Los desafíos financieros del gasto en defensa y la trampa de sacarlo del déficit

Según el Real Instituto Elcano, el gasto en defensa en España alcanzó los 19.723 millones de euros en 2024. Con un PIB para el mismo año que el INE estima en 1,593 billones, el gasto en defensa se quedó en el 1,2 %; considerablemente alejado del objetivo del 2 % que –de momento– sirve de consenso y exigencia para los socios de la OTAN y para su principal financiador, EE.UU.

Una precisión debe hacerse en este punto. Existe un conjunto de inversiones públicas desconocido para la opinión pública general que, por su carácter dual, también computarían desde la perspectiva del objetivo OTAN. Me refiero a inversiones en infraestructuras de naturaleza originariamente civil pero de potencial uso militar en caso de conflicto bélico. Así, por ejemplo, la ampliación de un puerto o aeropuerto podrían computarse como gasto en defensa si se justifica su posible uso militar llegado el caso. Poco más puedo aportar sobre esto dada la escasa información disponible.

En un breve pero interesante artículo de Enrique Feás publicado en 2022 por el mismo think tank que citamos al inicio, sostenía que el gasto en defensa era un bien público genuinamente europeo. Los economistas saben que una de las características consustanciales a los bienes públicos frente a los privados es que su consumo genera efectos externos positivos incluso a quienes no contribuyen a pagarlos. Así las cosas, si Alemania, Suecia, Francia e Italia financiasen un escudo antimisiles para protegerse de la amenaza rusa, España se beneficiaría de ese gasto incluso sin aportar un solo céntimo.

El correlato lógico a aceptar que el gasto en defensa es un bien público europeo sería que su financiación tendría que proceder del mismo ámbito territorial. También el esfuerzo en términos de despliegue de tropas. Lo anterior plantea dos cuestiones no menores. La primera que el Reino Unido entraría en el esquema en tanto que beneficiario del bien público «defensa europea». La segunda que el esquema de la financiación debería ser mancomunado.

Con una magnitud estimada de 800.000 millones, sólo una emisión de deuda pública de similar cuantía podría lograr esta cantidad de dinero. Aquí se levanta otra importante barrera. La posición que más pesa en la Comisión Europea es que cada país se las apañe emitiendo la deuda soberana que precise en lugar de recurrir a una emisión con respaldo europeo frente al riesgo de impago.

Teoría y práctica política suelen tomar caminos diferentes. Si la primera sostiene que la defensa es un bien público europeo (y debería financiarse por la UE y el Reino Unido mancomunadamente), la segunda apunta a que cada cual se las apañe con su propia credibilidad en los mercados para pedir dinero.

El único alivio al que la Comisión está dispuesta es volver a permitir que el gasto en defensa no compute ni en el déficit ni en la deuda pública

El único alivio que la Comisión Europea está dispuesto a permitir es volver a permitir que el gasto en defensa no compute ni en el déficit ni en la deuda pública a efectos de aplicar el denominado Protocolo de Déficit Excesivo. Son nuevas trampas en el solitario.

Actualmente la Comisión permite no computar ni en el déficit ni en la deuda pública inversiones como las destinadas a la transición verde y digital, defensa u otras autorizadas. Si ahora suponemos que España decide alcanzar el 2 % y lo hace recurriendo al endeudamiento, la deuda se elevaría en 12.140 millones adicionales.

Este incremento en el gasto en defensa no sólo tendría que mantenerse anualmente sino que tendría que crecer a la misma tasa de incremento anual del PIB (para seguir representando el 2 %). El crecimiento nominal del PIB español entre 2023 y 2024 fue del 6,3 %. A ese mismo ritmo tendría que aumentar el gasto en defensa año a año tras el empujón inicial que lo llevase al 2 %.

Todo esto habría que hacerlo en la convicción de que las agencias de calificación de riesgo van a seguir poniendo una buena nota al gran volumen de deuda emitida.

Un último apunte para dar más contexto. Diariamente, los ahorradores se asoman a los mercados y observan que la diferencia entre la rentabilidad que ofrece el bono americano y el europeo es de un 2 % a favor del primero.

Sólo una determinación fuerte puede lograr una capacidad de defensa europea suficientemente disuasoria. Sólo la percepción clara de una amenaza creíble puede llevar a ese escenario.

• José Manuel Cansino es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, profesor de San Telmo Business School y académico de la Universidad Autónoma de Chile / @jmcansino