Solo tres comunidades autónomas tienen dos cotizantes por pensionista

La sostenibilidad del sistema de pensiones sigue preocupando a los expertos. Y es que el modelo está sometido a importantes tensiones, sobre todo ahora que ha comenzado a jubilarse la generación del baby boom, los nacidos entre 1960 y 1975. Y aunque la reforma de José Luis Escrivá ha aumentado los ingresos procedentes de las cotizaciones –como el MEI o la cuota de solidaridad–, no es capaz de tapar un agujero que está obligando al Gobierno a destinar dinero de otras partidas presupuestarias para cubrir ese déficit –las llamadas transferencias corrientes–.

Solo hay que observar la ratio cotizantes-pensionistas, que relaciona el número de ocupados que cotizan a la Seguridad Social –dato más fiable– y de receptores de una pensión, que actualmente se sitúa en el 1,6. Es decir, hay un ocupado y medio por cada pensionista.

En agosto de 2025, últimos datos disponibles, había 16.750.651 cotizantes, con una base media de 2.276 euros. Mientras que el número de personas que cobran alguna pensión –jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares– se ha situado en 10.374.297.

Solamente Madrid, Baleares y Canarias se encuentran en el dos o por encima de él, lo que se considera como un equilibro. Y en comunidades autónomas envejecidas como Asturias y Galicia hay un cotizante por cada pensionista.

Más nuevos jubilados que nacimientos

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al mes de junio, en el primer semestre del año nacieron en España 155.635 bebés. Si nos fijamos en el mismo periodo de las cifras publicadas por el Ministerio de Seguridad Social observamos que se registraron 183.696 nuevas altas de jubilación.

Esto supone que entre enero y junio de 2025 hubo un 18 % más de jubilaciones que nacimientos, una brecha que ya tuvo lugar el pasado año y en 2023 y que ha continuado creciendo por tercer año consecutivo.

Esto está relacionado de manera indirecta con el número de personas que se incorporan por primera vez al trabajo y aquellas que abandonan la vida laboral por jubilación. Y es que, según los datos de un análisis desarrollado por el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, solo 1.826.197 de jóvenes pasarán a formar parte de la población activa en los próximos diez años, cuando se espera que se jubilen 5.318.600 personas.

En otras palabras, por cada tres personas que se jubilan, solo una se incorporará al mercado laboral, lo que evidencia un llamativo desequilibrio para el sistema de pensiones y para el mercado laboral. Pero existen comunidades autónomas donde la situación es mucho más desfavorable.

País Vasco es la región más perjudicada de España, con 4,6 personas que se jubilan por cada una que se incorporará al mercado laboral. Le sigue Castilla y León y Galicia cuyo índice se sitúa en 4,4. También Asturias con 4 nuevos pensionistas frente a un nuevo cotizante.

Se trata de regiones que presentan una tasa de envejecimiento alta y una tasa de actividad de las personas jóvenes inferior a la nacional. Por ejemplo, «en País Vasco, la participación de los menores de 25 años en el mercado laboral es del 27 %, cifra inferior a la nacional, del 37,8 %», explican en el informe.

En el lado opuesto se encuentran Murcia (2), Cataluña (2,2) y Baleares (2,6), que presentan una previsión algo más favorable, aunque igualmente crítica.

Desfase entre gastos e ingresos

Muchos expertos llevan tiempo alertando del desfase existente entre ingresos y gastos. Este es el denominado «saldo contributivo», que es el resultante de restar los ingresos contributivos –aquellos que no tienen en cuenta las transferencias del Estado y las cotizaciones por cese temporal– y el gasto en pensiones.

Un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económica (Ivie) y del Instituto Polibienestar cifra dicho déficit en 30.000 millones de euros. Esto supone, que por cada pensionista ya se sacan más de 3.200 euros de otras partidas presupuestarias.

El Banco de España ya alertó hace unos años de la complicada sostenibilidad del sistema. En 2020, cuando Pablo Hernández de Cos era el gobernador, el regulador financiero advirtió en el informe Una estimación del rendimiento financiero del sistema de pensiones que cada jubilado cobra un 74 % más de lo que aportó cotizando a la Seguridad Social. Es decir, por cada 1.000 euros cotizados como trabajadores, los pensionistas reciben 1.740 euros.

Un año antes, Fedea también publicó un estudio donde se estimaba que los jubilados españoles cobran su pensión durante un promedio de 21 años, a pesar de que sus aportaciones al sistema sólo permiten financiar con suficiencia el equivalente a 16 años de pensión. La estimación del Banco de España sitúa esa brecha en ocho años.

En el informe también se explica que España es un país «de reparto» y que «puede entenderse como un mecanismo de inversión en el que los participantes aportan fondos durante su vida activa con el fin de recibir en el futuro dichos fondos junto con un cierto rendimiento acumulado, en forma de renta vitalicia».

Sin embargo, este esfuerzo lo hacen las administraciones del Estado, ya que para ellas las pensiones suponen un gasto del 31 %. Un esfuerzo que va a tener que ser mayor en el futuro.