Don Juan Carlos I
Fiscalía
El carpetazo definitivo de Anticorrupción sobre Juan Carlos I: crónica de cinco investigaciones cerradas
La Fiscalía ha archivado la última de las líneas que vinculaban al padre del Rey Felipe VI con presuntas irregularidades en la obtención de su fortuna: las comisiones del AVE a La Meca
Para quienes esperaban que las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción sobre la fortuna de Don Juan Carlos sirviesen como acicate contra la Monarquía, el fracaso se consumaba el pasado mes de marzo. El decreto de cierre de la última de las dos últimas líneas de investigación que el Ministerio Público seguía contra el exmonarca desde 2018 –el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación del AVE de La Meca a empresas españolas, de manos de la monarquía saudita– ponía la guinda a un pastel amargo para sus detractores. Tras el archivo en firme de la instrucción de una segunda derivada de esta última causa prejudicial de las 'mordidas' de la Alta Velocidad, vinculadas a los concesionarios de las obras, Juan Carlos I acumula un total de cinco victorias.
Las tres primeras causas prejudiciales abiertas por el Departamento que lidera Dolores Delgado se centraron en los vínculos del que fuera Jefe del Estado español con un trust en el paraíso fiscal de Jersey del que no pudo acreditarse que fuese beneficiario; la presunta comisión de la monarquía saudí por sus labores de mediación para adjudicar las obras del AVE de la Meca, a empresas españolas; y, el presunto uso de tarjetas de crédito opacas, con cargo a cuentas bancarias de terceros.
«No existe indicio alguno» –escribió textualmente el fiscal jefe Alejandro Luzón en uno de los dos decretos que han puesto punto y final a las sospechas sobre el padre del Rey Felipe VI– «que permitan dirigir reproche penal contra S.M.D. Juan Carlos de Borbón y Borbón». «Procede acordar el archivo de las diligencias de investigación», sentenció, dando un triple carpetazo tras innumerables comisiones rogatorias.
La inviolabilidad del exmonarca español, durante el tiempo en el que ostentaba esa condición; la prescripción de varios de los presuntos delitos que habría cometido, una vez fuera del paraguas del privilegio real, desde 2014; y, por último, el pago voluntario de dos cantidades regularizadas con el fisco español, por su patrimonio en el exterior, antes de que la propia Agencia Tributaria se dirigiese oficialmente a él para reclamarlas –disipando la sombra del delito fiscal– fueron los argumentos clave de la Fiscalía especial Anticorrupción para exonerarle.
El Ave a La Meca
El año 2018 representa el arranque del periplo prejudicial de Don Juan Carlos. Las declaraciones del excomisario José Manuel Villarejo ante el magistrado de la Audiencia Nacional Diego de Egea –al hilo de las grabaciones de una conversación mantenida en 2015 en Londres con Corinna Larsen– ponían a la Fiscalía sobre la pista que aseguraba que Don Juan Carlos tenía cuentas en Suiza con fondos procedentes de comisiones irregulares por sus gestiones con la monarquía de Arabia Saudí en la adjudicación del AVE a La Meca a un grupo de empresas español.
La Fiscalía no vio delito alguno en los hechos revelados por Corinna salvo una posible corrupción, sin recorrido, en la contratación de la Alta Velocidad. No en vano, en el momento de la adjudicación, en 2011, Juan Carlos I era inviolable.
Suiza
En 2019, la Fiscalía suiza pidió a la Audiencia Nacional los audios entre el excomisario José Manuel Villarejo y la amiga personal de Don Juan Carlos Corinna Larsen -obrantes en el marco de una de las piezas separadas de la macrocausa Tándem- para incorporarlos a la investigación abierta a varios presuntos testaferros de cuentas bancarias abiertas en el país helvético a nombre de la fundación Lucum, radicada en Panamá, y en donde supuestamente se habían ingresado los 100 millones de dólares que Arabia Saudí donó al exmonarca.
El pasado mes de diciembre de 2021, la Fiscalía del Tribunal Supremo recibía la información bancaria correspondiente a esta última comisión rogatoria de Suiza. Un dossier que se esperaba en el seno del Ministerio Público español para justificar el cierre de parte de las investigaciones que, por aquel entonces, todavía pesaban sobre él.
La Fiscalía de Ginebra, con Yves Bertossa al frente, finiquitaba las diligencias por blanqueo de capitales que apuntaba a Corinna Larsen, a partir de la donación de 65 millones de euros que Don Juan Carlos hizo a su amiga y que, a su vez, eran una porción de lo que supuestamente él había recibido de la monarquía Saudí. Pese a que las pesquisas en Suiza se dirigían de manera directa contra Larsen y los gestores de sus finanzas, Arturo Fasana y Dante Canónica, el monarca español se encontraba vinculado a ellas de manera colateral.
Las comisiones saudíes
«No se ha podido determinar la posible comisión del ilícito penal para cuya determinación fueron incoadas», reza el documento final de la Fiscalía que concluye las averiguaciones sobre el presunto pago de comisiones para la construcción del AVE a La Meca por parte de un consorcio de empresas español. Aunque Juan Carlos I ya había quedado liberado de dichas sospechas, en Anticorrupción aún quedaban algunos flecos pendientes sobre el resto de empresarios que, presuntamente, habían intervenido en dicha operación.
Este mismo jueves concluían –en firme– las diligencias previas, abiertas en el año 2018, al hilo de las supuestas irregularidades en los negocios con el régimen saudí, para la multimillonaria licitación. Un archivo en el que era determinante la respuesta de Arabia Saudí, a la comisión rogatoria internacional dirigida por el fiscal del caso, Luis Pastor, a las autoridades de Riad. En el escrito recibido de la monarquía saudita no se apreciaba la existencia de delito alguno en las obras del tren de Alta Velocidad Española (AVE) a La Meca. Sin embargo, en el mismo texto, se denegaba a España el acceso a los datos bancarios reclamados.
Los paraísos fiscales
Bajo la lupa una supuesta cuenta bancaria con fondos de más de 10 millones de euros a nombre de Don Juan Carlos, localizados en el paraíso fiscal de Jersey, una pequeña isla ubicada en el Canal de la Mancha. The JRM 2004 Trust se constituyó con fondos procedentes de la liquidación de otros dos trust anteriores: Tartessus (fechado en 1995) y Hereu (de 1997) «de los que fue beneficiario el entonces Rey de España» quien, hasta su abdicación en 2014, gozaba de la inviolabilidad inherente a su cargo recogida en la Constitución.
A partir entonces «las disposiciones de JRM 2004 Trust lo han sido en unas cuantías que en ningún caso alcanzarían la cuota correspondiente a un delito contra la Hacienda Pública, aún cuando tales fondos hubieran sido entregados eventualmente a un contribuyente español, algo de lo que no existe constancia alguna». Motivo por el que, en febrero de este mismo año, se disipaban las sospechas al respecto en el expediente de averiguaciones del Ministerio Fiscal sobre el asunto.
Ni rastro de indicios «que permitan dirigir reproche penal contra S.M.D. Juan Carlos de Borbón y Borbón», rezaba el borrador del decreto de archivo de Anticorrupción. El equipo de fiscales encargados de la investigación del patrimonio del padre del Rey, con Alejandro Luzón en cabeza, apuntaba que por lo tanto «procede acordar el archivo de las diligencias» 44/2020 abiertas sobre la materia.
Regularizaciones tributarias
Acorralado por la polémica y repudiado por su propio hijo, el Rey Felipe VI –quien en 2020 renunciaba a la herencia de su padre– Don Juan Carlos comunica su intención de abandonar España, en agosto de ese mismo año. Una decisión unilateral que el exmonarca aseguró tomar «con profundo sentimiento, pero con gran serenidad».
Estando ya fuera de nuestro país, la Fiscalía del Tribunal Supremo abría una segunda pata en la instrucción de las irregularidades el exmonarca sobre el supuesto dinero que éste poseía depositado en la isla de Jersey. El 6 de diciembre de 2020, Don Juan Carlos presentaba una primera declaración tributaria, con carácter voluntario, con la que saldaba una deuda de 678.393,72 euros a favor del fisco español.
No será hasta febrero de 2021 cuando Don Juan Carlos cumplimente la segunda, y última, regularización fiscal, en esta ocasión, por importe de 4,3 millones de euros, actualizados en la AET por el pago en especie de viajes y servicios –entre ellos, vuelos en jets privados– recibidos, entre los años 2007 y 2018, por parte de la Fundación Zagatka. Un gesto con el que el exjefe del Estado finiquitaba sus cuentas pendientes con el erario público y evitaba, motu proprio, las sanciones que en caso contrario habrían podido dirigirse contra él.
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