El Gobierno deja a 3.600 funcionarios en el limbo: «No puedo ni firmar una hipoteca»

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente al año 2026, y que cuenta con 37.017 plazas. Pero, mientras el Gobierno anuncia esto, todavía no se ha hecho el examen de la anterior convocatoria. Y hay 9.000 plazas de personal laboral que están pendientes de convocar, referidas a las ofertas de 2023, 2024 y 2025. A eso se le suma que hay casi 3.600 funcionarios en prácticas que se examinaron en 2024, y que todavía están esperando en casa que se les asigne destino, pero cobrando un sueldo público de 1.060 euros netos al mes.

Todo se remonta al 12 de mayo de 2025, cuando los opositores por turno libre a los cuerpos de Gestión de la Administración Civil del Estado (GACE) y de Gestión de Sistemas Informáticos (GSI) –los A2– conocieron que habían aprobado el examen de la convocatoria de 2024, que realizaron el 14 de diciembre de ese año. Las previsiones de la Administración General del Estado (AGE) estaban fijadas para que en octubre de 2025 ambos cuerpos realizaran el curso selectivo de formación y así poder contar con 3.593 nuevos funcionarios antes de que acabara el año. Pero el 5 de agosto, el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), organismo autónomo adscrito al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, sacó una nota informativa comunicando que retrasaban los cursos selectivos para 2026.

Días previos a la realización de dichos cursos, los opositores que habían aprobado fueron nombrados funcionarios en prácticas. Durante la formación, la mayoría de estos futuros funcionarios fueron dados de alta y empezaron a cobrar el salario base fijado para los cuerpos A2 del Estado que es de unos 1.060 euros netos al mes. Actualmente siguen sin destino y cobrando menos que el SMI por estar en casa sin trabajar.

Esta situación, además de suponer un impacto económico para la administración, también ha dejado en el «limbo» muchos opositores. Algunos como Carlos –nombre ficticio para preservar su identidad, igual que el de todos los afectados que salen en este reportaje– dejaron su trabajo hace años para centrarse en las oposiciones. Otros como Lidia renunciaron cuando empezó el curso porque se suponía que la entrada era «inminente». Y otros siguen en su puesto, pero no van a poder dar el preaviso que exige la ley, teniendo que renunciar a parte de la indemnización por dejar su puesto antes de tiempo.

«Si lo matriculo en mi ciudad actual me arriesgo a que en unos meses me den un destino a 500 kilómetros y pierda la plaza o tenga que pasar por un infierno burocrático de traslados. Si no lo matriculo, me quedo sin nada», cuenta Marta a El Debate.

A eso se le suma que su alquiler vence en menos de un año. A ella le gustaría comprar o buscar otro alquiler más estable para que su hijo tenga «un hogar donde crecer». El problema es que, al estar parada, no puede firmar una hipoteca ni un contrato de larga duración, ya que no sabe si su destino será Madrid, Sevilla o Barcelona. Mientras, los precios de la vivienda siguen subiendo. «Nos exigen estar disponibles para servir al Estado, pero el Estado no nos sirve a nosotros la información mínima para organizar nuestra vida», lamenta.

Laura, se encuentra en una situación similar. Ella se examinó embarazada de 32 semanas, y no se puede permitir llevar a su hija a la guardería. «No he podido pedir ninguna ayuda de guardería. La tengo que inscribir en una pública, porque el sueldo de la AGE es el más bajo, unos 30.000 euros, por lo que no me puedo permitir una privada. Eso sí, no puedo hacerlo porque no sé dónde me va a tocar trabajar», narra desesperada. «Hay situaciones muy violentas y no tenemos información ni tenemos nada», añade.

Muchos de los funcionarios se han dirigido por escritos y a través de llamadas telefónicas tanto a la Secretaría de Estado de Función Pública (SEFP), unidad encargada de ofertar los destinos, como a los sindicatos mayoritarios, pero siguen sin recibir las fechas de incorporación. La respuesta más habitual por parte de los sindicatos es que no disponen de información, mientras que la SEFP les remite a consultar periódicamente la web donde se publicará la oferta de destinos.

La indignación entre los futuros funcionarios crece aún más cuando ven que la jornada laboral se reduce a las 35 horas semanales, pero mientras se está ofreciendo en el SEPE y en la Seguridad Social hacer horas extras, remuneradas a 25 euros la hora, para resolver reclamaciones y para gestionar solicitudes, impulsadas, sobre todo, por la regularización masiva de inmigrantes que se ha aprobado recientemente.

Este caos afecta a la práctica totalidad de las oposiciones del Estado. En 2023 ya ocurrió algo similar, con los futuros funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal. Fuentes del sindicato CSIF aseguran a El Debate que «esto ocurre de manera habitual. Desde que aprueban pueden pasar hasta tres años sin conocer el destino final».

Lo definen como «vicios de la administración», y exigen reforzar los Recursos Humanos. «Los subdirectores generales de la administración no pueden ser políticos. Es una manera de garantizar la responsabilidad». Además, piden que se establezca por ley un límite de un año para resolver los procesos selectivos.