Sí a las renovables, no a la nuclear: el apagón pone en cuestión la estrategia energética del PSOE

La política energética, como tantas otras, es una cuestión de ideología. Y, desde 2018, la ideología ha derivado en España en la penalización a las centrales nucleares y una apuesta decidida por las energías renovables que, sin embargo, no se ha visto acompañada con las suficientes tecnologías de respaldo.

La apuesta estratégica del Gobierno de Pedro Sánchez y su valido en materia energética, Teresa Ribera, se plasmó en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC. Su horizonte temporal se fijó para 2030, si bien se actualizó el año pasado para dotarlo de mayor ambición. El documento establece las líneas generales para reducir las emisiones de efecto invernadero un 32 % en comparación con 1990, incrementar un 43 % la eficiencia energética y elevar hasta el 81 % la penetración de renovables en el sistema energético.

Para ello marca unas metas pero no obliga a cumplirlas, con una excepción: el cierre de las centrales nucleares. La clausura escalonada de los siete reactores españoles entre 2027 y 2035 «es lo único escrito en piedra en el PNIEC, todo lo demás es orientativo», critican fuentes del sector, que apuntan directamente a la postura antinuclear y a la de su ex secretaria de Estado de Energía y actual sucesora al frente de Transición Energética, Sara Aagesen.

El documento marca que en 2030 habrá tan solo 3,2 GW de generación nuclear, frente a los 7,4 existentes actualmente, por la clausura de Almaraz I y II en 2027 y 2028, Ascó I y Cofrentes en 2030, cuando expiren sus respectivas licencias de operación, dado que según la legislación actual no se pueden prorrogar más allá de esa fecha.

Actualmente las centrales ya se ven sobrecargadas por unos impuestos mucho mayores que el del resto de sistemas de generación, hasta el punto de que pagan 28 euros por cada MWh producido solo en impuestos, el 40 % de su facturación total, cuando en 2019 apenas rondaban los 16,5.

Como consecuencia, cuatro de los siete reactores españoles se desconectaron en Semana Santa, y se sumaron a un quinto en parada rutinaria por recarga, incapaces de hacer frente a un alud de producción de energía renovable eólica pero sobre todo fotovoltaica. Una tónica cada vez más habitual, que de hecho llevó al país a alcanzar, el 16 de abril, el hito histórico de cubrir el 100 % de su demanda con energías renovables.

«Esta carga fiscal, aplicada de forma específica a la energía nuclear, carece de justificación en cuanto a servicios concretos prestados por la administración y no tiene precedentes comparables en el ámbito internacional. Su diseño y aplicación parecen responder más a un sesgo político del actual Ejecutivo que a una lógica técnica o económica, comprometiendo así la viabilidad de una fuente de energía», afirma en un documento publicado este miércoles la Fundación Civismo.

No es el único que opina así: «El parque nuclear en nuestro país se enfrenta a un problema «artificial» de viabilidad económica por su elevada fiscalidad», señalaba en abril de 2024 la consultora PwC.

En España las centrales no solo pagan la tasa Enresa para sufragar su desmantelamiento –que Teresa Ribera elevó un 30 % justo antes de dar el salto a Bruselas como comisaria de competencia–: tienen otros dos impuestos específicos, incluyendo una tasa autonómica (salvo Trillo, después de que los tribunales tumbaran el intento de Castilla-La Mancha), que se suma al IBI, el Impuesto de Actividades Económicas, la tasa al Consejo de Seguridad Nuclear y una tasa a la Guardia Civil por la protección de las plantas, donde hay una dotación específica de la benemérita. Todo esto se suma a los cargos habituales que afronta la generación energética, incluyendo los pagos al operador del sistema y el bono social.

Mientras tanto, en países del entorno como Reino Unido, Italia o Polonia la tecnología nuclear vive un renacer con el objetivo de descarbonizar la economía, una meta que los expertos no ponen en duda. «Vamos a ayudar a Reino Unido a alcanzar las cero emisiones», reza un cartel sobre la cúpula del nuevo reactor Hinkley Point C, el primero construido en Reino Unido en décadas. Según la Agencia Internacional de la Energía, la generación de electricidad nuclear en 2024 aumentó en 100 TWh, el mayor incremento de este siglo sin contar la recuperación pos-Covid. Y el inicio de la construcción de centrales nucleares creció un 50 % en 2024.

Por el contrario, el Gobierno ha realizado una potente apuesta por las energías renovables, que llevó a que solo en 2024 se incorporaran 7,3 GW al sistema, la misma cifra que aportan las centrales nucleares. El problema es que dicha tecnología, defendida también por los expertos, es más inestable que fuentes tradicionales como la generación hidroeléctrica, los ciclos combinados de gas o las propias nucleares, que permiten responder con más agilidad ante circunstancias inesperadas como las que parece que iniciaron el histórico apagón del pasado lunes.

Como adelantó El Debate a primera hora de la mañana del martes, «en el momento del apagón había una fuerte aportación de las renovables, con hasta un 65 % de la generación de fuentes fotovoltaicas. «Una red en esas condiciones es muy frágil. Las renovables, especialmente las fotovoltaicas, no tienen inercia y si se produce un apagón no tienen capacidad de respuesta. Ese es el problema. Casi la mitad del parque nuclear estaba desconectado, y tampoco había casi nada de gas. Las renovables tienen poca capacidad para responder a un problema de este tipo», apunta Adolfo García Rodríguez, expresidente de la Sociedad Nuclear Española.

Pinchazo en almacenamiento y coches eléctricos

Para compensar esta implantación de renovables, el PNIEC contempla la instalación de 22,5 GW de capacidad hasta 2030, fundamentalmente mediante baterías que permitan almacenar la generación renovable y reforzar la estabilidad del sistema. Sin embargo, esta implantación se mantiene en niveles muy bajos, con solo 3 GW de almacenamiento puro mediante centrales de bombeo. El almacenamiento estacional ( hidráulica de embalse) y la termosolar eleva esta cifra hasta los 8 GW, y Transición Ecológica prevé un aluvión de nuevos proyectos, pero que no entrarán en funcionamiento, como pronto, hasta dentro de 24 meses.

Otro punto del PNIEC que acumula un importante retraso es la implantación del vehículo eléctrico. De 5,5 millones que se prevén para 2030, apenas circulan en España 373.000, lo que impacta en la previsión de demanda y también en el almacenamiento, dado que estos vehículos pueden funcionar como ‘baterías rodantes’, ayudando a estabilizar la red cuando están enchufados o surtiendo de energía a un domicilio.

En paralelo, los pagos por capacidad a las centrales de ciclo combinado de gas acumulan un importante retraso, y la propuesta de regulación no salió a audiencia pública hasta el pasado mes de enero. Esto ha minado la rentabilidad de esta tecnología, que también dota de estabilidad al sistema que, a diferencia de las nucleares, emite gases contaminantes.

Por último, mientras España ha puesto en marcha una transición energética a toda velocidad, hay quién cuestiona que se hayan ejecutado de forma paralela las inversiones necesarias en la red de distribución. Sobre ello ponía el foco el expresidente de Red Eléctrica Jordi Sevilla.

El también ex ministro con Zapatero y actual responsable de Contexto en LLYC considera, en un artículo en Cinco Días, que «nuestra red eléctrica necesita inversiones para adaptarse a la realidad técnica del nuevo mix de generación». Y concluye, contundente, que el PNIEC «se planificó desde un despacho, con demasiado mesianismo renovable y haciendo oídos sordos a los problemas técnicos asociados a un cambio tan importante en el mix energético de España y su correspondencia con las redes eléctricas».

Pese a todo ello, fuentes próximas al Gobierno descartan cambios de calado en el PNIEC, aunque sí anticipan cambios en la operativa una vez que se conozcan los detalles sobre las causas del apagón. Ya abrió la puerta a ello el propio Pedro Sánchez, el martes, tras su reunión con las energéticas en Moncloa. Adoptaremos las medidas necesarias para que no vuelva a pasar