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29 de marzo de 2024

Fotografía del empresario Bartolomé Cursach a su llegada a los Juzgados de Palma en 2018

Fotografía del empresario Bartolomé Cursach a su llegada a los Juzgados de Palma en 2018EFE

Tribunales 

Caso Cursach: dos causas paralelas y un macrojuicio pendiente de señalar

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca trabaja contrarreloj para encontrar un emplazamiento en el que poder celebrar un juicio que, por el número de implicados, ha puesto en jaque a la Justicia balear

La Fiscalía solicita para el llamado 'capo de Magaluf', Bartolomé Cursach, una condena de ocho años y medio de prisión por los delitos de pertenencia a  organización criminal, prevaricación administrativa, extorsión, cohecho activo, amenazas y coacciones, corrupción de menores, narcotráfico e incluso un presunto homicidio, a los que hay que sumar la petición de una severa sanción económica y varios años de inhabilitación. Una colección de delitos que acabaron con su detención y su ingreso en prisión provisional sin fianza el 3 de marzo de 2017. El magnate mallorquín que pasó de recogepelotas de tenis a encabezar uno de los mayores holding empresariales de Baleares (discotecas, hoteles, gimnasios e incluso una aerolínea ya desaparecida incluidos), su hombre de confianza, Bartolomé Sbert, y otros 22 acusados, en su mayoría policías locales de Palma continúan a la espera de que la Audiencia Provincial de Mallorca ponga fecha al juicio en el que se enfrentan a penas de cárcel que superan los 100 años.
Dos causas paralelas a la espera. La primera en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), donde no se ha cerrado todavía la instrucción, que indaga sobre las presuntas irregularidades cometidas por el juez instructor de la pieza principal, Manuel Penalva, dos inspectores, un subinspector y un agente del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional, durante las pesquisas de la causa principal contra Cursach. Y esta segunda que sigue a la espera de juicio en la Audiencia Provincial de Palma
Fuentes judiciales han confirmado a El Debate que el órgano judicial trabaja contrarreloj para fijar la fecha de apertura de la vista oral del macro procedimiento pendiente contra el que fuera el rey de la noche mallorquina y sus más directos colaboradores, y encontrar una sede donde poder celebrar todas las sesiones. 
Tanto el empresario Cursach, como Sbert, su mano derecha y la veintena de acusados esperan avances en su citación judicial mientras se resuelve la investigación contra quienes les investigaron a ellos. Hasta tal punto se ha complicado la cuestión que los seis magistrados que conforman la sala encargada de juzgar la causa trataron, sin éxito, de abstenerse en bloque para apartarse de la misma. 
Los jueces a la fuga alegaron que su implicación en la compleja instrucción del caso Cursach, dando respuesta a más de un centenar y medio de recursos en su haber, comprometía su imparcialidad a la hora de juzgar el procedimiento. Pero la maniobra fue rechazada de plano tanto por el presidente de la Audiencia Provincial, Diego Gómez Reino, como por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que inadmitió un recurso planteado por dos de las magistradas por esa cuestión. 

Coacción a testigos y detención ilegal

Mientras la Audiencia avanza en el camino hacia el señalamiento de una macrocausa que ha puesto en apuros a la Justicia balear, el presidente del TSJIB, Carlos Gómez, se mantiene expectante sobre si el cierre provisional de las investigaciones que pesan sobre el juez instructor del caso Cursach, Manuel Penalva, y otros cuatro agentes de la Policía Nacional que participaron en las pesquisas, decretado en abril de este año, es reabierto por la Sala de lo Penal. Así como las que pesaban sobre el exfiscal de la causa, Miguel Ángel Subirán por, presuntamente, coaccionar a testigos para que declarasen en sentido incriminatorio contra varios de los policías implicados en el proceso principal y el propio magnate. También por autorizar la práctica de supuestas detenciones ilegales o prolongar innecesariamente la prisión de algunos investigados. 
Como ya sucedió en una ocasión anterior, en diciembre de 2020, el presidente del tribunal dio por concluidas las  indagaciones y rechazó la viabilidad de las acusaciones más graves sobre Penalva, Subirán y los cuatro policías pero tuvo que enfrentarse a la corrección de la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB y reabrir el proceso para solicitar nuevas averiguaciones. En el mes de abril, volvía a cerrar las actuaciones y las archivaba de forma temporal para el exfiscal apoyado en un informe forense que recogía una importante incapacidad médica para Subirán.
Según Gómez, Penalva y los agentes cometieron el error de filtrar a la prensa información declarada secreta del caso o no hacer nada para impedirlo. Para la Fiscalía Anticorrupción y para una buena parte, la mayoría, de las acusaciones particulares personadas en la causa, se trató de un comportamiento negligente por el que todos ellos deberían enfrentarse a consecuencias penales ante la Justicia.  
Ahora, la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB se encuentra pendiente de resolver de nuevo las impugnaciones de Anticorrupción, con los fiscales Tomás Herranz y Fernando Bermejo al frente, y del resto de acusaciones contra las resoluciones del juez Gómez y su cierre «en falso» de la causa contra Penalva y Subirán. Ambos representantes del Ministerio Público madrileño quieren que su compañero Subirán sea juzgado dado que no encuentran motivos para eximirlo de un juicio y quieren ampliar la acusación contra el exfiscal y Penalva. Sin embargo, la reciente jubilación de Penalva, aprobada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
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