La desconfianza hacia el sistema de pensiones une a jóvenes y mayores

El problema de la sostenibilidad del sistema público de pensiones en España está provocando un curioso efecto en la sociedad. Lejos del conflicto intergeneracional, todos los grupos de edad comparten un elevado grado de desconfianza hacia el diseño del sistema actual y coinciden en señalar a las nuevas generaciones como las principales perjudicadas por los desequilibrios.

La Encuesta Funcas 2026 sobre Pensiones y Educación Financiera destaca que incluso quienes ya cobran una pensión de jubilación identifican mayoritariamente a los jóvenes como los grandes perjudicados. El 68 % de los españoles considera que el pago de las pensiones acabará convirtiéndose pronto en un problema importante para la economía. Entre quienes perciben ese riesgo, siete de cada diez creen que los jóvenes serán los principales afectados, frente a solo un 17 % que piensa que las consecuencias recaerán principalmente sobre los mayores.

La preocupación es especialmente elevada entre los menores de 45 años, donde alrededor de tres cuartas partes creen que el pago de las pensiones se convertirá pronto en un problema económico importante. Entre los mayores de 60 años, en cambio, la opinión está más dividida. Aun así, incluso entre quienes ya están jubilados predomina la idea de que serán las nuevas generaciones quienes soporten el mayor coste.

La desconfianza hacia las últimas reformas resulta igualmente amplia. Ocho de cada diez españoles que aún no se han jubilado (79 %) consideran que los cambios introducidos hasta ahora son insuficientes para garantizar el cobro de sus futuras pensiones. Esta percepción alcanza su punto máximo entre quienes hoy se encuentran en plena etapa de formación de un proyecto vital y familiar: el 90 % de las personas de entre 31 y 45 años cree que las reformas no bastan para asegurar la sostenibilidad del sistema.

Además, el 93 % de los encuestados no jubilados da por hecho que será necesario acometer nuevas reformas antes de que llegue su jubilación, una opinión que comparten incluso dos de cada tres mayores de 60 años que siguen en activo. Más que un desacuerdo entre generaciones, la encuesta refleja un amplio consenso sobre la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema.

La preocupación por el futuro de las pensiones se basa en la percepción de que las nuevas generaciones afrontan una situación económica más complicada que la de quienes ya están retirados. Solo uno de cada cuatro encuestados (25 %) considera que los trabajadores menores de 40 años disfrutan hoy de una posición económica mejor que la de los pensionistas, mientras que el 56 % sostiene justamente lo contrario. Esta visión es mayoritaria en todos los grupos de edad.

Sin embargo, la encuesta también muestra una situación paradójica. La mayoría de los españoles reconoce el problema, desconfía de las reformas aprobadas y asume que habrá nuevos cambios, pero rechaza las principales medidas que habitualmente se plantean para reforzar la sostenibilidad del sistema.

Más del 80 % se opone a elevar progresivamente la edad de jubilación hasta los 70 años, un rechazo que también comparten los propios jubilados, pese a que ya no se verían afectados por esa decisión. Además, siete de cada diez consideran que la edad legal actual, fijada en 67 años, ya es demasiado elevada, mientras que el 73 % rechaza ampliar los años mínimos de cotización exigidos para acceder a una pensión.

Medidas para aumentar los ingresos

Las medidas para aumentar los ingresos tampoco logran respaldo mayoritario. El 66 % rechaza introducir un impuesto específico para financiar las pensiones y el 54 % se opone a aumentar las cotizaciones sociales que pagan trabajadores y empresas. En definitiva, ninguna de las cuatro medidas concretas planteadas en la encuesta reúne suficiente apoyo social para presentarse como una opción de reforma con respaldo amplio.

Aun así, sí existe una aceptación mayoritaria a la hora de reforzar el carácter contributivo del sistema. El 58 % de los encuestados se inclina por un modelo en el que la cuantía de la pensión guarde una relación más estrecha con las cotizaciones realizadas durante la vida laboral, frente a un sistema más distributivo basado en garantizar una renta suficiente con independencia de la aportación individual.

Como señala la investigadora de Funcas y responsable del estudio, Elisa Chuliá, «el éxito de una reforma en este sentido solo podría residir en un diseño técnico acertado, que, además de mejorar la sostenibilidad financiera de las pensiones, se explique bien a los ciudadanos de todas las generaciones y genere así la confianza de que, cuando se jubilen, van a contar con prestaciones de la Seguridad Social justas y previsibles».