El Barómetro CYD: ¿qué piensa la sociedad española sobre nuestras universidades?

El martes 11 de julio el ministro de Universidades, Joan Subirats, presentó el Barómetro CYD: ¿qué piensa la sociedad española sobre nuestras universidades? En la página web de esta Fundación CYD pueden encontrar las principales conclusiones sobre la percepción social de las Universidades española, su alineación con el mercado laboral, su respuesta a desafíos sociales y su nivel de internacionalización, entre otros factores. He tenido la oportunidad, junto con el Catedrático Jorge Sainz colaborador habitual también de El Debate, y Marta Martínez (Profesora de la Universidad Autónoma de Madrid) de colaborar con la Fundación CYD en el análisis de este Barómetro, llevado a cabo por GAD3, como ya comenté hace unas semanas en esta misma columna.

En esta ocasión me voy a centrar en las necesidades observadas sobre la situación de la universidad en España. El gráfico adjunto muestra que la principal necesidad detectada por los españoles es que la universidad debe ser accesible económicamente para todos. Un 87 % de los entrevistados se muestra de acuerdo con este objetivo. Los entrevistados piensan que hay dificultades de acceso por las restricciones financieras, es decir, las relacionadas con las dificultades económicas. Por otro lado, los entrevistados también parecen estar de acuerdo con la existencia de demandas en relación con el acceso a la misma, tanto académicas (falta de conexión curricular con las demandas de la sociedad, nivel de exigencia bajo, dificultad de adopción de nuevas tecnologías), como con necesidades de información (especialización en algunas disciplinas, rendir cuentas sobre sus objetivos y contribución).

Analizando las respuestas de los individuos de mayor edad, el porcentaje de entrevistados que se considera de acuerdo con las necesidades de la universidad de ser más accesible económicamente, adaptarse a las cambiantes demandas de la sociedad y nuevas tecnologías, el aumento de su autonomía y rendición de cuentas o el aumento de la exigencia académica se incrementa notablemente con respecto al total de entrevistados. Por ejemplo, en el caso de la accesibilidad económica como barrera de acceso, los entrevistados de 65 o más años que creen que es una dificultad asciende al 92 %. Un 88 % considera importante la falta de adaptación entre la oferta formativa y las demandas de la sociedad (frente al 83 % del total). En el caso de requerir mayor especialización, un 84 % se considera de acuerdo (frente al 78% del total de la muestra). Por último, sobre el nivel de exigencia, un 69 % considera importante que se incremente. Por niveles de estudio, se muestra en general una relación clara entre mayor nivel de estudios y un acuerdo algo mayor con estas barreras de acceso a la universidad.

En la literatura económica se ha documentado de manera frecuente la relación entre dificultades económicas y el acceso a la universidad. Un ejemplo es el trabajo de Hoxby y Turner. En general, estos artículos mencionan que la ayuda financiera no transparente y las políticas de admisión son las principales barreras para el acceso a la universidad y la persistencia en la misma, especialmente para los individuos de un entorno socioeconómico más desfavorable. En la misma línea, Page y Scott-Clayton clasifican las barreras de acceso a la universidad en tres grupos: restricciones financieras, restricciones de comportamiento o de información, restricciones académicas. Más recientemente, Montalbán ha publicado un artículo en la prestigiosa Economic Journal analizando la reforma en el programa de becas universitarias en España. Este autor llega a la conclusión de que las becas con requisitos académicos más exigentes tienen un fuerte impacto positivo en el rendimiento de los estudiantes y en la probabilidad de finalización del título universitario.

El hecho de que una mayoría del 87 % la sociedad española entienda que la universidad debería ser accesible económicamente para todos coincide con el análisis del profesor García-Montalvo que analiza los efectos del aumento en un 66,6 % en los precios de matrícula de las universidades públicas catalanas para los alumnos de mayor nivel socioeconómico en el año académico 2012-2013. García-Montalvo (2020) muestra que este aumento de precios públicos fue progresivo, es decir, hubo un subsidio diferencial en función de los ingresos familiares. En primer término, su estudio no encuentra que el aumento del precio de las matrículas de las universidades públicas catalanas aumentara la tasa de abandono de los estudiantes universitarios de nivel socioeconómico bajo. García-Montalvo (2020) muestra también los resultados de una encuesta representativa entre los estudiantes de universidades públicas catalanas sobre su percepción del nivel de los precios realizada en 2017. Un 36,6 % de los estudiantes universitarios catalanes tienen la percepción de que el precio de la matrícula es muy alto, mientras el 41,5 % indican que es alta. No obstante, sólo un 21,9 % de los encuestados aciertan que el precio de la matrícula cubre menos del 25 por 100 del coste. Lo más importante de esta encuesta es que el 80,9 % de los estudiantes encuestados se muestran bastante o totalmente de acuerdo con que el precio de la matrícula debe ser diferente en función de la renta. De hecho, García-Montalvo (2020) muestra que un 81,2 % de los encuestados creen que la exención completa de matrícula no debería producirse por encima de los 30.000 euros de renta para familias de cuatro miembros, cuando esa exención es en realidad algo más elevada (hasta 38.831 euros).