Los efectos del control de precios: alquilar un piso en Barcelona es cuatro veces más difícil que en Madrid

Dos años después de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, una normativa que el Gobierno sacó adelante con el apoyo de Unidas Podemos y con el objetivo principal de promover el acceso a la vivienda, el panorama es desolador. El stock de viviendas de alquiler de larga estancia se ha reducido casi un 15 %, y el número de interesados por un piso ha crecido a un ritmo de un 214 %, provocando que los precios se disparen, según se desprende de una nueva oleada del Barómetro del Alquiler elaborado por el Observatorio del Alquiler, de la mano de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos.

El fracaso es mayor en las zonas en las que se ha aplicado el límite de precios, como es el caso de Cataluña. En marzo de 2024, la comunidad dirigida por Salvador Illa se convirtió en la primera comunidad autónoma en la que se declararon zonas tensionadas, que afectaron, inicialmente, a 140 municipios, a los que meses después se sumaron otros 131, abarcando más del 90 % de la población total de la región.

Lejos de congelar el precio del alquiler, los precios han seguido subiendo, y las medidas de intervención han generado desconfianza entre propietarios, que han optado por reiterar sus inmuebles del mercado o reorientarlos a otras modalidades de alquiler.

El número de interesados por cada vivienda que sale al mercado en un plazo de diez días en Cataluña triplica a la media española. Además, su incremento ha sido mucho mayor, y es que se ha multiplicado por cinco desde 2023 –último año completo sin límite de alquileres–, pasando de 64,9 a 344 personas.

La situación es peor en Barcelona, donde la presión alcanza los 437 contactos por inmueble. Es una cifra menor a la que se registraba hace un año, pero, en cualquier caso, sigue siendo la más alta del país, y demuestra las enormes dificultades que enfrentan los inquilinos barceloneses para acceder a un hogar.

Si se compara con Madrid, la provincia a la que el Gobierno acusa de no aplicar la Ley de Vivienda y de destruir más oferta por ello, alquilar un piso es cuatro veces más difícil.

La causa principal es la destrucción de la oferta. Las medidas de intervención pública han aumentado la incertidumbre y la desconfianza en un mercado ya de por sí muy sensible, lo que ha ahuyentado a muchos propietarios, que han optado por desviar sus propiedades hacia otras modalidades de alquiler, especialmente los arrendamientos temporales.

Así, si en el año 2023 se promocionaron un total de 132.259 viviendas en la provincia de Barcelona, el año siguiente esta cifra se contrajo hasta las 95.216. Mientras, en Madrid la oferta apenas ha caído en 1.000 inmuebles, pasando de 152.045 a 151.222.

Sin embargo, pese a que el objetivo de la declaración de zonas tensionadas era topar los precios para, si no bajarlos, por lo menos congelarlos, los datos del Observatorio del Alquiler no apuntan en esa dirección. Barcelona sigue siendo la provincia más cara para vivir de alquiler en España, con una media de 1.649 €. Le siguen de cerca las Islas Baleares, con 1.645 €.

Con esta situación desde Alquiler Seguro aseguran que «parece razonable dudar de la efectividad de medidas intervencionistas como la declaración de zonas tensionadas», que, además, ha seguido extendiéndose a otros territorios en el País Vasco, Navarra o Galicia.

«Los jóvenes y las familias barcelonesas encuentran grandes dificultades para acceder a una vivienda en la provincia de Barcelona, pero este tipo de decisiones resultan contraproducentes y ponen en jaque la creación de oferta en los lugares donde se aplican», sentencian.