La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a su salida de una sesión de control en el Congreso.
El legado de Yolanda Díaz en Trabajo: absentismo al alza, maquillaje estadístico y un SMI que ahoga a las empresas
El excesivo protagonismo de la ministra y sus conflictos con socios de Gobierno y empresarios han camuflado la efectividad real de sus medidas
El anuncio de Yolanda Díaz de que no será candidata en las próximas elecciones generales ha desatado una cascada de elogios desde las formaciones de izquierda. Incluso el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, la definió como «la mejor ministra de Trabajo de la historia de nuestro país». Sin embargo, tras seis años al frente del Ministerio, su excesivo protagonismo y sus reiterados choques con los empresarios y socios de Gobierno han camuflado la efectividad real de sus medidas.
Los efectos reales de sus políticas sobre la productividad, la empleabilidad y la sostenibilidad del empleo siguen siendo objeto de debate. La temporalidad se ha reducido, pero a costa de un aumento de fijos discontinuos; el SMI ha crecido, pero ha acumulado los salarios medios en los escalones más bajos; y varias de sus reformas estrella han acabado generando más inseguridad jurídica que mejoras en el mercado laboral.
Además, Díaz ha mantenido enfrentamientos recurrentes con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, así como con otros miembros del propio Ejecutivo. María Jesús Montero, Nadia Calviño y, más recientemente, Carlos Cuerpo han tenido desacuerdos con la titular de Trabajo en materias clave como la fiscalidad del SMI, el ritmo de las reformas o su impacto sobre las empresas.
El SMI: la gran bandera
El primer acuerdo de Díaz como ministra se firmó en enero de 2020, cuando el salario mínimo interprofesional (SMI) subió de 900 a 950 euros mensuales, un 5,5 % más que el año anterior. Sin embargo, la negociación estaba prácticamente encarrilada cuando sustituyó a Magdalena Valerio, por lo que el mérito político fue compartido.
Desde entonces, la ministra ha hecho del SMI su principal bandera y ya se sitúa en los 1.221 euros mensuales. Pero, a diferencia del primer acuerdo, Díaz no ha conseguido suscribir a los empresarios en los acuerdos, lo que ha provocado importantes enfrentamientos con el líder de la CEOE, Antonio Garamendi.
La negativa inicial de María Jesús Montero a elevar el mínimo exento de tributación del IRPF también generó una brecha dentro del propio Gobierno el pasado año.
Lo paradójico es que, gracias a estos incrementos, el SMI —que debería representar el salario de menor cualificación— se está convirtiendo en el más frecuente en algunos sectores, dado que el resto de sueldos no ha crecido al mismo ritmo. AIReF, Fedea e incluso el grupo de expertos que asesora al Gobierno han advertido de posibles efectos negativos sobre el empleo en determinados colectivos.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante el acto de la firma del acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026
Derogación del despido por bajas
El 18 de febrero de 2020, apenas mes y medio después de su llegada, Díaz anunció la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que permitía extinguir el contrato por absentismo aun existiendo justificación médica.
La ministra defendió que se trataba de una anomalía respecto a la normativa europea y citó la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. También lo presentó como el inicio del desmontaje de la reforma laboral de 2012. Sin embargo, el precepto databa de 1980; en 2012 únicamente se había eliminado la cláusula que exigía un absentismo colectivo del 5 % en la empresa.
Seis años después, los datos invitan al debate. El absentismo total –especialmente el vinculado a incapacidad temporal, que representa el 91 % del total– mantiene una tendencia al alza. Según Randstad Research, en el tercer trimestre de 2024 alcanzó el 6,6 % de las horas pactadas, con un 5,2 % correspondiente a IT por enfermedad común.
El Foro Regulación Inteligente cifra el incremento del absentismo en un 53 % en los últimos años, con un coste económico total que rozaría los 130.000 millones de euros. Cada día, 1,6 millones de trabajadores no acuden a su puesto.
El «escudo social» durante la pandemia
En marzo de 2020, con la pandemia recién declarada, el Gobierno activó los ERTE por fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP). Permitieron suspender contratos sin despedir, mientras el Estado asumía prestaciones y exoneraba cotizaciones. Fue la herramienta estrella del llamado «escudo social». Miles de empresas evitaron el cierre y millones de trabajadores conservaron el vínculo laboral.
Sin embargo, en 2025 el Tribunal de Cuentas alertó de deficiencias de gestión e indicios de incumplimiento en 279.000 expedientes que afectaron a 1,7 millones de trabajadores. La excepcionalidad del momento explica parte de esas irregularidades, pero el informe evidenció debilidades de control y seguimiento.
Yolanda Díaz, en una imagen de archivo.
Ley de teletrabajo
La ley de trabajo a distancia, aprobada inicialmente en 2020 y consolidada en 2021, pretendía situar a España «a la vanguardia» europea.
La norma ha sido criticada por su rigidez y riesgo de conflictividad laboral, además de un impacto muy limitado. Tras la pandemia, esta modalidad se ha ido reduciendo y actualmente apenas el 15 % de los trabajadores españoles teletrabaja, mientras cada vez más empresas están volviendo a la presencialidad total.
Ley rider
La ley aprobada en 2021 obligó a considerar asalariados a los repartidores de plataformas digitales y su aprobación provocó la marcha inmediata de Deliveroo del mercado español. El resto de compañías se han ido adaptando, no sin tener conflictos con el Ministerio.
Más allá del conflicto político, lo cierto es que la ley ha destruido empleo, ya que el sector no ha podido absorber a todos los autónomos. Los salarios también se han reducido y los costes laborales de las empresas de delivery han crecido.
Un estudio publicado por el Instituto de Economía Laboral (IZA) concluyó que «la reforma por sí sola reduce el empleo total en el sector de los repartidores en siete puntos porcentuales, mientras que los salarios medios por hora y las horas efectivas caen en un 3 % y un 2,5 %, respectivamente. Por lo tanto, concluimos que la reforma disminuye el bienestar de los repartidores en términos de unidades equivalentes de consumo».
La «contrarreforma» laboral
Aprobada a finales de 2021 y convalidada en febrero de 2022 gracias al voto por error del diputado popular Alberto Casero, se trata del gran pilar de la ministra.
Aunque su objetivo era revetir la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy en 2012, el hecho de que contara con el apoyo de la patronal daba pistas de que no se trataba del texto inicial que Díaz pretendía sacar adelante. Las críticas más duras, de hecho, procedieron de los sectores de la izquierda, que la consideraban insuficiente.
El objetivo principal era reducir la temporalidad, una exigencia de Bruselas. Y la tasa ha pasado del entorno del 25 % al 15 %. Pero el ajuste se ha apoyado en una figura de dudoso encaje: el fijo discontinuo.
El problema es que ni el propio Ministerio ofrece una cifra clara sobre cuántos fijos discontinuos están inactivos en este momento, a pesar de que, técnicamente, figura en las estadísticas como ocupados indefinidos.
Empleadas del hogar
En septiembre de 2022 se equipararon los derechos de las empleadas del hogar al resto de trabajadores. Sin embargo, el aumento de requisitos y obligaciones para los empleadores –desde controles reforzados hasta exigencias administrativas adicionales– ha coincidido con una caída de afiliados en este régimen.
Subsidio de desempleo
La reforma del subsidio de desempleo, salvada en junio de 2024 por apenas siete votos, evidenció la fractura entre Sumar y Podemos.
El problema de fondo, como advirtió Fedea, es que la medida no mejoraba la empleabilidad. Y parece que tenía razón: dos años después, el gasto ha aumentado, mientras que los indicadores de inserción laboral no han mostrado mejoras sustanciales.
Fracasos
Conforme el equilibrio parlamentario se ha vuelto más frágil, ha aumentado la dificultad de Díaz para sacar adelante algunas de sus medidas estrella. La reducción de la jornada a 37,5 horas, aprobada por el Consejo de Ministros en 2025 tras año y medio de negociación fallida con la patronal, fue finalmente tumbada en el Congreso con los votos de Junts.
Desde entonces, Díaz ha intentado sacar adelante el registro horario en represalia por el fracaso de la reducción de jornada, pero las diferencias con Economía han ralentizado su aprobación. Otras medidas pendientes, como el blindaje del despido, la ampliación del permiso por fallecimiento o el acceso de los sindicatos a los consejos de administración de las empresas tampoco parece que tengan muchos visos de prosperar.
