que no se pueden tocar; el 21 % es gasto sanitario y educación, donde hay potenciales mejores en el uso de los recursos pero requieren de varios para su consecuión; y Defensa y Seguridad representa el 3 %, aunque probablemente nos veamos obligados a incrementar estas partidas.

El tercio restante es un campo fértil para los recortes. ¿Tienen algún impacto real los 8.000 millones anuales para «fomento del empleo»?, ¿o los más de 2.000 millones anuales para «acceso a la vivienda»?, ¿necesitamos gastarnos más de 2.000 millones al año en política exterior, 3.500 millones en subvenciones al transporte, 1.700 millones en «comercio, turismo y pymes»…?

El empleo público no para de crecer. De acuerdo con un estudio del CEU Cefas de 2024 si el empleo público hubiera crecido desde 1976 hasta 2023 al mismo ritmo (en lugar de al triple) que el sector privado, sobrarían 1,5 millones de empleados públicos de los 3,6 millones totales, lo que supone un sobre coste anual de más de 73.000 millones anuales. Señalar que el 48 % de los funcionarios teletrabaja, frente a un 15 % en el sector privado.

¿Tiene sentido que CCAA y Entes Locales puedan gastar nuestro dinero en cooperación internacional con programas millonarios para todo tipo de proyectos disparatados como por ejemplo la Asociación mujeres migrantes diversas (Mozambique), o la asociación ecuatoriana Unidad Cantonal de Cotacachi y su proyecto de Justicia de género desde la perspectiva de la justicia climática? ¿O que el Estado utilice la Agencia Española de Cooperación Internacional para financiar iniciativas como por ejemplo Empoderamiento femenino para la resiliencia socio-ecológica de la cadena de valor del café frente al cambio climático en Etiopía?

Y, por supuesto, es esencial meter la tijera en cargos políticos, asesores, chóferes de políticos, subvenciones fiscales al cine, publicidad institucional en medios afines etc. por mucho que las cantidades absolutas de estas partidas no muevan la aguja del déficit: cuando se exigen sacrificios a los ciudadanos los políticos deben ser los primeros en dar ejemplo.

Ahorros masivos

Los recortes tienen que ser muy ambiciosos, no basta con cuadrar las cuentas. Es imprescindible generar ahorros masivos con el fin de evitar una grave crisis social. El invierno demográfico al que nos enfrentamos va a suponer el colapso del sistema de pensiones tal y como lo conocemos. La única solución es ir a un sistema mixto de capitalización obligatoria como en algunos países de nuestro entorno. Pero para ello tenemos que financiar el periodo de transición que exige destinar unas partidas enormes del presupuesto público a dicho cambio de modelo.

Por todo ello, queremos para España un departamento de eficiencia gubernamental similar al que lidera Elon Musk en EEUU. Queremos que el Estado dé un paso atrás en todos los ámbitos donde no debería estar presente, y queremos un plan de eficiencia que maximice el impacto de cada euro gastado por el Estado.