La nociva política energética de Sánchez

El episodio sufrido el pasado lunes 28 en España, con el apagón generalizado en todo el territorio peninsular, en el que nos quedamos sin energía, sin metro, sin tren, sin teléfono, sin luz, sin comunicaciones, con el consiguiente desasosiego y, también, con el coste económico que conlleva, no tiene precedentes.

Unido a ello, la ausencia de declaraciones durante mucho tiempo tanto por parte de Red Eléctrica como del Gobierno, más allá de palabras con poca profundidad; la indeterminación en la respuesta y, sobre todo, la inexistencia de unas explicaciones claras sobre lo que ha ocurrido, convirtieron la jornada del lunes en desastrosa.

Y para más inri, la cerrazón del presidente del Gobierno a reconocer lo obvio, lo que cualquier experto afirma, que no es otra cosa que el exceso de renovables fue determinante en el apagón, por la falta de capacidad de dichas energías para adaptarse ante cambios de tensión, es lamentable. Dice Sánchez que no sabe por qué ha sido, pero que no ha sido por falta de energía nuclear y por exceso de renovables, y que quien sostenga esto, miente. Pues debe de estar mintiendo todo el conjunto de técnicos que sostienen, con datos, argumentos y estudios en la mano, que ése es el motivo, por mucho que le moleste al Gobierno.

De los 10.000 millones de euros de producción que pudieron perderse en las cerca de diez horas que duró el apagón generalizado, el impacto en el PIB que puede tener podría alcanzar los 1.162 millones de euros, con un efecto directo de 433 millones, uno inducido de 376 millones y un efecto renta de unos 353 millones de euros.

Sin desdeñar esas cifras, puede que no parezcan muy relevantes desde el punto de vista económico, pero sí que lo son desde el punto de vista de la fragilidad que implica en el sistema económico español que se pudiese repetir un problema de esta naturaleza. Ese impacto de casi 1.200 millones de euros en el PIB podría multiplicarse no sólo si se prolongase, sino también si se repitiese, pues la seguridad sobre la economía española se vería mermada al no poder asegurar su abastecimiento y suministro.

Más allá de las cifras de impacto económico, el verdadero problema, como digo, es que sucediese dicho siniestro, que pueda volver a suceder y las causas que lo provocaron y pueden provocarlo. Es cierto que todavía no está del todo claro, entre otras cosas porque quienes tienen que arrojar esa claridad —Red Eléctrica y el Gobierno— no lo hacen, pero también es cierto que el riesgo de un apagón como el que vivimos era alertado desde hace tiempo por algunas empresas energéticas y por distintos especialistas en la materia.

El problema es que tenemos un sistema energético sumamente frágil ante posibles picos de tensión que se puedan generar, y no por falta de tecnología o de saber hacer, sino por la intervencionista legislación basada en el fundamentalismo medioambiental, que desdeña la entrada de energías estables, preparadas para ajustarse ante los picos de demanda y oferta energética, frente a la apuesta por la participación preferente en el mix energético de las energías renovables, que no cuentan con esa capacidad para amortiguar esos picos de tensión.

Sin la participación en proporción importante de estas energías, se carece de suficiente energía con inercia rotacional que corrija esos desajustes, de manera que se pueden provocar desviaciones en la frecuencia. ¿Cuáles son las energías sin esa capacidad de inercia rotatoria? Las renovables (salvo la hidroeléctrica).

Como la normativa introduce la priorización de la entrada de las renovables en el mix energético, en momentos de gran producción de energía renovable no hay suficiente energía tradicional que pueda estabilizar el sistema en caso de que se produzca una perturbación por cambios significativos en la demanda o en la generación de electricidad. Cuando se produjo el apagón, alrededor del 70 % de la energía generada procedía de las renovables, que impidió que el desajuste producido en la tensión fuese estabilizado por la inercia rotatoria de las energías tradicionales.

Esta obcecación en dejar fuera a la energía nuclear —que es por la que España debería apostar claramente, sin dejar al margen las otras fuentes— y al gas, basado en un fundamentalismo medioambiental que niega el carácter no contaminante de la energía nuclear, provoca incremento de costes, que deriva en subida de precios y en pérdida de poder adquisitivo de los agentes económicos, así como en merma de competitividad de la economía española; y, por otro lado, deja el sistema energético en una situación de fragilidad que nos puede llevar a situaciones tercermundistas como la vivida este lunes. Debe rectificarse con urgencia esta política energética y apostar por la energía nuclear y el gas dentro del mix energético, sin descartar el resto de energías. Sólo una persona inepta, soberbia, arrogante, fanática y carente de escrúpulos puede cerrar los ojos ante ello y llevar a su país al riesgo de sufrir más apagones, al tercermundismo energético, fruto del fundamentalismo medioambiental.

• José María Rotellar es profesor de Economía y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria