07 de octubre de 2022

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de MadridEFE

«Nula repercusión judicial»

Anticorrupción se opone a que la Fiscalía Europea investigue los contratos del hermano de Ayuso

El fiscal jefe Alejandro Luzón ha rechazado que el Ministerio Público de la UE entre en cuestiones que afectan a Administraciones y funcionarios españoles. La fiscal general, Dolores Delgado, resolverá el lunes el conflicto de competencias

La Fiscalía Europea ha reclamado a Anticorrupción que le remita el total de la investigación abierta para determinar si, como denunció la oposición madrileña, hubo irregularidades punibles en la adjudicación de un contrato a la empresa Priviet Sportive SL, por la venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid, para la que el hermano de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, hizo gestiones de intermediación. Fuentes fiscales han confirmado a El Debate que el jefe del Departamento, Alejandro Luzón, se ha opuesto por escrito al traslado íntegro del expediente al entender que, con independencia de lo «endeble» de los «indicios» que pueda tener la Fiscalía Europa, «no hay base» para apelar al presunto delito de fraude a los intereses financieros de la Unión Europea que ha alegado la fiscal comunitaria en España, Concepción Sabadell, para justificar su petición.

El Servicio Nacional de Cooperación Antifraude, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, informó a la Fiscalía Europea de la investigación

Tal es así que, fuentes próximas a la Fiscalía han apuntado a El Debate cómo las diligencias preprocesales que dirige Luzón apuntan, hasta el momento, en un sentido «contrario a la malversación». No en vano, con independencia de si el origen del dinero público fue coméstico o comunitario, es «innegable» que el millón y medio de euros al que ascendió el contrato de Priviet Sportive SL fue «destinado a la compra de mascarillas», coincidiendo por lo tanto con el objeto del contrato otorgado.
Por ello, a juicio del fiscal jefe Anticorrupción, no hay espacio para que la Fiscalía Europea entre en el conocimiento de unos hechos que, en todo caso, lo serían de corrupción y asimilables a delitos como el tráfico de influencias, la prevaricación o las negociaciones prohibidas a funcionarios. Si como resultado de las pesquisas que mantiene abiertas Luzón se diese por válida la existencia de alguno de ellos, o similar, habrían sido perpetrados por parte de una Administración española -en el marco de sus «estándares prestacionales» de servicios públicos- y por empleados adscritos a ella. La competencia es, exclusiva, de la Fiscalía española.
La oposición de Luzón frente a la reclamación de Sabadell -a la que, sin embargo, no puede impedir entrar a conocer de los hechos en la parte que, presuntamente, afecte al pago correspondiente con cargo a dichos fondos europeos, para la lucha contra el COVID-19- ha suscitado un conflicto de competencias que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tendrá que resolver el próximo lunes tras reunir, de urgencia a la Junta de Fiscales de Sala.

«Una acción con nula repercusión judicial»

Al hilo de la reclamación de la Fiscalía Europea sobre el contrato del hermano mayor de Isabel Díaz Ayuso, Tomás, que investiga la Fiscalía Anticorrupción en España, desde la Comunidad de Madrid han señalado que «es una acción con nula repercusión judicial» y que «no cuestiona la legalidad del contrato». Tal es así que la adjudicación «goza del respaldo de la Cámara de Cuentas».
Fuentes próximas al ente autonómico que lidera Díaz Ayuso, consultadas por El Debate, consideran que la decisión puede deberse a que las investigaciones que ha abierto la Fiscalía española se dirigen a «un rápido archivo de todo el asunto», y que, por tanto, con este movimiento se estaría tratando de «alargar el asunto en los medios de comunicación».
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