Díaz blinda el alza del SMI ante Hacienda y pone en un brete a Montero por el pago de impuestos

El varapalo sufrido en el Congreso con la reducción de jornada no ha mitigado los ánimos de Yolanda Díaz. Apenas un día después de aprobar a través del Consejo de Ministros el polémico endurecimiento del control horario, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha encargado a su comité de expertos que empiece a trabajar en el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), blindado esta vez ante eventuales injerencias del Ministerio de Hacienda.

Díaz ha pedido a los académicos y representantes sociales que elaboren dos escenarios para 2026: uno con el SMI exento de tributación en el IRPF y otro sometido al tipo marginal vigente. De esta manera, será Hacienda quien decida finalmente si el salario mínimo tributa o no, pero Trabajo se asegura de mantener intacto su relato de cumplimiento de la Carta Social Europea, que establece que la renta mínima debe situarse en al menos el 60 % del salario medio.

«Soy clara: vamos a cumplir con la Carta Social Europea, exento de tributación o tributando. Y no nos vamos a distraer en discusiones», insistió la vicepresidenta en un claro mensaje a María Jesús Montero, con quien ya protagonizó un sonado enfrentamiento el pasado febrero por este mismo asunto. Entonces, Hacienda se negó a elevar el umbral mínimo del IRPF y obligó a improvisar una deducción temporal que evitara que buena parte de los perceptores del SMI tuviesen que pagar impuestos.

El encargo busca evitar que el debate vuelva a enquistarse en el seno del Gobierno, como ocurrió durante la última subida, cuando Trabajo y Hacienda llegaron a romper negociaciones horas antes del Consejo de Ministros. En esta ocasión, la ministra ha marcado un calendario rápido y ha pedido que el informe con las recomendaciones esté listo «lo antes posible» para poder llevarlo a la mesa de diálogo social con patronal y sindicatos.

Montero ya logró imponerse en febrero, cuando frenó la intención de Díaz de blindar el SMI contra la tributación y forzó una solución de compromiso con deducciones fiscales temporales. Ahora Trabajo está decidido a no ceder terreno en un asunto que se ha convertido en su principal bandera tras el fracaso de la reducción de jornada.

Y la maniobra tiene una segunda lectura: Andalucía, comunidad que Montero aspira a presidir en las elecciones de 2026, es la que concentra más perceptores del SMI –unos 510.500, según datos del propio Gobierno de 2024–, por delante de Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Díaz pone así a su compañera de gabinete en un complicado dilema: o acepta un SMI exento de tributación con el consiguiente mordisco para las arcas públicas o se arriesga a cargar con el coste político de gravar a los perceptores en plena precampaña andaluza.

Concentración de salarios

Pero más allá del debate político, lo cierto es que los expertos están muy preocupados por las continuas subidas del SMI, que ha crecido un 61 % desde 2018. Según la AIReF, el salario mínimo se ha convertido ya en el más frecuente de la economía española y afecta al 7,4 % de los asalariados, frente al 3,5 % de 2018. Ese bunching o agrupamiento de sueldos en torno al SMI implica que cada vez más trabajadores con experiencia o cualificación media acaban percibiendo salarios apenas por encima del mínimo. En la práctica, los incrementos del SMI no están arrastrando al alza al resto de la pirámide salarial, sino que la están estrechando por abajo.

Por ejemplo, y según datos de la Encuesta de Estructura Salarial del INE, el sueldo más habitual en España se situó en 2023 en 15.574 euros brutos, apenas 32,5 mensuales por encima del SMI para ese año. Es decir, el salario mínimo no supone un suelo para trabajadores poco cualificados, sino que es la referencia de buena parte del mercado laboral.

Y no se trata de un fenómeno aislado. La AIReF también ha señalado que la subida del año 2019 redujo la creación de empleo entre 40.000 y 65.000 afiliados menos. En el caso de 2023, el efecto estimado fue algo mayor, entre 55.000 y 85.000 afiliados.

Fedea, por su parte, ha apuntado en un reciente estudio que este desplazamiento reduce los márgenes de competitividad de las empresas y, a largo plazo, erosiona la productividad. La patronal coincide en el diagnóstico: con un tejido dominado por microempresas, que representan el 94 % del total, los incrementos lineales de costes laborales se traducen en menor contratación y en un mayor riesgo de exclusión para los colectivos más vulnerables.