Ingreso Mínimo Vital: una herramienta de un gobierno ilegítimo

En enero de 2025, el Gobierno informó que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) alcanzaba a 674.000 hogares y un total de 2,05 millones de personas. Diez meses después, el mismo gobierno se congratula porque el IMV ahora llega a 773.300 hogares, en los que viven 2,4 millones de personas. En menos de un año, el número de beneficiarios creció 17 %.

El IMV fue una propuesta que el comunista Pablo Iglesias, entonces vicepresidente del Gobierno de España, impuso a Pedro Sánchez en tiempos de pandemia. Fue una de las tantas consecuencias empobrecedoras del pacto que Sánchez había jurado públicamente que no iba a concretar (porque, de pactar con Podemos, «no dormiría por las noches, como el 95 % de los ciudadanos de este país». En esa época todavía no añadía el «y ciudadanas»).

Recordar el origen de esa prestación es útil para reconocer fácilmente cuál es la intención que la anima: destruir, bajo una fachada de sensibilidad social, los incentivos al trabajo al mismo tiempo que se daña la salud de las cuentas públicas y crece el control estatal sobre la población. En pocas palabras, al igual que todas las propuestas de los camaradas Pablo Iglesias o Yolanda Díaz, el IMV está pensado para acercarnos a Venezuela y Cuba y alejarnos de Irlanda y Dinamarca.

Aunque de inspiración comunista, el sanchismo entendió enseguida que el IMV podía ser una fantástica herramienta electoral

Nos mintieron diciendo que el pago del IMV estaría vinculado con la búsqueda de empleo. Aunque se crearon más de 500.000 empleos en los últimos doce meses y el número de ocupados de octubre se situó prácticamente en un máximo histórico con más de 21,8 millones de personas, los beneficiarios del IMV siguen en aumento. Se puede constatar en cualquier bar: las empresas (que en España son pymes en un 99 %) no encuentran personal y muchos de los que responden a un anuncio de búsqueda de personal piden trabajar «en negro, para no perder la ayuda».

Nos mienten cuando justifican su dejadez para ordenar la oleada de inmigración ilegal diciendo que «vienen a pagarnos las pensiones»: con un año de residencia «legal» ya se puede cobrar el IMV.

Aunque de inspiración comunista, el sanchismo entendió enseguida que el IMV podía ser una fantástica herramienta electoral. A tal punto, que el lamentable exministro de Inclusión, José Luis Escrivá, puso un autobús a recorrer España para que la gente se apuntara para cobrar esta prestación. Servicio al 'amado líder' por el que Escrivá fue premiado con el cargo de gobernador del Banco de España.

A medida que se expande el IMV, una mayor proporción de la población depende de la dádiva estatal y tiene su voto condicionado. Extender el IMV es seguir debilitando la Seguridad Social, que con las cotizaciones sociales (que son las terceras más altas de Europa y que este gobierno incrementó) no tiene suficiente ni para pagar lo básico, que son las pensiones contributivas.

El déficit de la Seguridad Social es una parte de un problema más gordo: este 2025 es el 18º año consecutivo en que todos los intereses de la deuda pública se pagan con más deuda pública. Una conducta financiera suicida que llevaría a la ruina a cualquier familia o empresa.

Un IMV en expansión al mismo tiempo que la economía y el empleo crecen no es resultado de una gestión «sensible» ni «social»; es la expresión de un gobierno dispuesto a extender su permanencia en el poder a toda costa. Aunque no pueda aprobar una ley, aunque no sea capaz de superar una cuestión de confianza, aunque el presidente no pueda salir a la calle sin ser insultado. Aunque haya dejado de ser legítimo. La expansión del IMV es una herramienta de un gobierno ilegítimo que gobierna para sí y no por el bien común.

«Un gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo», dijo Abraham Lincoln. «Un gobierno mío, por mi grupo de obsecuentes, para mis intereses», dice cada día Pedro Sánchez.